A veinticuatro horas que el presidente Mauricio Macri se presente ante la Asamblea Legislativa y emita su informe sobre los actos de Gobierno de su primer año de gestión, analistas advierten que de los 17 proyectos que anunció en ese mismo ámbito en 2016, sólo se aprobó la mitad.
Según un análisis de Diego González*, una hora y un minuto duró el primer discurso Mauricio Macri ante la Asamblea Legislativa hace casi un año. Durante esa alocución dedicó gran parte del tiempo a denunciar cómo encontró las cuentas del Estado y a plantear cuáles serían los ejes de gobierno para su mandato, sin embargo sólo usó nueve minutos para listar los proyectos de ley que el Ejecutivo iba a enviar al Congreso para su tratamiento.
En rigor, el Presidente cumplió y remitió los 17 proyectos de ley que anunció a los legisladores, sin embargo sólo 8 fueron aprobados y 9 esperan en el Congreso, algunos de estos tienen media sanción, otros están en tratamiento y el resto directamente naufragó. Si bien la negociación fue la clave del año legislativo de Cambiemos no todos las iniciativasavanzaron y muchos fueron y volvieron entre las cámaras.
El primer pedido del jefe de Estado fue que se refrende el Acuerdo de París sobre Cambio Climático que había sido aprobado en Francia en diciembre de 2015 por Argentina junto a 195 países miembro de la ONU. El proyecto fue sancionado sin problemas en ambas Cámaras. El segundo, luego del traspié de nombrar en comisión a los jueces de la Corte Suprema Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, el Gobierno envió los pliegos que fueron aprobados por el Senado.
Entre las propuestas sociales el Presidente propuso la ampliación de la Asignación Universal por Hijo mediante una ley, pero en los hechos hizo la modificación por DNU que luego fue avalada en el recinto. Otra norma social fue la restitución del IVA a jubilados y beneficiarios de planes en las que hubo cruces entre oficialismo y oposición por los destinatarios finales y los topes del reintegro. En otro punto el Presidente habló de darle «una repuesta sustentable al reclamo por el 82% móvil» para las jubilaciones y para ello se envió y sancionó la llamada reparación histórica para jubilados junto con una nueva ley de blanqueo de capitales.
También se aprobaron tres normas de importancia para el Gobierno como la ley de Acceso a la información pública, que obliga a los poderes del Estado a brindar información requerida, la ley del arrepentido que sufrió cambios en la cámara revisora y regresó a la de origen y la ley de participación publico privada que días atrás fue reglamentado.

Los pendientes

Los proyectos que no avanzaron están en diferentes instancias de tratamiento. Algunos tienen media sanción e incluso el Ejecutivo los incluyó en el fallido temario de sesiones extraordinarias de diciembre que finalmente no fueron tratados porque el debate por la modificación del impuesto a las Ganancias ocupó todo ese período.
En este grupo están una que propone incorporar a la educación obligatoria a la sala de tres años y otra que prevé crear un instituto de calidad y equidad educativa, proyectos que Macri calificó como «primarios para nuestro futuro». Otras dos son una norma una relacionada al fortalecimiento de la Justicia Federal y una que aprueba el régimen de extinción de dominio y repatriación de bienes.
«Tenemos que cambiar la tendencia en la lucha contra el narcotráfico y eso va querer de muchos cambios legislativos que espero que el Congreso trate con la seriedad y la velocidad que el tema requiere», reclamó el mandatario. En esa batería de normas algunas fueron aprobadas como la ya mencionada ley del arrepentido y la de flagrancia pero otros siguen pendientes como las modificaciones de los tribunales.
Las iniciativas que quedaron aún en comisión son la reforma del código procesal penal, la subrogantica de jueces y la reforma del Consejo de la Magistratura. Y entre los fracasos están la modificación del Ministerio Público Fiscal y la reforma política. La primera cayó en el debate en comisión por la oposición de la aliada del Gobierno Elisa Carrió y la segunda naufragó en el Senado luego que la oposición, con mayoría, pidiera más tiempo para debatir con lo cual quedó trunca la posibilidad de implementar el E-voto en las elecciones de este año.
Habrá que ver cuáles serán las los proyectos que el Presidente pedirá para a la Asamblea Legislativa este miércoles, se descuenta que realizará un repaso de lo logrado y reclamará la sanción de normas pendientes como la reforma del mercado de capitales, la ley de emprendedores y más modificaciones en la Justicia.

