La Comisión Investigadora de la Legislatura de Chubut desestimó, en un fallo dividido, una nueva denuncia contra los integrantes del STJ provincial. Ahora, la Sala de Acusar deberá evaluar el dictamen elaborado por el órgano legislativo y confirmar o no la responsabilidad de los magistrados.
Primero la denuncia de su propio par, Alejandro Panizzi, luego la de otra jueza, Mariel Suárez, y un nuevo cruce se dio con los integrantes de la Cámara de Apelaciones de Trelew: los miembros del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Chubut están enfrentando, desde hace ya bastante más de un año, críticas y señalamientos que no acaban solo ahí, que llegan a denuncias que se materializan ante la Legislatura provincial.
Algunos de estos casos han tenido mayor trascendencia, pero la imagen de los ministros se ha visto desgastada. Aun así, la Comisión Investigadora de la Legislatura decidió, en base a las evidencias y en un fallo dividido, rechazar la denuncia por el manejo irregular de los fondos judiciales depositados en el Banco del Chubut.
La denuncia fue presentada por el abogado Luis María Oroquieta, y entre sus argumentos el letrado señaló que se cometió mal desempeño de las funciones por la disposición que hacía los jueces de los fondos judiciales amparándose en una ley de 2002 que les brindaba autorización para ello, pero que había sido derogada por el Digesto Jurídico de 2009.
En su defensa ante los legisladores, Fernando Royer, miembro del STJ, señaló: “Hay un error de interpretación del profesional –Oroquieta- en cuanto a la implementación del Digesto. No sé por qué motivo hay una denuncia por sentencias judiciales que él consintió y que nunca fueron apeladas ante la Corte Nacional siendo que el Derecho indica que cuando a alguien no le gusta la sentencia tiene que recurrir a un tribunal superior. Como él no recurrió a la Corte Nacional, dejó firme la sentencia dictada”.
Sobre el destino del dinero que manejaba, el magistrado afirmó que “hay una ley que manifiesta que el 75% de los fondos va al edificio de Comodoro y el resto a otros edificios. No los podemos manejar de cualquier forma. Se hicieron los juzgados de paz de Telsen, Gan Gan, Gastre, Dolavon, Puerto Pirámide”.
Finalmente, el integrante del Máximo Tribunal provincial aseguró que estas denuncias en su contra y la de sus pares “nunca me quitaron el sueño. Tengo la conciencia bien tranquila porque sé que me puedo defender con la verdad porque la verdad es una sola”.
La decisión fue ajustada, pero por tres votos contra dos los integrantes de la Comisión Investigadora decidieron desechar la denuncia llevada a cabo contra los miembros del STJ. Los integrantes del órgano legislativo deberán emitir un dictamen para dirigirlo a la Sala de Acusar, que deberá expedirse, asimismo, sobre el asunto.
La decisión final para que la denuncia no sea tomada en cuenta depende, en última instancia, de esta Sala compuesta por 14 integrantes. Más de dos tercios, es decir, diez personas, deben brindar su voto a favor de que la investigación continúe para que los magistrados puedan ser acusados formalmente por mal desempeño.

Fuente DJ