La Corte Suprema de Justicia de la Nación pidió informes a la oficina encargada de las escuchas judiciales y al juez federal Ariel Lijo, al resolver intervenir para determinar si hubo responsabilidades administrativas en la filtración de intervenciones telefónicas hechas al extitular de la AFI Oscar Parrilli en una causa judicial.
Paralelamente, el juez federal Rodolfo Canicoba Corral quedó a cargo de una denuncia penal ya presentada por Lijo para investigar el origen de la filtración de esos audios.
Se trata de las escuchas entre Parrilli y la expresidenta de la Nación, Cristina de Kirchner, en el marco de la causa en la que el ex funcionario fue procesado por «encubrimiento agravado» del exprófugo Ibar Pérez Corradi, a cargo del juez federal Ariel Lijo.
En esa causa, el fiscal Guillermo Marijuan había solicitado la detención de Parrilli, al apelar el procesamiento sin prisión preventiva dictado por Lijo, pedido que el extitular de la AFI consideró «insólito e irracional».
Esta apelación será enviada a la sala II del Tribunal de Apelaciones junto a la que se especula presentará la defensa de Parrilli ante Lijo, una vez vencido el plazo para cuestionar el procesamiento.
Mientras tanto, la Corte resolvió tomar «intervención a efectos de deslindar cualquier responsabilidad administrativa de los agentes intervinientes». Lo hizo en base a «los principios de transparencia y confidencialidad que deben regir la actuación de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación».
Por ello, en la resolución firmada ayer, el máximo tribunal del país requirió a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación -Oficina de Captación de Comunicaciones- «que, a la mayor brevedad, tenga a bien informar al Tribunal toda circunstancia que se vincule con la actividad desarrollada por esa repartición» en esa causa penal.