Hoy a las 9, operadores judiciales de distintas localidades de la provincia concurrirán a la Legislatura Provincial, en vista de analizar una serie de proyectos que buscan regular distintos aspectos del Servicio Penitenciario Provincial.
Ello, en vista de mejorar las condiciones de la reinserción de las personas que purgaron su condena y, de este modo, reducir los índices de reincidencia.
Se trata de tres anteproyectos, que fueron elaborados por grupos de trabajo no solo de magistrados, entre ellos jueces y fiscales de la Provincia, sino también equipos interdisciplinarios compuestos por psicólogos, sociólogos y distintos profesionales que aportaron distintos puntos de análisis respecto del funcionamiento del servicio penitenciario y lo referido a la Ley de Ejecución Penal.
“Lo que queremos son las respuestas, para que el sistema, conforme lo que la Ley nos obliga a aplicar, sea aplicado correctamente y que el Estado pueda proveer las herramientas para poder trabajar, algo en lo que creemos que todos vamos para el mismo lado”, manifestó el juez penal Jorge Criado, uno de los magistrados que integra la Comisión que participó en la elaboración del proyecto; el mismo concurrirá junto a otros operadores judiciales, entre ellos, en el caso de Puerto Madryn, el juez penal Daniel Yangüela y la directora de la Oficina Judicial, Valeria Vázquez.
Los distintos anteproyectos elaborados durante los últimos años, tienen como objetivo favorecer las políticas de reinserción de los internos, tomando como referencia el desarrollo de actividades intra y extramuros, tanto de carácter educativo como así también, laboral, de modo que una vez purgada su condena, se reduzcan las probabilidades de que un individuo pueda volver a cometer delitos.
Recientemente, la provincia del Chubut fue representada en el “IV Congreso de Derecho de Ejecución Penal”, donde la directora de Políticas Penitenciarias de la provincia, Marianela Holm, participó y expuso ante profesionales locales e internacionales; además, analizaron el caso de “Punta de Rieles”, un modelo de cárcel “ejemplar” construido en la República Oriental del Uruguay.

Qué dice el proyecto de Cambiemos

Entre los postulados presentados por el legislador Eduardo Conde, titular del bloque en la Legislatura, se establece que el personal del Servicio Penitenciario debe ser civil y que “no debe haber personal de las fuerzas de seguridad ni de la Policía al frente del organismo”, priorizando la conducción del mismo por parte de “gente capacitada en lo social”, promoviendo “la mediación en lugar de la represión” de los internos.
Además, se refirió a una problemática histórica de la Provincia, que tiene que ver con los escasos lugares de detención y, precisamente, con los que actualmente albergan detenidos, que no revisten las características edilicias adecuadas, tratándose de alcaidías y comisarías, en muchos casos saturadas.
El proyecto indica que el Servicio Penitenciario “será de naturaleza social, pensando en la readaptación del recluso”, que tendrá la obligación de “asegurar un trato digno, atención y adecuadas condiciones de privación de libertad” y que, a su vez, deberán “implementarse acciones tendientes al desarrollo personal de los internos; garantizar la seguridad y custodia; cooperación con el organismo a cargo de la reintegración social de los reclusos; cooperación con otros organismos en la elaboración de políticas de prevención del delito”.
Se trata de un proceso “de formación de la persona detenida que está privada de la libertad” y “de hacerle saber a esa persona que cuando vuelva a la vida social debe cumplir la ley, y para esto debemos construir un ordenamiento legal y otro con la participación de personal civil”, fundamentó Conde en su ponencia, a la vez que anticipó que “el Gobierno contará con fondos del endeudamiento para la obra pública, por lo que podría construir espacios adecuados para esto; no debemos pensar en un lugar sólo para las personas detenidas, sino para el desarrollo de oficios y de estudio”.

Reinserción sin reincidencia, una de las claves

En diálogo con el Diario, el magistrado Jorge Criado, de la localidad de Esquel, se refirió a algunos de los ejes centrales presentes en la serie de anteproyectos en los que se viene trabajando desde hace varios años, el cual pretende agilizar las cuestiones burocráticas y de asignación de recursos para concentrarse en el tratamiento de cuestiones puntuales, como por ejemplo, la falta de espacios de alojamiento, la necesidad de contar con personal debidamente capacitado para las distintas tareas que implica un servicio penitenciario y el seguimiento de aquellas personas, luego de que cumplen una condena y deben reinsertarse en la sociedad.
Uno de los ejes es “la creación de un Patronato de Presos y Liberados, es decir, un sistema de control del Estado, cuando la persona está privada de la libertad, y luego, cuando sale, con la posibilidad de su reinserción”, detalló el juez, quien remarcó que dicha reinserción social se encuentra establecido en la Constitución Nacional.

