La Legislatura aprobó en la sesión del pasado martes un pedido de informes impulsado por el bloque de diputados de la UCR y dirigido al ministro Coordinador de Gabinete en el marco de la Ley VII-62 y su Decreto Reglamentario, para que detalle los montos percibidos en concepto de multas y otras penalidades aplicadas a las Empresas de Telefonía e Internet, y los apercibimientos realizados.
Además en el pedido aprobado se requiere el desarrollo de las inversiones realizadas anualmente en los últimos 5 años en la Provincia por las Empresas de Telefonía e Internet, y la cantidad de clientes, asociados, abonados, usuarios o cualquier otra denominación que implique relación comercial, anualmente en los últimos 5 años, en Telefonía e Internet en cada una de las localidades de la Provincia.
También se pide en el informe el detalle de la cantidad de Oficinas de atención al Público dentro de la Provincia, como así también equipos apropiados para la reparación de los reclamos, así como la
formulación de Planes generales de Educación para el consumidor y su difusión pública.
Al fundamentar el pedido, el presidente del bloque radical, Roberto Risso, dijo que este tema “nos introduce en un debate que se debe dar en la provincia respecto a derechos y potestades del estado en la defensa de usuarios y consumidores”.
Indicó que “los servicios de telefonía fija, celular e internet todos sabemos que dependen de las concesiones y contratos que firma el gobierno nacional con las empresas prestatarias. Incluso hay un modelo que viene del menemismo que impide la competencia, al dividir el país entre Telefónica y Telecom”.

Madryn en emergencia

Y en ese sentido, planteó que “está pendiente el debate si este tipo de servicios son servicios públicos o no”, pero también “está en esto la potestad del estado chubutense, que tiene facultades originarias y está latente el debate de defender nuestras propias potestades, como declarar a la telefonía como servicio público en la provincia”.
Según indicó el legislador “estamos ante la posibilidad de debatir el derecho del estado de fijar las reglas y los requisitos de la prestación de estos servicios. No puede ser que una localidad como Puerto Madryn haya declarado la emergencia comunicacional. No puede ser que haya sectores de las ciudades con buena señal de internet y otros sectores no, sólo porque le conviene económicamente a la empresa”.
Explicó Risso que las empresas de telefonía “invierten donde hay mayor cantidad de usuarios, como en el centro, y no lo hace en los barrios, porque le conviene económicamente”. Y agregó “ni hablemos de los celulares que funcionan bien en el centro y mal en los barrios. Y esto pasa en todos lados”.

Sin inversión

Remarcó el diputado radical que “aquí en Chubut, la única obligación que dispone la ley es tener una oficina en territorio provincial. Las oficinas de los municipios no pueden controlar el nivel de inversión, no pueden controlar el nivel de inversión”, mientras “a las telefónicas sólo les interesa vender contratos, pero no invierten a medida que aumentan los usuarios, por eso colapsa el servicio”.
Concluyó Risso que “por eso pedimos al gobierno estos datos y estamos elaborando un proyecto de reforma a la ley para incorporar todas estas obligaciones”. Y afirmó “la calidad y la prestación del servicio en la provincia no la van a resolver el gobierno nacional o la provincia de Buenos Aires o la sede donde se firme el contrato, porque estas empresas se manejan en Buenos aires. Por eso creo que hay llegado el momento por el cansancio de la gente”.

Gobierno de Chubut