El gobierno de Mauricio Macri otorgó una refinanciación a tres años de las deudas que siete provincias mantienen con el Estado Nacional, por adelantos de fondos coparticipables recibidos durante 2016, que suman más de 8 mil millones de pesos.
Por medio de una resolución del Ministerio de Hacienda y Finanzas publicada en el Boletín Oficial, las provincias beneficiadas son Chubut (107.452.134 millones de pesos); Entre Ríos (1.086.591.988,45 millones); Jujuy (3.175.269.479,45 millones); Mendoza (980.816.756,68 millones); Neuquén (2.256.445.499,18 millones); Santa Cruz (637.640.044,97 millones) y Tierra del Fuego (441.483.564,25 millones).
En total, son 8.685.699.466,98 millones de pesos, sobre un global de 16.323,6 millones otorgados a 16 provincias a lo largo de este año, para que esos distritos puedan atender «dificultades financieras transitorias».

Capital e intereses

Según lo dispuesto, el capital de los fondos recibidos será devuelto en 12 cuotas trimestrales, la primera de las cuales deberá ser abonada el 29 de diciembre de 2017; por su parte, los intereses también serán pagaderos en forma trimestral, a partir del 31 de marzo del año próximo.
La Casa Rosada emplazó a las provincias a «implementar una política fiscal y un programa financiero compatibles con el resultado financiero requerido en el Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal». También dispuso que «las mejoras adicionales en el resultado financiero podrán determinar una reducción de la tasa de interés aplicable a los préstamos».

Urgencias presupuestarias

El Poder Ejecutivo justificó la refinanciación al señalar que «algunas provincias presentan requerimientos financieros que determinan la necesidad de asistir, reprogramar y/o redefinir el reembolso de las asistencias financieras que el Estado Nacional les ha brindado hasta la fecha».
En consecuencia, resaltó que «resulta necesario que el Estado Nacional, en función de sus disponibilidades presupuestarias y financieras, otorgue la asistencia requerida a los fines de apoyar el fortalecimiento de las condiciones necesarias para consolidar la gestión pública».