EL PAÍS TERMINÓ EL 2016 CON UN ENDEUDAMIENTO CERCANO AL 50% DEL PBI. EN ENERO DE ESTE AÑO MACRI VOLVIÓ A TOMAR DEUDA POR UNOS 17 MIL MILLONES DE DÓLARES. Y SÓLO 1 DE CADA 3 DÓLARES DE AUMENTO DE DEUDA VA A INVERSIÓN

¿Quién para esta pelota?

El gobierno presentó el proyecto de presupuesto para el ejercicio 2017 no hace mucho, y un alto porcentaje de observadores señalaron como aspecto muy positivo, que se recupera el presupuesto como instrumento de planificación de la política pública luego de más de una década de poca claridad y manejo de los datos. Según IDESA, con esto se puede enriquecer el debate sobre las políticas públicas y se facilita el control social sobre la gestión del Estado.
La principal debilidad sin embargo parece ser que se observa una inercia que limita los avances hacia una mejor organización del Estado. Esto lleva a un crecimiento del endeudamiento público que no es sostenible en el tiempo.
En términos agregados, el proyecto prevé para el sector público nacional un incremento tanto de los ingresos como de los gastos totales del orden del 22% anual. Esta simetría trae como consecuencia un déficit fiscal primario de $226 mil millones (2,3% del PBI) y un déficit financiero total –computando el pago de intereses de deuda pública– de $482 mil millones (4,9% del PBI). Si no se computaran las transferencias del Banco Central y de la ANSES como ingresos del Estado nacional, el déficit financiero total sube a 6,8% del PBI.
Mantener la meta de reducir la inflación con un déficit fiscal tan elevado obliga a apelar al endeudamiento público. Las condiciones internacionales e internas dan viabilidad a esta estrategia, pero tiene baja sostenibilidad en el tiempo. Esto se puede observar en el propio presupuesto donde se proyecta para el sector público nacional en el año 2017 que:
. La deuda pública se incrementará en unos U$S 37 mil millones.
. Los gastos de capital se prevén en U$S 13 mil millones.
. Esto implica que sólo 1 de cada 3 dólares de aumento de la deuda pública se destinará a inversión pública.
Estos datos muestran que mantener un déficit fiscal elevado requiere apelar al endeudamiento público para cubrir gastos corrientes y renovar deuda que vence. La contrapartida es un nivel relativamente bajo de inversión pública. Contraer créditos que sólo en parte son destinados a invertir, implica posponer sacrificios presentes por mayores sacrificios futuros.

Espiral complicada

De hecho, la deuda tiende a crecer a un ritmo superior a la capacidad de repago debido al insuficiente esfuerzo de inversión. Dicho de otra manera, la falta de austeridad actual tendrá que ser asumida en algún momento del futuro.
El proyecto de presupuesto denota una tendencia inercial respecto al manejo del Estado de los últimos años y un dejo de conservadurismo. Esto se puede explicar por el fallo de la Corte referido a las tarifas, las condiciones de la coyuntura política y social y también por las tentaciones de disponer de recursos en el nivel central para asignarlos discrecionalmente. Pero se trata de una estrategia que tiene costos y que no es sostenible en el tiempo.
Hay espacios para dar racionalidad al gasto público. Por ejemplo, si bien hay una reducción de los subsidios económicos, se mantiene la asignación de fondos a actividades no estratégicas o que directamente implican derroches injustificados no sostenidos por decisiones judiciales. Aquí cuentan las transferencias por U$S 4 mil millones previstas para empresas públicas, muchas de las cuales son inviables o que deberían auto-sustentarse como la administración ferroviaria (U$S 1.400 millones), AySA (U$S 740 mil millones), NASA (U$S 310 millones), Yacimiento Carbonífero de Río Turbio (U$S 213 millones) o Radio Nacional y la Televisión Pública (U$S 140 millones, generando sólo un 10% de ingresos de operaciones propias).
En sentido análogo aparecen transferencias para gastos corrientes de provincias y municipios en el orden de los U$S 3,4 mil millones generando solapamientos, ineficiencias y dilución de responsabilidades entre jurisdicciones.
La recuperación de la transparencia y la sinceridad en la formulación del presupuesto debería motorizar un diálogo maduro con la oposición que lleve a asumir que los derroches presentes fatalmente implican sacrificios futuros. Durante el gobierno anterior, los costos de los derroches se pagaban con inflación. Con la estrategia de financiar despilfarros vía deuda pública, las consecuencias se posponen pero no se evitan. Por eso es clave inducir una actitud más dinámica e innovadora respecto a la organización del Estado eliminado intervenciones poco rentables o que, siendo en área prioritarias, implican costosas superposiciones con responsabilidades de las provincias y los municipios.

