En el día de ayer, el juez Darío Arguiano dictó la apertura de investigación para el defensor público Sergio Rey, acusado de “incumplimiento de los deberes de funcionario público y exacciones ilegales”.
Sergio Rey será investigado a pedido de los fiscales por la denuncia del comisario inspector Miguel Gómez, ex jefe del Grupo Especial de Operaciones Especiales (GEOP), quien afirmó que el funcionario le había solicitado 50 mil pesos para finalizar una causa penal. En su calidad de querellante y en representación de las víctimas de un presunto caso de abuso policial, Rey ofreció un acuerdo con el comisario Gómez y así desistir de la acción penal de sus representados en el juicio. En la causa estaba procesado el mismo Gómez por la presunta comisión del delito de “vejaciones y apremios ilegales” durante un procedimiento efectuado en el barrio Tiro Federal de Trelew. En dicho juicio oral y público, efectuado días atrás, Gómez fue absuelto de los cargos.
Los fiscales solicitaron la apertura de investigación entendiendo que esta actitud encuadraría en la comisión de dos delitos. Primero, porque el Código Procesal Penal de la Provincia del Chubut, en su artículo 44, prohíbe aplicar las reglas de disponibilidad de la acción cuando el imputado es un funcionario público –en este caso, un efectivo policial-. La conducta también concursa con la presunta comisión del delito de “exacciones ilegales” –agregan de la fiscalía- al solicitar el defensor al imputado en forma directa esa suma de dinero, cuando este no debe entregarla ni tampoco podría haberla recibido el defensor.

Audiencia
Al inicio de la audiencia, el abogado particular del imputado, Fabián Gabalachis, solicitó el sobreseimiento afirmando que “el hecho, aún probado, no es delito”. “Rey iba a aceptar esos 50 mil pesos para dárselos a un tercero. Este dinero no era para el Estado, era para la familia. Hacía de nexo”, sostuvo el defensor particular.
“No quiere que investiguemos”, replicó el fiscal Daniel Báez, a cargo del caso. “Pretendemos investigar que Rey propuso el desistimiento de la acción pública a cambio de dinero. Y eso no está en la ley”, sostuvo el fiscal jefe de Puerto Madryn.
Por su parte, Rey declaró ante el juez y afirmó que el dinero era para las víctimas para lograr «la pronta resolución del conflicto». “Estoy muy seguro y muy firme de lo que hice. No tengo nada de qué arrepentirme”, subrayó. “Sobre el alcance o contenido de las filmaciones, sería mi deseo de expresarme, pero por concejo de mi abogado defensor, no me voy a expresar”, indicó luego.
Finalmente, el juez Darío Arguiano rechazó sobreseimiento que pedía la defensa y dictó la apertura de investigación. “El trasfondo no es el desistimiento, no se cuestiona la posibilidad que tenía la familia para apartarse de su acción penal instaurada. Aquí subyacen otras circunstancias que merecen ser abiertas a investigación. Haré lugar a la apertura de investigación preparatoria”, indicó el magistrado en su resolución.
Con el inicio formal al proceso de investigación, los fiscales tendrán un plazo de 6 meses para, de acuerdo a las pruebas recabadas, solicitar el sobreseimiento o presentar la acusación para elevar la causa a juicio oral y público.