Cómo será el arranque?

La Fundación Directorio Legislativo elaboró un informe que detalla cómo es el proceso del inicio del trabajo legislativo en 10 países.
Este miércoles 1ro. de marzo, Mauricio Macri dará inicio formal al 135° período de sesiones ordinarias en el Congreso. En nuestro país, es mandato del presidente abrir el año parlamentario, según lo establece el artículo 99 inciso 8 de la Carta Magna. En la ocasión, el jefe de Estado debe “dar cuenta del estado de la Nación, de las reformas prometidas por la Constitución, y recomendando a su consideración las medidas que juzgue necesarias y convenientes”.
Pero no en todos los casos es así. En Brasil, por ejemplo, el presidente no tiene la obligación constitucional de presentarse a la ceremonia de inicio de sesiones. En su lugar, suele enviarse al ministro de la Casa Civil –una especie de jefe de Gabinete- para que lo represente. De hecho, fue lo que hizo Michel Temer este año. El mensaje presidencial fue entregado al nuevo presidente del Congreso, Eunício Oliveira, por el jefe de la Casa Civil, EliseuPadilha.
En años anteriores tampoco fue frecuente la presencia del jefe de Estado. La expresidenta Dilma Rousseff presentó personalmente su mensaje a los congresistas solo en dos ocasiones; en 2011, durante el inicio de su primer mandato, y en 2016, en medio de la crisis de su gobierno. El resto de los años de sus mandatos, el mensaje de apertura fue entregado al Congreso por los ministros de la Casa Civil. Por su parte, el expresidente Lula da Silva compareció ante el Congreso sólo el primer año de su mandato.
En Ecuador, el período parlamentario está unido al período presidencial. Esto significa que los legisladores comienzan su mandato el mismo año en que comienza el mandato del presidente. Los legisladores toman su cargo el día 14 de mayo del año en que comienza su mandato, dando inicio de esta manera al período legislativo. Ahora bien, el presidente asume su cargo diez días después frente a la ya asumida Asamblea Nacional. Así, cada cuatro años, cada 24 de mayo – en conmemoración a la Batalla de Pichincha- el presidente electo asume el poder y brinda un mensaje hacia la Asamblea.
Para el inicio del periodo legislativo en el Congreso de México, el presidente no tiene la obligación de hacerse presente en la sesión de apertura. Quienes inauguran las sesiones son los presidentes de cada Cámara. Según el artículo 69 de la Constitución mexicana, el primer mandatario debe enviar a las Cámaras un informe anual de Gobierno, “en el que manifieste el estado general que guarda la administración pública del país”, sin la necesidad de asistir a la primera sesión del año.
En Venezuela el presidente tampoco tiene la obligación constitucional de participar del acto de apertura de la Asamblea Nacional. La manda constitucional venezolana, en su artículo 237, otorga al presidente un plazo de diez días, contados desde que la Asamblea es instalada (el 5 de enero de cada año), para brindar su informe anual de gestión. Desde que la Asamblea tiene mayoría opositora, el presidente Nicolás Maduro se presentó ante el Poder Legislativo solamente el año pasado, cuando brindó su balance de gestión del año 2015.
En el caso de Uruguay, no es necesariamente el presidente quien debe representar al Poder Ejecutivo en la inauguración de cada período parlamentario. La Constitución uruguaya, en su artículo 168, dispone que el presidente o sus ministros sean quienes presenten el informe de gestión anual ante los legisladores nacionales.
En el caso chileno, el Congreso Nacional tiene la potestad de decidir cuándo comienza su período legislativo. Además, el presidente no tiene la obligación de asistir a la apertura de sesiones. Sin embargo, rinde cuentas al Poder Legislativo cada 21 de mayo, en conmemoración de la batalla naval de Iquique. La denominada Cuenta Pública está establecida en el artículo 24 de la Carta Magna, y cuenta con la presencia del presidente de la República.
En Bolivia, las sesiones se inauguran el 6 de agosto de cada año. La Constitución boliviana obliga al presidente a presentar un informe de gestión ante la Asamblea Plurinacional en la primera sesión de cada año.
En el caso de Colombia, Paraguay y Perú, el esquema coincide con el argentino: en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, es obligatoria la presencia del Presidente para emitir su informe ante el cuerpo legislativo.

Fuentes: LN, AF, Parlamentario