Seis imputados fueron absueltos por el Juez José Colabelli de Esquel, entre los que se encuentra Raúl Mac Burney ex titular del IAC durante la gestión de Das Neves; en la causa se investigaban conductas que cuadrarían en figuras penales, tales como defraudación cometida contra la administración pública provincial, en función de administración fraudulenta en grado de tentativa, falsedad ideológica de instrumento público y violación de los deberes de funcionario público.
Colabelli entendió que se trataría de cuestiones que deben resolverse en sede administrativa y en consecuencia, dictó el sobreseimiento de todos los imputados. La fiscalía analiza la presentación de un recurso para que el Superior Tribunal de Justicia analice lo resuelto.

Críticas de los fiscales

La principal crítica de los fiscales es que el juez habría fundamentado su decisión valorando la prueba, en una instancia donde la prueba aun no fue producida porque esto recién sucede en el debate y ante un juez diferente del de la etapa preliminar. El Ministerio Público Fiscal apelaría la medida adoptada por Colabelli.
“No he advertido que el MPF haya contestado de forma acertada a los puntos que fueran objetados en la audiencia del 28 de noviembre”, sostuvo el juez en relación al pedido de sobreseimiento llevado a cabo por los abogados defensores de los imputados.

Administración fraudulenta

La fiscalía acusó a dos funcionarios del IAC como coautores del delito de administración fraudulenta en grado de tentativa, en concurso ideal con falsedad ideológica de instrumento público en concurso ideal con violación de los deberes de funcionario público. A otros dos imputados se los acusó de partícipes necesarios en el primero de los delitos, en tanto que a los demás imputados les achaca el mismo delito en carácter de partícipes necesarios, imputándoles además falsedad ideológica de instrumento público, uno en relación al plano, otro a la escritura.

En Cholila

Los hechos en cuestión habrían ocurrido en el distrito Cholila en fecha ubicable entre el 2 de mayo de 2008 y hasta el 5 de enero de 2011. Un agrimensor, a instancias de otro de los imputados y con colaboración de este, procedió a efectuar trabajos de campo para mensurar un predio de tierra fiscal en una zona próxima a la confluencia del Río Tigre y Río Alerzal, de acuerdo a una autorización de mensura del IAC, extendiéndose 288 hectáreas más allá de lo autorizado y avanzando sobre otra ocupación también reconocida por el Instituto provincial.

Maniobra defraudatoria

El fiscal Martín Zacchino sostiene que con esto tuvo inicio de ejecución la maniobra defraudatoria, a partir de lo que el entonces Secretario General y el presidente del IAC, favorecieran con su intervención y firma el dictado de la resolución Nº 46/IAC del 8 de febrero de 2010 en el expediente administrativo nº 17.826/82 y acumulado 34.429/09. En ella se autorizaba al permisionario a vender, ceder y transferir a favor de otra de las personas imputadas en esta investigación. Esta última sería un prestanombre del verdadero inversor que no reunía los requisitos exigidos por el IAC para acceder a esta operación.
El fiscal sostiene que no se aplicó la normativa específica de tierras fiscales y que sabían que la mensuración realizada vulneraba derechos de una ocupación lindera, pese a lo cual comprometieron el patrimonio provincial (las tierras fiscales) cuya administración tenían a cargo los funcionarios.
En esta línea Zacchino sostiene que el perjuicio patrimonial quedó en grado de tentativa ya que el 5 de enero de 2011, a instancias del Ministerio Público Fiscal y en base a la denuncia presentada en el mes de diciembre de 2010 se procedió a la incautación de los expedientes por lo que no pudo continuarse con el trámite.