Defensoría del Pueblo de la Nación recibió una denuncia de una vecina de Caleta Olivia y a raíz de esta solicitud inició una investigación sobre el recurso hídrico del Lago Musters y la gestión de la cuenca del Río Senguer, para esclarecer los hechos denunciados.
El organismo consultó a organismos de ambas provincias y a la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación, y solo obtuvo información parcial, ya que no existe un diagnóstico de la situación de dicho recurso hídrico y no hay un sistema que pudiese integrar la información sobre usos y estado del agua en ambas provincias.
A partir de la investigación y de las respuestas recibidas por parte de los organismos consultados, se logró establecer que no existe ningún organismo interjurisdiccional formalmente constituido y en funcionamiento efectivo para la gestión de la cuenca.

Gestión ambiental

Como respuesta, la Defensoría exhortó a Santa Cruz, Chubut y a la Subsecretaría de Recursos Hídricos del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, a que constituyan con urgencia un Comité Interjurisdiccional de Cuenca del Río Senguer, debido que la Ley 25.688 establece la creación de “comités de cuencas hídricas con la misión de asesorar a la autoridad competente en materia de recursos hídricos y colaborar en la gestión ambientalmente sustentable de las cuencas hídricas”.

Denuncia desde Caleta Olivia

Una vecina de Caleta Olivia realizó un pedido a la Defensoría, donde expuso la sistemática interrupción del servicio de agua potable y la mala calidad del recurso, así como también la elevada cantidad de casos de cáncer, enfermedades poco frecuentes y otras patologías, que podrían estar relacionadas con factores ambientales.
El problema es el descenso del caudal del Lago Musters, principal fuente de abastecimiento de agua para las poblaciones del sur de Chubut y norte de Santa Cruz, y que forma parte de la cuenca hídrica del Río Senguer.

Agua potable

Además, la denunciante agregó un informe del Programa para la Gestión Ambiental de Sitios Contaminados (PROSICO) elaborado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que indica que resultaría necesario realizar un nuevo análisis para determinar si los valores de Hidrocarburos Totales de Petróleo (HTP) hallados suponen un riesgo inaceptable para la salud. Dicho informe sostiene que “una apreciación cualitativa del escenario de riesgo descripto, basada en los patrones de uso de suelo, las fuentes de agua de bebida y los resultados analíticos disponibles, permite presumir que el estado de situación en materia de provisión de agua potable es un aspecto cuya atención debería resultar prioritaria”.