Está claro que el gobierno nacional quiere construir un manto del olvido sobre la corrupción de la obra pública y sólo limitarla a CFK, De Vido, López y Lázaro Báez, dejando a salvo a las demás empresas creando en el imaginario colectivo que durante doce años vino una mafia santacruceña que utilizó la obra pública para hacer caja para la política y el enriquecimiento personal.
En realidad, hace más de 40 años existe en la Argentina un sistema piramidal de corrupción de la obra pública que es una de las principales causas del déficit fiscal permanente que sufre el país y que genera inflación y pobreza.
En ese marco, el cristinismo pide una auditoría sobre la ejecución de la obra pública de los últimos doce años y el gobierno sólo la hizo en Vialidad Nacional, pero hay una ausencia total de datos sobre obras en energía como centrales térmicas, hidroeléctricas y atómicas y tampoco se incluyen petróleo, gasoductos y vivienda, pero está claro que en todos esos casos hubo corrupción. Basta citar el caso Skanska, la empresa sueca, que mediante facturas truchas encubría los sobreprecios en la obra pública, donde estuvieron imputadas las empresas más importantes del país y que la justicia ocultó y que ahora se reabrió aunque no hay muchas expectativas de que algo se aclare.
El cristinismo intenta socializar la corrupción, es decir, incluir al presidente, cuya familia y el mismo provienen de ese sector industrial que tiene fuertes intereses. Pero el FPV tiene un grave problema: que aunque diga verdades, la mayoría de la opinión pública descree, aunque todo el mundo sospecha que existía un sistema de corrupción muy similar al que se está investigando en Brasil y que ya tiene varios detenidos entre los principales empresarios de la obra pública.
La cuestión es que en nuestro país, por funcionarios que estuvieron doce años en sociedad y una decena de empresarios amigos que se asociaron con los grandes contratistas de obra pública, está parada la licitación de obras por miedo de segundas y terceras líneas de firmar la adjudicación.

Y la Cámara?

Mucho peor sería que la justicia abra una investigación sobre las 36 empresas integrantes de la Cámara Argentina de la Construcción, como pide el cristinismo. De ahí que de ese tema no se quiere hablar.
Es que la “cartelización” viene de largo. La mayoría de los empresarios admiten siempre `off de récord´ que siempre hubo maniobras para digitar las licitaciones; los mecanismos y los principales actores de los acuerdos.
En algun momento se reconoció que «Para ciertas licitaciones, el `armado´ es a través de la Cámara (Argentina) de la Construcción (CAC), pero para los de Vialidad, es la ‘Camarita’ la que juega», contó un veterano con más de 30 años en el sector en confidencia a La nación allá por agosto de este año. Aludía en realidad a la Cámara Argentina de Empresas Viales, con sede en Piedras al 300, frente a Vialidad Nacional, y detallaba que «veinticuatro horas antes de una licitación podía armarse una reunión en la oficina de la `Camarita´ para coordinar las presentaciones de cada empresa». «En la sala de reuniones había una imagen de la Virgen de Luján, protectora de los caminos, y antes de empezar la reunión la dábamos vuelta para que no presenciara lo que hacíamos», sumaba al anecdotario otro conocedor de acuerdos.
A la par desde la `Camarita´, oficialmente se negó siempre estas operaciones: «No existe la cartelización. Absolutamente no. Pensar en algo así cuando hay cien empresas que compiten es imposible», afirmaban nerviosos los representantes de la entidad.
«La corrupción viene de arriba y los empresarios nos adaptamos al sistema porque así los negocios son más fáciles», argumentó uno. «El Estado es el que carteliza. Y las empresas la aceptan para protegerse. Hay muchas familias que dependen de eso», añadió otro que recordó el caso de un constructor que se negó a pagar y le secuestraron a un hijo.
Otro empresario ofreció una visión más crítica. «En teoría, si no te metés en los arreglos no ganás un contrato”.

Ninguno puede `escupir para arriba´

Tan histórico es el tema que hay memoriosos que tienen bien claras las ecuaciones: «Durante el gobierno de Menem los contratos chicos pagaban hasta el 0,5% y los grandes 2%; ya con Duhalde subió al 3%; y con Kirchner, llegó al 10%», detalló un empresario. ¿Cuánto será en esta nueva etapa? ¿Será?, o se podrá coincidir con la esperanza del Presidente que la obra pública sea solo para `alegría´ de la gente.
Parece por lo menos difícil desactivar tanta tentación de beneficios y negocios asociados a los dineros públicos.
De hecho, Macri no arrancó hoy en la vida política y tiene sus cuestiones en el ropero. Como ejemplo vale el caso de la cooperativa del esposo de Margarita Barrientos, que obtuvo al menos $14 millones de parte del gobierno de la Ciudad durante la gestión PRO, por la realización de obras dentro del barrio Los Piletones en los últimos tres años. Gran parte de los proyectos no fueron finalizados y los vecinos del barrio señalan que varios predios adjudicados en la zona serían utilizados ahora de forma privada por partidarios de Barrientos.
Los trabajos se realizaron a través de convenios privados y del decreto 556: el mismo que se utilizaba para beneficiar a la empresa del procesado periodista y ex candidato a diputado por Cambiemos, Fernando Niembro. La norma sin embargo, establecía contrataciones directas solo en casos “de emergencia”.
De hecho, tan entramado y confuso es todo, que cuesta creer en un ordenamiento realmente “impoluto”. Basta el dato que circula profusamente sobre que la empresa IECSA de Angelo Calcaterra, primo y socio de Macri, fue una de las beneficiadas por José López.
De hecho en un listado ofrecido por el propio ministerio de Planificación se mostraba el ranking de empresas que lograron mayores trabajos en la era K. (Ver http://noticiaregistrada.com/2016/06/16/la-empresa-iecsa-de-angelo-calcaterra-primo-y-socio-de-macri-fue-una-de-las-beneficiadas-por-jose-lopez/) Según ese informe, el primer lugar fue Techint de Paolo Rocca, seguido por la cordobesa Electroingeniería de Osvaldo Acosta y Gerardo Ferreyra, mientras que en tercer lugar figuraba IECSA de Angelo Calcaterra, primo y socio del actual presidente Mauricio Macri. En el puesto 36 aparecía recién Grupo Austral de Lázaro Baez. Como graficara un empresario bonaerense en una cena de camaradería este año: “Acá ninguno puede escupir para arriba”. Habrá que ver…

Fuentes. IP, LN, AF, propias.