Por Natalia Zuazo*

Este año, en Argentina deberíamos celebrar el centenario de la primera elección presidencial bajo la Ley Sáenz Peña, es decir, la universalidad, igualdad y el secreto del voto. Festejaríamos el fin del fraude sistemático y el inicio de la república (interrumpida por sucesivos golpes cívico-militares). Sin embargo, a partir del proyecto de reforma política presentado por Cambiemos, que contempla el voto electrónico, tal vez debamos dejar el festejo de lado y volver a defender ese derecho conquistado hace un siglo. La razón es simple y está confirmada en el mundo: el voto electrónico no garantiza el secreto del voto. Al contrario, puede llevarnos a una nueva era de fraude.
El gobierno de Cambiemos ama las máquinas y lleva adelante su fe tecno-optimista desde su asunción. El credo es que siempre a más tecnología se consigue más progreso y que, por eso, siempre primero hay que aplicarla y luego medir los resultados. Si no, se pierde el tren del futuro. Con esa biblia en mano el Estado puede defender la apertura de todos los datos de los ciudadanos para “targetizar” mejor sus mensajes, tercerizar el manejo del Estado en grandes corporaciones y hasta cambiar la forma de votación por un sistema electrónico que ya fue descartado por los países más desarrollados del mundo.

Argumentos refutables

Mauricio Macri definía así el voto electrónico antes de su implementación (ilegal y vía decreto) en 2014 en la Ciudad de Buenos Aires: “Va a ser muy simple. La verdad es que está muy bueno y está probado”. En 2016, al presentar el proyecto de reforma política, agregó que el “nuevo sistema” es “más transparente y equitativo”. Según su gobierno, el diagnóstico político para implantar el voto electrónico es que los grandes partidos (en especial el justicialismo) tienen una estructura partidaria más poderosa que el resto y por lo tanto tienen ventaja para “amañar” una votación. Para Cambiemos, entonces, utilizar máquinas para los comicios, provistas por el Estado, ubica a todos los partidos con las mismas posibilidades: al no depender de la impresión, distribución y control de las boletas, grandes y chicos contarían con las mismas posibilidades.
Sin embargo, sus argumentos son refutables. El sistema electrónico no es necesario para garantizar la paridad electoral de los partidos. Sí lo sería la boleta única en papel, que se usa en la gran mayoría de los países del mundo, y en las provincias argentinas de Santa Fe y Córdoba. La boleta partidaria, que aún utiliza nuestro país (y Uruguay) es, efectivamente, un sistema en desuso y sería sano también cambiarla. Pero el PRO quiere ir más allá, con lo que no iría a un mejor sistema sino a uno más inseguro.

No hay fraude.

El oficialismo también alega que vivimos en un sistema fraudulento, que tendrá en la tecnología un factor de transparencia. Sin embargo, desde el retorno de la democracia en 1983, no hay evidencia de fraudes en Argentina. Tampoco se observan reportes de desconfianza en la votación. Según estudios cuantitativos que realizó Cippec en las últimas elecciones de 2015, la presencia de fiscales también es alta: los partidos mayoritarios tuvieron un 100, un 94 y un 91 por ciento de fiscalización (FPV, PRO y UNA, respectivamente).
El otro argumento esgrimido es “terminar con el clientelismo”. Sin embargo, durante una de las reuniones de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Congreso, el programador cordobés Javier Smaldone mostró una falla denominada “puntero electrónico”, que podría realizarse sobre el sistema de Magic Software Argentina (MSA), implementado para los últimos comicios en la Ciudad de Buenos Aires. Con un celular de gama media se puede leer el voto emitido y por lo tanto, generar un clientelismo por otros medios, en este caso electrónicos.
De 195 países, sólo siete utilizan el voto electrónico (de algún tipo y en alguna parte del proceso). Hay dos europeos (Bélgica y Estonia), tres americanos (Brasil, Venezuela y algunos estados de Estados Unidos) y dos asiáticos (India y Filipinas). Hace algunos años, esta lista era más extensa pero varios países tras implementar distintas versiones de voto electrónico, lo prohibieron. Entre ellos se encuentran Alemania, Finlandia, Holanda, Australia, Irlanda, Estonia, Polonia. Si miramos el ranking de países con mayor desarrollo humano del planeta, los primeros 20 votan con papel. Es decir, que incluso los países con acceso a los mayores PBI e innovaciones tecnológicas, eligen seguir sufragando con un papel.

