Por Ignacio Zuleta*

Los hombres que no vienen de la política actúan con preconceptos que les cuesta conciliar con la realidad. Uno de ellos es que los políticos van a ajustar sus conductas a las restricciones del sistema, cuando la realidad muestra que la política ajusta el sistema a sus intereses. El ciclo 1999-2002 demostró que los políticos en lugar de limitarse por las restricciones del sistema, resolvieron su supervivencia haciendo estallar el sistema: cayó un presidente cuyo mandato terminó quien había perdido la elección, y el país declaró el default de sus compromisos de crédito. Un banco de pruebas de esto es el proyecto de nuevo pacto fiscal que el gobierno nacional le propone a las provincias por tercera vez en casi 20 años.
Hasta ahora ha logrado, no sin esfuerzo, que un grupo de provincias se comprometan a discutir un sistema de Responsabilidad Fiscal que si se lograse alguna vez, convertiría a la Argentina en un paraíso fiscal, no en una guarida fiscal (tax haven). El pacto de Guaymallén (por la ciudad mendocina adonde se reunió Nicolás Dujovne con los delegados de 21 provincias), en realidad busca «una paulatina reducción del déficit y la convergencia a una situación de equilibrio presupuestario».
Para eso se reformula un Consejo ya existente, que administrará el régimen disciplinario y, por supuesto, una plataforma digital o sea una página en Facebook.

Si y Ni

Los delegados se comprometieron a que el Gasto Corriente Primario de todas las provincias (y CABA, en su caso) permanezca constante en términos reales, hasta el año 2019 inclusive. El punto que más resistieron los provinciales es el que dice que «la planta de personal no debe crecer por encima del crecimiento de la población».
El secretario de Provincias Alejandro Caldarelli – que acompañó a Dujovne – debió hablar por teléfono y de urgencia en medio de la negociación del documento final, con una decena de gobernadores para convencerlos que firmasen ese compromiso que toca los principios básicos de la gobernabilidad criolla: gobernar es dar trabajo.
Caldarelli se concentró en Juan Schiaretti, que actúa como jefe informante de los gobernadores peronistas, y logró que éste se plegase al pacto. No se sabe a cambio de qué. Caldarelli sabe de esto, porque fue Subsecretario de Programación Económica Regional del Ministerio de Economía de la Nación a finales del gobierno de Carlos Menem.

La experiencia vale

Ahora acompaña a Rogelio Frigerio, cuya consultora Economía & Regiones presidió entre 2000 y 2015. Sabe también de negociar con los cordobeses porque ya en aquel tiempo esta quimera de aferrar a los políticos con el corsé de un sistema, se intentó sin éxito. José Manuel de la Sota promovió entonces una ley de Convertibilidad Fiscal que era otra panacea que nunca se cumplió, pese a que la sancionó el Congreso en 1999.
En aquel momento el país declinaba con una recesión feroz, una deuda impagable dentro del calabozo de la convertibilidad. Los hechos demostraron que los políticos se saltan las restricciones del sistema y lo cambiar o lo destruyen cuando afecta a su gobernabilidad.

Va de nuevo

El proyecto actual de un nuevo Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno reformula el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal que se creó con otra norma posterior, la ley de responsabilidad Fiscal que logró Roberto Lavagna, ministro de Néstor Kirchner, en agosto de 2004, unos meses antes dejar esa función. Allí se programaron otras restricciones que no han evitado el crecimiento del gasto y del déficit, aunque adhirieron las provincias que están obligadas a su cumplimiento, algo que también persigue el nuevo proyecto. En la minuta que firmaron los enviados de 21 provincias, se incluye otra quimera: que se reduzcan y hasta eliminen los llamados «impuestos distorsivos» como Ingresos Brutos. esa caja es clave para todos los distritos y ya Domingo Cavallo intentó hace 20 años voltearla. Tenía mucho más poder político que el actual gobierno, y fracasó por la resistencia de los distritos de cambiar. La doctrina fiscal dice que ese tributo es regresivo y no fomenta la competitividad. Lo intentan siempre reemplazar por un tex a la última venta, una especie de IVA provincial, a la americana, como todo lo que se imagina por acá.

