La oposición avanzó este miércoles en el Congreso con la firma de un dictamen de rechazo al decreto con el que el presidente Mauricio Macri habilitó que familiares de funcionarios pudieran ingresar al blanqueo de capitales. Entre los legisladores presentes se cruzaron por la pertinencia del decreto evaluado en la bicameral.
La Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, encargada de analizar los decretos de necesidad y urgencia (DNU), emitió un dictamen de mayoría en rechazo al decreto 1206, que contó con las firmas de los diputados y senadores del PJ-FPV, el Frente Renovador y el Interbloque Federal de Adolfo Rodríguez Saá.
Chocaron dos visiones, para el oficialismo el decreto firmado por Macri es uno simple, uno de reglamentación, por lo que no correspondía tratarlo en esa comisión confiaron fuentes parlamentarias a ámbito.com. Desde la oposición, en cambio, hicieron otra interpretación, consideraron que el Presidente se excedió y lanzó «un DNU encubierto» justamente para no pasar por la comisión revisora.
El decreto 1206 con el que Macri reglamentó la ley de blanqueo, dispuso que los familiares de funcionarios puedan declarar en el marco de ese nuevo régimen los bienes obtenidos con anterioridad al año 2010, pese a que la norma sancionada por el Congreso los excluía.
Durante la reunión de la comisión en el Salón Eva Perón de la Cámara alta, el senador chubutense del PJ-FPV Mario Pais consideró que «corresponde declarar la nulidad absoluta» del decreto y sostuvo que el presidente «claramente se excedió en sus facultades». Afirmó que «es en realidad un DNU sobre materia prohibida» – porque esos decretos no pueden referirse a cuestiones fiscales- y que, además, «altera la letra y el espíritu de la ley».
En respuesta, el senador de Cambiemos Luis Naidenoff subrayó que «la comisión tiene atribución exclusiva para tratar decretos de necesidad y urgencia y están expresamente excluidos los de reglamentación». Por su parte, el diputado de Cambiemos Pablo Tonelli se sumó al argumento de Naidenoff y agregó que, si hubiera un exceso reglamentario por parte del Poder Ejecutivo, «no hay otra vía que la judicial» para objetarlo, y recordó que el diputado del Frente Renovador Felipe Solá ya accionó ante la Justicia.