La sala C de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial ordenó que se designe un «interventor coadministrador» en Austral Construcciones SA, a pedido de la Inspección General de Justicia debido a que la empresa insignia de Lázaro Báez no presentó sus balances desde el año 2010 y tampoco renueva sus autoridades desde entonces.
La resolución dispone que el interventor lo designe el Cuerpo de Peritos de la Corte Suprema de la Nación, y recomienda que sea alguien especializado en delitos de corrupción y delitos contra la Administración Pública. Además, la medida precautoria durará hasta tanto regularice las irregularidades que denuncia la IGJ, y si bien no desplaza a los miembros del directorio, éstos no podrán tomar ninguna decisión orgánica sin el acuerdo del interventor.
La denuncia de la IGJ se produjo luego de que la nueva gestión realizara varias intimaciones a Austral Construcciones a que regularizara su situación. Al no acogerse a derecho, el 31 de junio el inspector general, Sergio Brodsky, firmó una resolución sancionando a la compañía de Lázaro Báez y a su presidente, Julio Mendoza.
Austral Construcciones es investigada penalmente y ya ha sido objeto de embargos y otras medidas judiciales, por lo que la decisión de la Cámara empeora su crítica situación.
Los jueces Eduardo Machin, Julia Villanueva y Juan Garibotto dispusieron la intervención, una medida «excepcional», por la gravedad de los incumplimientos.