Lo quimérico

Pero esa discusión vendrá más tarde. Hasta ahora se ha debatido bajar un punto de IB para bancar créditos hipotecarios, algo que las provincias aceptaron mordiendo el freno.
Los más ilusorio es el proyecto de imponer «reglas de fin del mandato»: en los últimos 6 meses de mandato no se podrá aumentar el gasto corriente como, por ejemplo, pasar personal temporario a planta permanente. Con lo lindo que es nombrar gente cuando uno se está yendo, diría un cacique. También se prohibiría que en la despedida normas que impliquen donación o venta de bienes del Estado. Curiosa restricción al achicamiento del estado, algo que algunos gobernantes que se van intentan en la despedida para cumplir sin pagar el costo político, que lo traslada al sucesor. Más razonables es la constitución de un Fondo Anticíclico Fiscal que engorda cuando hay bonanza y se usaría cuando haya malaria. Habrá que poner también restricciones para que, en momentos de euforia y crecimientos, algunos quieran romper el chanchito para que la fiesta continúe.

Chanza y verdades

Uno de los jefes legislativos que frecuenta las mesas chicas del gobierno suele repetir esta chanza: «Cuando uno llega a esas reuniones, y escucha que uno de los CEOs dice: ‘Tengo una buena idea’, a uno le da gana de responderle: ‘Espero que se te pase rápido».
El conflicto entre las buenas ideas de los tecnócratas y los tiempos y modos de la política que puede hacerlas triunfar o fracasar, es un tópico del gobierno. Vuela con dos alas: los CEOs y los políticos. Unos ponen los cargos, los otros el agua para navegar. Los CEOs piensan en dique seco, y a veces intentan salir a dar una vuelta, hasta Carmelo diríamos, como ocurrió con el cálculo a la baja de las jubilaciones. Armaron una que casi terminó con la ley de ART.
En ese marco, insisten con definir que este intento de régimen de disciplina fiscal es una buena idea. ¿Se le pasará al gobierno?
La relación con los gobernadores es territorio de una de las disputas sordas más profundas, que no llega a la superficie porque las partes intentan amortiguarla. Por ahora…

Cada cual atiende su juego

La campaña está en pleno de desarrollo, el conflicto docente va por andariveles tortuosos que nadie quiere mezclar y lo peor sería salir en la foto equivocada. Mauricio Macri, antes de viajar a Holanda, discutió con la mesa chica si reclamarles a los gobernadores algún pronunciamiento sobre la huelga docente en Buenos Aires. Para un solo detalle: que alguno diga que no existe paritaria nacional, como reclaman los gremios, porque no hay convención colectiva de trabajo nacional, y que los que pagan los sueldos son las provincias. Que alguno de ellos, además de María Eugenia Vidal, lo dijera hubiera contribuido a la dialéctica de alguna fuga hacia adelante. Pero se descartó por algo que se conoce poco: que, de los 24 distritos, unos 17 ya han cerrado, discretamente, su paritaria. Algunos han firmado y otros están a punto de hacerlo. En esos distritos la huelga no existe y las clases se dictan con normalidad. Ni gobiernos provinciales ni gremios locales quieren mover el avispero hasta que Buenos Aires y Capital cierren su acuerdo. No quieren quedar en la foto inconveniente. Eso implica quedarse callados hasta nuevo aviso.
Con eso la Nación, que sufre el conflicto porque los gremios lo atacan y parte del público les da la razón, se pierde un recurso argumental importante. Pero dominó la actitud de que los gobernadores hagan la suya, la de siempre, que es que en todo debate siempre son los últimos en opinar. Lo hacen cuando todos han mostrado sus cartas. Cuando se les pregunta por ese hábito colectivo, responden que el poder radica en las provincias y que ellos son la última milla de la relación entre el poder y la gente(…).

Fuente: *ZuletaSinTecho