Marcha atrás

Entre los países que volvieron atrás con el sistema, el caso emblemático es el de Alemania, cuyo Tribunal Constitucional rechazó su uso en 2009 porque no permitía la fiscalización del proceso electoral por personas sin conocimiento técnicos. El tribunal Alemán afirmó expresamente que: “En la utilización de aparatos electorales electrónicos, el ciudadano debe poder controlar los pasos esenciales del acto electoral y la determinación del resultado de manera fiable y sin conocimientos técnicos especiales.” Eso significa que es fácil ver si alguien hace fraude con un sobre o un papel. Tanto el presidente de mesa como los fiscales, la policía, otro votante, pueden saber si alguien está tratando de robarse o cambiar algo. ¿Quién es capaz de saberlo en el caso de software?
En la comparación internacional también podemos mirar a Estados Unidos (otro faro que encandila al gobierno), que este año elige nuevo presidente. Los rumores y amenazas de un posible “hackeo” a las máquinas de votación, generan temor en el país. El director de la CIA, John Brennan, no descartó “volver a la boleta en papel” para garantizar la seguridad de los comicios. “

Técnicos advierten

En la Argentina, las advertencias de los especialistas en seguridad informática también fueron ignoradas. La mayor parte de los técnicos coincidieron: el sistema de voto electrónico es vulnerable. Y no sólo eso, sino que el sistema de boleta única electrónica (que se usó en la Ciudad de Buenos Aires y en Salta) tenía, antes de implementarse, fallas graves de seguridad. Esto lo confirmó la misma Justicia cuando, en agosto, sobreseyó al informático Joaquín Sorianello, quien había sufrido un allanamiento y un proceso judicial tras revelar que el sistema de votación en la CABA tenía una falla en la transmisión de los datos de la boleta electrónica. En su fallo absolutorio la Justicia no sólo lo declaró inocente sino que confirmó que el sistema “era vago y podía ser vulnerado con facilidad”.
Tampoco fue refutada otra falla en el sistema denominada “multivoto”, detectada por Alfredo Ortega, doctor en informática del ITBA y desarrollador en seguridad de la empresa Avast.

Muy poco tiempo.

Además de ignorar las evidencias, y aún si el proyecto fuera aprobado por la mayoría especial del Congreso, el gobierno tal vez se enfrente con serios problemas de implementación, consecuencia de su apuro. En su velocidad por llegar a las paso de agosto de 2017, el oficialismo tal vez no esté evaluando que el cambio en el instrumento de votación también debe ir acompañado por una ejecución política precisa.
El primer problema podría presentarse en la confección del software de votación. Para evitar “sospechas” de compras o licitaciones a empresas vinculadas al gobierno porteño como MSA, el Estado anunció que desarrollaría internamente el código de votación de las máquinas. Sin embargo, tendría que hacerlo en unos tres meses, un tiempo que, de acuerdo a todos los especialistas en la materia, es insuficiente. El segundo problema es la compra de las máquinas, cuyas versiones de licitaciones, países y empresas interesadas han sido diversas, incluyendo la posibilidad de comprar las terminales de votación a Corea, país que vota, paradójicamente, con boleta en papel.
El tercer problema reside en que el proyecto supone que la Cámara Nacional Electoral se encargue, entre otras tareas, de la auditoría técnica del sistema. Sin embargo, sus propios miembros advirtieron que no cuentan ni con los recursos económicos ni humanos para llevar adelante semejante tarea en los tiempos que pretende el Poder Ejecutivo. El cuarto (y no último) problema es que el tiempo de ciento ochenta días para realizar la auditoría del sistema tampoco alcanzaría. “La auditabilidad, la resistencia al fraude y el secreto no se garantizan. El sistema es muy vulnerable”, dijo el informático Alfredo Ortega en su exposición la Cámara de Diputados. (Revista Independencias).

(*) Politóloga (UBA). Periodista. Autora de “Guerras de internet”.