En la mañana del viernes en el tercer piso del edificio de Tribunales de Trelew se desarrolló una audiencia en la que familiares del chico que denunciara haber sido abusado en los calabozos de la Comisaría Segunda de esta ciudad, solicitaron que los policías condenados sean exonerados de la fuerza.
Es que según se conoció ayer en el caso de los dos efectivos policiales que aceptaron un juicio abreviado aceptando la culpabilidad sobre los hechos de detención ilegal y apremios pesaban condenas de alrededor de tres años pero también la inhabilitación para ejercer cargos públicos, pero ambos están en actividad.
Así lo relató el defensor oficial Sergio Rey quien representa en la querella a la familia Almonacid que ayer se hizo presente en la audiencia, al hacer referencia al artículo 48 de la Constitución Provincial para amparar el pedido realizado de que ambos efectivos sean exonerados de la Fuerza Policial.
En diálogo con El Diario el defensor expresó que “en virtud de la representación que ejercemos de la familia Almonacid, advertimos a partir de un oficio que había sido enviado al área de personal de la Jefatura de Policía al Comisario Mayor Cruz que hay dos agentes que resultaron condenados que estaban aún trabajando”.
Repasó que “uno es el señor Mario Bevacqua condenado a tres años de prisión de ejecución condicional más seis años de inhabilitación y en el caso del que en su momento era oficial Adolfo Carballo tres años de efectivo cumplimiento más seis años de inhabilitación también, y en este caso era de efectivo cumplimiento la prisión” a lo que se suma que “ambas condenas quedaron firmes porque como fueron por la modalidad del juicio abreviado no hubo apelaciones o impugnaciones de la sentencia”.
Con lo cual “a interpretación con lo que reza el artículo 48 de la Constitución provincial y el artículo 20 del Código Penal deben ser destituidos de la fuerza. Desde el año pasado que sabemos, desde agosto o septiembre, que esto no fue cumplido como mandó la sentencia y ahora a fines de mayo estamos en este acto de audiencia y ellos continúan en la misma situación”.
Por ello la querella “ha planteado esta cuestión acompañada de la fiscal María Tolomei que estuvo en el caso, a pesar de la resistencia de los abogados defensores de cada uno de los agentes policiales”.

Improcedencia

La audiencia pasó a un cuarto intermedio para que el Juez resuelva sobre dos presentaciones “por un lado el doctor Latorre que representa a Bevacqua en este caso cuestiona la actuación de la querella en este caso. Y en segundo término en común ambos abogados indicaron que es improcedente hacer una audiencia y que es una cuestión netamente administrativa a su vez plantean que la inhabilitación no tendría el alcance para destituir al personal policial”.
Sin embargo aclaró Rey que “en el caso de Bevaqua no está en la calle pero está en la Unidad Regional y recordemos que tuvo condena de prisión más inhabilitación y en este caso creemos que son claros el artículo 20 del Código y el 48 de la Constitución Provincial”.
Este último artículo “dice que en este tipo de delito que tienen que ver con vejaciones, porque recordemos que en este caso era privación ilegítima de la libertad en concurso real con vejaciones, conllevan la humillación y afectan la dignidad de la persona que era un menor de edad en ese entonces y hoy por hoy resulta rechazable desde el lado de la familia que continúen prestando este servicio”.
Indicó Rey que “lo que pedimos es que se oficie a Jefatura y que inmediatamente sean separados de la fuerza porque así entendemos el mandato constitucional” que expresa que de no ser cumplida la manda podría afectar directamente al juez de la causa.
En la audiencia se debía resolver la cuestión en cuanto a la querella, sin embargo “luego el juez seguramente se tomará tres días para responder sobre la cuestión de fondo planteada”, aseguró el defensor.
Asimismo Rey explicó que “no pueden terminar presos sino que lo que estamos planteando es que se los destituya de la fuerza, porque el artículo 20 implica la privación del cargo o empleo la inhabilitación por eso no se entiende como la autoridad administrativa los ha mantenido a estos funcionarios dentro de la institución”.
Lo que se señala entonces “es la conservación del estado policial de estos efectivos, aquí se los tiene que destituir y tiene que haber un cese del estado policial. En el caso de Carballo está con situación pasiva pero sigue conservando su estado policial. En el otro caso Bevacqua está cumpliendo funciones administrativas en la Unidad Regional”.
Finalmente Rey destacó que “este será un caso testigo de salir favorable porque tenemos en toda la provincia unos 16 o 17 casos de efectivos condenados a inhabilitación que siguen ejerciendo su cargo policial de una u otra manera”.