Siguen los manotazos

Con esta lógica, y casi terminado el primer mes del año 2017, lo que se puede afirmar con contundencia es que el Gobierno tomó deuda por 17 mil millones de dólares
En enero el Gobierno se adelantó a la asunción de Donald Trump para la emisión de deuda en el mercado internacional, y en apenas 30 días tomó 13.000 millones de dólares mediante tres instrumentos: un préstamo bancario de corto plazo, y dos bonos a 2022 y 2027. Se suma a esto los 4.036 millones de dólares que tomó en el mercado local, apurado por el temor a la volatilidad global que pudiera causar con sus declaraciones y medidas el nuevo presidente de los Estados Unidos.
Así sumó 17.036 millones de dólares, el equivalente al 42,2% de los 40.350 millones necesarios para cumplir con el programa financiero de todo 2017.
“Primero, el ministro de Finanzas, Luis “Toto” Caputo, tomó 1.350 millones de dólares en el mercado local con Letras del Tesoro (Letes) a 91 (1.348,2 millones de dólares) y a 182 días (348,2 millones de dólares), a 3% y 3,3% anual respectivamente.
Luego, cerró un acuerdo con seis bancos por un total de 6.000 millones de dólares –mil millones cada uno- a 180 días a tasa Libor (90)+ 2,9% en un préstamo “repo”. Como este crédito vence en julio y tiene por garantía bonos Bonar 24 –por una cantidad que Finanzas se negó a informar-, es posible que en julio se realice otra emisión o se realice un nuevo repo por el monto que el Estado no logre cancelar al igual que hizo el Banco Central en julio del año pasado”, detalló LPO.
Una semana más tarde salió al mercado internacional con 7.000 millones de dólares con dos bonos, uno a 5 (3.250 millones de dólares) y otro a 10 años (3.750 millones de dólares) al 5,625% y 7% respectivamente.
En esa ocasión, se suponía que iba a tomar 5.000 millones de dólares en bonos en dólares y otros 2.000 millones de dólares en títulos nominados en pesos. Pero de esta última licitación no hubo noticias. Por el contrario, Caputo aprovechó que Macri lo había autorizado a emitir hasta 20.000 millones de dólares, y tomó la totalidad de los 7.000 millones en divisas.

Apelando a todo

Este último jueves, emitió también bonos en pesos y una partida adicional de dos Letes ambos en el mercado argentino. Con estos tres instrumentos el ministerio de Hacienda se hizo del equivalente a aproximadamente otros 2.686 millones de dólares.
De estos, una parte está en pesos. Se trata de la los $11.741 millones de Boncer (Bonos del Tesoro ajustados por el Coeficiente de Estabilización de Referencia) que pagarán la tasa CER+2,5%, aunque se licitaron sobre la par. Al tipo de cambio del Banco Central equivalen a 739 millones de dólares.
Lo que resta sumar son los 1.500 millones de dólares que se recaudaron gracias a la emisión de Letes a 77 días al 3% anual y otros 447 millones de dólares de la colocación de Letes a 168 días al 3,3%.
Como señaló Caputo, del total a emitir este año, aproximadamente la mitad será para cancelar deudas ya existentes, por lo que solo 20.000 millones de dólares serán de deuda nueva. En este sentido, junto con el resultado de la licitación de las últimas Letes, el Ministerio comunicó que «La liquidación de dichas letras será el lunes 30 de enero, día en que vencen 1.300 millones de dólares del programa de Letras del Tesoro en Dólares, por lo que el incremento neto del programa será de USD 647 millones».
Por ende, al 31 de enero el Gobierno habrá incrementado la deuda pública en 16.389 millones de dólares. La próxima licitación de Letes será el 16 de febrero que sumarán deuda sobre los 6.700 millones de dólares en Letes emitidos en 2016 y los nuevos 1.997 millones de dólares tomados en enero. Todo un tema.

Fuentes: IDESA, CIPECC, NA, LPO, propias

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