Promoción del trabajo y la educación en internos

El objetivo del órgano en cuestión sería garantizar que la resocialización de los internos sea de manera efectiva y que los mismos puedan acceder al mercado laboral, entre otras cuestiones, tanto mientras cumplen su condena como así también, cuando son puestos en libertad.
“La idea es que el mismo gestione trabajos extramuros, no sólo cuando ya purgó la condena, sino antes, porque hay sistemas de inclusión en lo que es el avance de la Ejecución por la Ley 24.660, que prevé el trabajo extramuros, a través de lo cual los internos salen a trabajar, y eso es algo que hay que controlar desde el Estado, no es una cuestión menor”, indicó el magistrado de Esquel.
Sobre el papel del Estado en la promoción de las garantías para quienes deben regresar a la sociedad tras purgar una condena por un delito cometido, Criado analizó que “una persona que no estudia, no trabaja y no hace nada, tras salir en libertad, hay probabilidades de que vuelva a delinquir”.
Actualmente, la ciudad de Esquel reviste la mayor cantidad de condenas en la Provincia y no posee alcaidía, así como tampoco Servicio Penitenciario, por lo que gran parte de los detenidos, a propósito de la saturación edilicia de la propia localidad, deben ser trasladados a lugares más lejanos como la Comarca, El Hoyo, Epuyén y Lago Puelo, o bien El Maitén, Gualjaina y Corcovado, entre otras de las zonas que están ubicadas en lugares alejados, en ocasiones a 200 kilómetros.

En sintonía

Consultado sobre las expectativas del encuentro, el juez Criado indicó que desde la Comisión desde la que se trabajó en los anteproyectos no existe un interés político en el tratamiento de los mismos, dado que dichas gestiones “exceden la cuestión política; lo que queremos son las respuestas, para que el sistema, conforme lo que la Ley nos obliga a aplicar, sea aplicado correctamente y que el Estado pueda proveer las herramientas para poder trabajar, algo en lo que creemos que todos vamos para el mismo lado”.
Sobre esta línea, sostuvo que “todos los diputados que nos han recibido lo han hecho de la mejor manera, y hablo de todos los bloques, y el encuentro será interesante, además de que nos hemos puesto a disposición, sobre todo los que tenemos funciones judiciales, para explicar algunas cosas en detalle, en base a estadísticas concretas e información certera”.
La Comisión que se reunirá con diputados provinciales es “de carácter interdisciplinario y con funcionarios de todos los estamentos, incluso funcionarios políticos, diputados, jueces, defensores, psicólogos, sociólogos y tiene un abordaje mucho más interesantes; no es que los jueces queremos una norma que nos permita trabajar únicamente a nosotros, esto tiene que ver con la integralidad del abordaje constitucional de la Ejecución Penal”.

El ejemplo de Punta de Rieles, en Uruguay

En el mes de agosto, referentes de la temática de todo el país y de Sudamérica participaron del “IV Congreso de Derecho de Ejecución Penal”, organizado por el Centro de Estudios de Ejecución Penal de la Universidad de Buenos Aires y en el cual el Gobierno del Chubut, a través de la Subsecretaría de Protección Ciudadana que conduce Pablo García, realizó una ponencia ante especialistas nacionales y de países vecinos.
Por su parte, la directora general de Políticas Penitenciarias, Marianela Holm, fue la encargada de representar a la provincia y manifestó que “hubo expositores de todo el país además de Brasil, Paraguay y de Uruguay” y que “en nuestro caso, expusimos sobre la ejecución de las reglas mínimas de Mandela en el Instituto Penitenciario Provincial, y sobre todo las acciones que realiza este Poder Ejecutivo a cargo del gobernador Mario Das Neves para aplicar y cumplir con la normativa vigente”.
Además, “participamos de las charlas que estaban previstas por el congreso donde conocimos otras experiencias de ejecución penal y pudimos intercambiar visiones estratégicas”, mencionó.
Como parte de las actividades realizadas, Holm enumeró que “también visitamos el Centro de Rehabilitación de Punta de Rieles que es la Unidad 6 de Montevideo, Uruguay”, lugar en el que “las personas privadas de la libertad tienen talleres de jardinería, carpintería y varios emprendimientos, como una radio donde nos recibieron muy bien y nos contaron que por ejemplo hicieron una obra de teatro, el único requisito para estar alojados allí es la buena conducta, el cumplimiento de las normas vigentes”.
En este ámbito, “se realizó una invitación al director de este centro que fue quien diseñó esta iniciativa, porque queremos ver la posibilidad de que brinde una capacitación a nuestro personal policial y ver cuáles son las posibilidades de desarrollar algunos aspectos de esta experiencia en función de la infraestructura que tenemos en la provincia”, sostuvo la directora de Políticas Penitenciarias de la Provincia.