Cambiemos logró ayer a la tarde en el Senado la sanción de la ley para regular empresas con participación pública y privada (PPP), ideada para conseguir inversiones y demorada por las objeciones de la oposición.
“Es una lástima que necesitemos de los diputados para hacer correcciones. Cuando yo proponía cambios, Miguel Pichetto me movía la cabeza para decirme que no”, se lamentó la puntana Liliana Negre de Alonso.
La senadora había votado en contra cuando el proyecto se debatió por primera vez en el Senado pero ayer lo apoyó con los retoques que le hizo Diputados, hace 15 días.
El principal fue obligar a que el 33 por ciento de los bienes y servicios sean de origen nacional, que haya mayor participación de las Pymes locales en las obras, los contratos con esta metodología no superen el 7% del PBI y una bicameral supervise cada inversión.
“Yo valoro más el trabajo del Senado. Recuerdo que cuando llegó el proyecto no tenía ningún control y acá incorporamos la intervención de la Auditoría General de la Nación”, se defendió Pichetto.
El proyecto tuvo un largo debate en el Congreso con un ida y vuelta permanente de los legisladores con Horacio Reyser, asesor en inversiones de Mauricio Macri.
El presidente presionó sin éxito para tener la ley en septiembre, cuando recibió a ejecutivos de todo el mundo en una cumbre de mini Davos. Recién en esa fecha pudo destrabarse en el Senado, pero en Diputados chocó con infinidad de planteos del Frente Renovador y el Bloque Justicialista, habituales aliados del oficialismo.
El mayor punto de conflicto era la prórroga de jurisdicción, que le permite a las empresas litigar en el exterior. El Gobierno no cedió en vetar ese artículo.
Y cuando parecía haber acuerdo en Diputados, Massa sorprendió y se sumó al kirchnerismo para pedir que vuelva a debatirse en comisión, donde sólo agregó la protección a las pymes y se envió al Senado.
“Los cambios de Diputados no es más que un simple maquillaje» ya que el texto enviado por los senadores contenía cláusulas en defensa del trabajo argentino, las PYMES, y el medio ambiente, así como controles”, minimizó la radical Silvia Elías de Pérez. Fernando “Pino” Solanas y el kirchnerismo, en la voz de la santacruceña María Esther Labado y el neuquino Marcelo Fuentes, volvieron a ser las únicas voces en contra. El cineasta fue el más duro. “Se ratifica el Estado rebobo, que se endeuda y no obtiene ningún beneficio», protestó.

¿Puro humo?

El secretario general de la Unión Obrera de la Construcción (Uocra), Gerardo Martínez, que hasta hace muy poco se mostraba cercano a Mauricio Macri, denunció que hay una «decisión política» del gobierno nacional de no reactivar la obra pública.
«Por falta de gestión, por falta de decisión política no se ha reactivado la industria de la construcción y no se han recuperado los puestos de trabajo que se perdieron», expresó Martínez en una entrevista en Radio 10.
«Observamos que hay falta de gestión, no se firman la continuidad de las obras. La forma de actualización de valores se fueron resolviendo, pero las partidas presupuestarias no salen de las áreas correspondientes», añadió el jefe de la Uocra.
El sindicalista explicó que la merma en la actividad de ese sector comenzó en los últimos meses del año pasado, pero aseguró que esa situación «se intensificó» con la llegada de Macri a la Presidencia.
En ese sentido, Martínez acusó al Gobierno nacional y a las provincias de hacer «lindos anuncios, muchas definiciones» pero lamentó que «no son acompañadas las palabras por los hechos».
La dura declaración del dirigente de la CGT sorprende porque en los últimos meses se lo vio en cuanto acto armaron Macri y otros funcionarios en temas referidos al mundo del trabajo y la construcción. Hay que recordar que Martínez fue uno de los sindicalistas más cercanos a Cristina Kirchner, aunque hace poco anunció su apoyo a Sergio Massa.

Martínez con Frigerio

De acuerdo a datos difundidos el miércoles por el Indec, el costo de la construcción se elevó 4,8 por ciento en octubre respecto del mes anterior empujado por ajustes salariales y desde enero suma un incremento de 29,7 por ciento. Octubre registró la suba más alta. Sin embargo, el dato más preocupante para el sector se conoció a fines de octubre, cuando el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) del Indec registró que la actividad disminuyó un 13,1% en septiembre, con una contracción acumulada del 12,8% en los primeros nueve meses del año.
Según Martínez, por la caída de la actividad «hay 60 mil despedidos directos afectados por obras de viviendas y pequeñas, tanto de inversión pública y privada, y después debe haber alrededor de 30 mil entre emprendedores y monotributistas, que forman parte de la cadena de la industria de la construcción».
Distintos economistas advirtieron días atrás a LPO que la no reactivación de la obra pública está afectando a la actividad económica. «La obra pública no despegó con fuerza, nominalmente sigue debajo de los niveles del año pasado», indicó Gabriel Zelpo, de la consultora Elypsis, que agregó que «sorprende» la demora. Por su parte, Rodrigo Álvarez, de Analytica, señaló que «lo que juega en contra (para salir de la recesión) es la lentitud para reanudar la obra pública».
Este medio también reveló que el gobierno de Macri tiene algunas dificultades operativas para poner en marcha su plan de obras, sobre todo en el Conurbano. Es que hasta ahora ha licitado obras menores, que además sufrieron recortes de hasta 45% en sus presupuestos, que en la Rosada dicen que corresponden con lo que en la gestión pasada se «perdía» en retornos.
Pero esto hizo que muchas empresas importantes y con experiencia en el sector se hicieran a un lado, por lo que surgieron constructoras sin experiencia, lo que complica en muchos casos el avance de las obras. Estas nuevas firmas también tienen serios problemas para lidiar, justamente, con la Uocra, que sobre todo en el Conurbano -donde Martínez perdió el control- tiene poder y métodos para decidir si avanzan o no los trabajos. Por ahora hay anuncios, y más anuncios.

Fuentes: LPO, AF, NA.