La jueza Marcela Pérez rechazó el pedido de reducción de plazos por estímulo educativo solicitados por dos presos que presentaron certificados de cursos que no cumplen con los requisitos exigidos para acceder al beneficio. Se trata de Mario Suarez, condenado por el homicidio de Franco Ampuy, y de Edgardo López, quien cumple una condena por el crimen de Sabina Rojas.
En el expediente “LOPEZ Edgardo Ezequiel s/ incidente de Ejecución”, la jueza Pérez rechazó un pedido del defensor público Rodrigo García Palumbo a la reducción de plazos por estímulo educativo solicitada por los cursos de “Gestión Inmobiliaria”, “Gestión Automotor”, “Auxiliar Administrativo Contable” y “Secretario Jurídico”.
Todas las capacitaciones habían sido realizadas durante el año 2016, en un supuesto “Centro Especializado de Alta Capacitación” de la localidad de Caleta Olivia, en Santa Cruz. Los cursos, según los certificados presentados, eran “a distancia – online – por campus virtual”. El pedido de Palumbo era para que el condenado pudiera acceder, con ocho meses de anticipación, a los beneficios de las salidas transitorias y de la libertad condicional.

Un centro de capacitación “inexistente”

López está condenado por el crimen de Sabina Rojas, una comerciante que fue asesinada en su local para robarle, condena que fuera entonces ratificada por el Superior Tribunal de Justicia.
En la audiencia, realizada el miércoles en Tribunales, la funcionaria de fiscalía María Eugenia Vottero ventiló la investigación que demuestra que el “centro de capacitación” no existía en ningún registro. Incluso, en uno de los locales donde funcionaba, el dueño se fue y dejó sin pagar varios meses de alquiler. Ante ello, la funcionaria pidió que se rechazara el pedido de reducción de pena. La medida fue avalada por la jueza Marcela Pérez.
Uno de los datos es que otro preso condenado por homicidio, Mario Suarez, también presentaba certificados del mismo centro para pedir la reducción de plazos. Dicho pedido fue rechazado por el juez Horacio Yangüela.

Sin aval del Ministerio de Educación

Vottero sostuvo que “de averiguaciones efectuadas por la Fiscalía ante el ente que expedía los certificados, se estableció que lo mismo eran irregulares para ser presentados judicialmente”. La defensora Luciana Capone no hizo observaciones, pero dejó en claro que “son por cursos pagados por el condenado”.
Según indicaron desde la Fiscalía, si bien el certificado del curso dice que ha “asistido y aprobado el curso anual”, en este no consta que haya sido un curso autorizado por el Ministerio de Educación que avale su contenido, duración y forma de dictado.
De este modo, la jueza Pérez resolvió dejar sin efecto las salidas transitorias que gozaba López al encontrar “razón en los argumentos de la Fiscalía, corresponde dejar sin efecto los certificados cuestionados que fueran presentados por el condenado”. Además, la magistrada instó a la defensa para que presente cursos “serios”.