El jueves 15 de mayo a las 10 de la mañana, la Legislatura de Chubut sesionará en carácter especial, fuera de la agenda de sesiones ordinarias programadas, para tratar como único punto del orden del día: los proyectos de ley para la expropiación de los bienes de la pesquera madrynense Alpesca.
Los hechos se precipitaron luego que durante la semana, un nutrido grupo de trabajadores de la malograda empresa se movilizaran a Rawson y consiguieran apurar los plazos, y lograron el compromiso de los legisladores para que le pusieran fecha y hora al tratamiento de los polémicos proyectos.
Lo cierto es que desde el punto de vista político no hay consenso para avanzar en tales iniciativas, principalmente por las millonarias demandas a la que se dejará expuesto al estado provincial, y por otro lado, la expropiación no garantiza en absoluto que la pesquera pueda ser reabierta en el corto plazo y sea “rentable” lo que le dé previsibilidad a largo plazo.
Otro dato demoledor de la realidad, es que no existe ningún plan de negocios concreto para el “día después” de la expropiación, es decir, si el 15 de mayo se aprueba la ley de declaración de utilidad de los bienes sujetos a expropiación, a posteriori se seguirá improvisando como se vino haciendo hasta ahora con resultados a la vista.
Solo alcanza con plantearse algunos interrogantes: Una vez que el Estado se apropie de los bienes de producción, ¿a quién se los entregará para que los ponga en marcha?. ¿Qué privado invertirá en la millonaria reparación que requieren los barcos para que estén en condiciones de salir a navegar? o será nuevamente el Estado el que deba salir a destinar dineros de los chubutenses para recomponer o poner en condiciones bienes que luego usufructuará una nueva sociedad anónima?

Última esperanza

Las mil familias que laboralmente dependían de Alpesca se aferran a que alguna alternativa prospere y como es lógico suponer, esperan que la intervención del Estado sirva para la preservación de su fuente laboral. En la Cámara de Diputados tiene estado parlamentario un proyecto modificado al que había girado el gobierno y se le explicó a los trabajadores que se pretende expropiar además de la unidad productiva de la pesquera, esto compuesto por los barcos y la planta de procesamiento, los permisos de pesca y las cuotas individuales transferibles de captura.
De los siete barcos que se planean confiscarle a la empresa privada, cuatro son fresqueros de altura y no tienen permisos de pesca de Chubut porque no pescan dentro de las 12 millas de jurisdicción provincial, sino que cuentan con licencias de pesca nacionales y poseen CITC otorgadas en el marco de la Ley 24.922 en base al proceso de cuotificación implementado por el “Régimen Federal de Pesca”.
Esas autorizaciones de pesca, denominadas cuotas individuales transferibles de captura de la especie merluza hubbsi, no son bienes que sean propiedad de la sociedad anónima Alpesca, sino que son concesiones estatales temporales otorgadas por 15 años a una determinada compañía, y los mecanismos de transferencia están acabadamente estipulados en el sistema de cuotificación, los cuales requieres además de la aprobación del Consejo Federal Pesquero.
Va de suyo, que una ley provincial de expropiación bajo ningún concepto podrá subyugar al Régimen Federal de Pesca y someter a una ley nacional como la 24.922 porque se contrapone con los básicos preceptos de juridicidad y ámbitos de competencia. Debe quedar claro que una ley sancionada por la Legislatura de Chubut no puede disponer sobre actos administrativos y concesiones otorgadas por el Estado Nacional.

Verdades a medias

En esa misma línea se ubican los permisos de pesca nacionales que tienen los siete barcos que el Gobierno de Chubut pretende sacarle a Alpesca para luego entregárselo a otro privado, previo paro de un millonario resarcimiento con recursos estatales a quienes demuestren ser los accionistas de la pesquera. Una norma provincial de ninguna manera podrá decidir sobre el destino, uso o transferencia de una licencia de pesca cedida por la autoridad pesquera nacional.
Si todo esto ya configura un desatino jurídico, el proyecto que ayer ingresó y fue girado a comisiones, en el parlamento chubutense, avanza también sobre el Código Civil y la Ley de Concursos y Quiebras 24.522. En el articulado de la iniciativa se estipula que tras la expropiación de los bienes el Comité de Administración que desde el mes de febrero tienen en custodia los bienes de Alpesca, producto de un decreto del Poder Ejecutivo de Chubut, tendrá en adelante la tarea de llevar a cabo una suerte de “convocatoria de acreedores” y decidiría arbitrariamente quiénes cobran y quiénes no, sin tener en cuenta que hay un Juez de Ejecución que actualmente tramita un expediente de quiebra de la compañía.
O los legisladores que estamparon la firma en ese proyecto son desconocedores de las mínimas reglas del ordenamiento jurídico o actúan con hipocresía a sabiendas de la inviabilidad en términos prácticos de implementar esos requisitos, lo que haría suponer que se trata de actos demagógicos para conformar los planteos de los trabajadores, pero se les oculta que la posibilidad real que ese proyecto de ley tenga sustento, es remota.

Con aval sindical

“El Poder Ejecutivo Provincial presentó un proyecto de Ley que tiene por objeto la expropiación de bienes inmuebles, buque, permisos y cuotas de pesca de las empresas Alpesca SA y AP Holding a los efectos de continuar con su producción y que los más de mil trabajadores de la firma mantengan su fuente de ingresos a través de su esfuerzo y capacidad. Como aporte a ese proyecto del Poder Ejecutivo es que los trabajadores de la empresa representados por las organizaciones sindicales que los nuclea y basándose en ese proyecto proponen el presente, ampliando su articulado a los efectos de garantizar el funcionamiento de la planta elaboradora manteniéndola con un margen cierto de producción y sobre todo proteger su fuente de trabajo”, expresó el legislador.

Fallida experiencia

Una experiencia de similares características se intentó aplicar allí muy cerca de Chubut, en la vecina provincia de Santa Cruz, al pretenderse expropiar la empresa Vieira, y el resultado ha sido bochornoso. Todos los barcos están paralizados sin pescar. Todos los trabajadores de Vieira están en la calle y sin cobrar, dependiendo de subsidios estatales para subsistir.
Son tan similares los casos, que Vieira tiene un proceso de concurso de acreedores en trámite, lo que llevó a que un magistrado ordenara la inhibición general de bienes y desestimará de plano una ‘ley provincial’ de expropiación y todo el esquema planteado quedara en suspenso. En Puerto Madryn actualmente están en pleno proceso de trámite judicial un pedido de quiebra de Alpesca, y el avance para quitarle los bienes a esa empresa provocará un acto lesivo para los intereses de los acreedores, lo cual podría llevar inexorablemente a que el juez interviniente adopte una inhibición de los activos, aplicando una medida suspensiva ya que una ley de la Legislatura Provincial es una norma de rango inferior a la legislación nacional.
La pregunta se impone: ¿Chubut cometerá el mismo error que Santa Cruz? Solo el tiempo será testigo de una historia con final abierto.