Lo primero que hay que explicar es porqué no se cumple con la Ley y después discutir sobre política” afirmó el secretario de Trabajo de la Provincia, Federico Ruffa, al referirse nuevamente al enfrentamiento desatado entre el gobierno provincial y el municipal por la situación de la Cooperativa Eléctrica de Trelew. En ese marco el funcionario indicó que el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) tiene la facultad de sancionar hasta con el retiro de la matrícula a la Cooperativa, ante la no concreción del proceso eleccionario en la entidad.
Con estas declaraciones el secretario de Trabajo sumó un nuevo condimento a los cruces que se vienen registrando hace una semana entre los funcionarios municipales y provinciales por la suspensión del proceso eleccionario en la entidad que debía realizarse el próximo 14 de junio. Para Ruffa no hubo una comunicación adecuada de la suspensión de las elecciones y claramente la empresa puede ser sancionada y hasta puede “perder la matrícula”.
“Acá hay una cooperativa que nuclea a más de 35 mil socios y que tiene que conformar sus órganos de Gobierno de acuerdo con lo que establecen la ley y el estatuto. Lo primero que hay que explicar es por qué no se cumple con la ley y después discutir sobre política”, dijo y agregó que “quienes nos pretenden endilgar intenciones políticas son los que precisamente realizan y realizaron acciones políticas con la cooperativa. Nosotros solo debemos hacer, como autoridad de aplicación, que se cumpla con la ley”, indicó Ruffa.
Ruffa reconoció ayer que sobre algunas cuestiones –de todo lo sucedido en torno a la entidad- “tenemos versiones y noticias periodísticas”, y como Secretaría de Trabajo “nos tenemos que manejar con presentaciones formales. Pero cuando los integrantes de las listas y la propia cooperativa nos digan qué sucedió vamos a tomar una determinación que está dentro del abanico de lo que nos permite la ley”, señaló.

Sin presentaciones

En este sentido añadió que “la cooperativa, al no recibir las listas, estaría en una falta grave porque imposibilita el derecho de los socios a participar. La pena máxima no la dispone la Secretaría de Trabajo, sino el INAES, y puede ser la pérdida de la matrícula”, explicó.
En este sentido recordó que en el marco del expediente donde se venían haciendo presentaciones relativas a las elecciones en la cooperativa, “la semana pasada los consejeros presentaron un acta que no cumple con las formalidades necesarias y en la cual decían que iban a suspender las elecciones que estaban en curso. En ese marco, también hubo presentaciones de distintos apoderados de listas que pretendían participar del proceso eleccionario, pidiendo que la autoridad administrativa tomara cartas en el asunto”.
Por eso, aseguró “desde la Secretaría de Trabajo intimamos a la cooperativa a seguir con el proceso eleccionario, porque hasta ese momento no había nada que lo impidiera”.
La decisión de la suspensión por parte de los consejeros incluía “una remisión a la resolución del Poder Ejecutivo de Trelew, que hablaba de un problema en los servicios públicos, y acompañaban la decisión del Concejo Deliberante de ratificar el pedido de suspensión que el Ejecutivo le hizo a la cooperativa”, agregó el funcionario.

Explicaciones poco claras

“Nosotros entendimos que ese no es argumento para suspender elecciones. Además de que no hubo una comunicación adecuada, ya que no se publicitó por los medios gráficos de la zona, entendimos que no es argumento por dos razones: primero que la situación de crisis de los servicios públicos es de larga data y tampoco se hace ninguna explicación de por qué impedir que se normalicen los órganos de la cooperativa va a ayudar a que se normalicen los servicios públicos”, explicitó, en declaraciones radiales.
“El poder concedente, que es la Municipalidad, puede tomar medidas, e incluso intervenir los servicios públicos, pero no puede inmiscuirse en la vida interna de la entidad. Los socios tienen el derecho que les dan el estatuto y la ley de cooperativas”, enfatizó.
Y concluyó: “En primer lugar intimamos a que continúe el proceso electoral, a que lo reanuden de forma más inmediata posible. La ley faculta a la Subsecretaría de Asociativismo y Economía Social, que depende de la Secretaría a mi cargo, a convocar a elecciones, y hasta pedir una intervención judicial y diversas sanciones”.