El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria manifestó su preocupación por la “selectividad” del sistema de justicia penal argentino en relación con las personas de diferentes orígenes socioeconómicos y de quienes participan en protestas sociales.
“Aquellos que se encuentran en una situación de vulnerabilidad como los niños, el colectivo LGBTI, los pueblos indígenas y los migrantes tienen mayor probabilidad de ser detenidos por la policía por la sospecha de haber cometido un delito o ‘demorados’ para verificar su identidad”, declaró una delegación del grupo al finalizar su segunda visita oficial a la Argentina para evaluar situaciones de privación de la libertad en el contexto del sistema de justicia penal, las discapacidades psicosociales y la migración.
“Resulta particularmente alarmante la respuesta desproporcionada de las fuerzas del orden ante las manifestaciones realizadas por los pueblos indígenas”, afirmaron los expertos en derechos humanos Sètondji Roland Adjovi y Elina Steinerte. “Exhortamos a las autoridades argentinas a que se abstengan de emplear una fuerza desproporcionada y reanuden el proceso de diálogo con las comunidades indígenas.”
La delegación señaló que la policía tiene amplias facultades de detención y que se usa en exceso la prisión preventiva, con un 60 por ciento de los detenidos en esta categoría.

“A menudo las comisarías se utilizan para alojar personas en prisión preventiva e incluso condenadas. No obstante, las comisarías no están equipadas para tal fin y el personal policial no es idóneo ni se encuentra capacitado para llevar adelante las funciones de agentes penitenciarios”, enfatizó el grupo, agregando que “alentamos a las autoridades a aplicar medidas alternativas a la detención en todos los casos posibles y, en especial, en aquellas instancias en que las personas enviadas a un centro de detención irán a un entorno inadecuado o en condiciones de hacinamiento, lo que en sí mismo sería una forma de castigo”.
El Grupo de Trabajo observó que, en el caso de menores de edad, la excepcionalidad en la privación de la libertad no se aplica como corresponde en la Argentina. “Durante nuestra visita, recibimos testimonios de casos de privación de la libertad y maltrato de menores de 16 años por parte de las fuerzas de seguridad”.
También, destacaron la situación de los denominados ‘pacientes sociales’ o personas con discapacidad psicosocial que no cuentan con los recursos ni con las redes sociales como para poder vivir con sus familias o en la comunidad y, por ende, están confinados a instituciones psiquiátricas durante años e inclusive décadas, sin perspectivas reales de liberación.

En relación con la detención de migrantes, el Grupo de Trabajo lamentó la adopción del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 70/2017, que modificó las disposiciones de la Ley sobre Política Migratoria Argentina N° 25.871 y eliminó salvaguardas importantes.
“La detención de migrantes debe ser excepcional, y puede justificarse únicamente si persigue un fin legítimo, es proporcional además de necesaria, y cuenta con el control judicial apropiado”, agregaron los expertos.
Del 8 al 18 de mayo, el Grupo de Trabajo visitó la Ciudad de Buenos Aires, así como las provincias de Buenos Aires, Chubut y Jujuy, donde mantuvo reuniones con las autoridades federales y provinciales y realizó consultas con un amplio espectro de representantes de la sociedad civil. Visitó 19 centros de privación de la libertad y entrevistó a unas 200 personas alojadas en dichas instituciones.
En septiembre de 2018, el Grupo de Trabajo presentará su informe final ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

El 80% de los presos en Chubut, condenados

El ministro del Superior Tribunal Justicia Alejandro Panizzi, confirmó el dato, tras participar días atrás de una reunión con el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria.
El evento se llevó a cabo el pasado 15 de mayo en el Salón Auditorio de la Secretaría de Cultura y la convocatoria la realizó la subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Chubut. El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria se encuentra realizando su segunda visita oficial a la Argentina para evaluar la situación de privación de libertad en el país.
La delegación, que está integrada por los expertos en derechos humanos Elina Steinerte y Sètondji Roland Adjovi, se encuentra visitando distintos lugares de privación de la libertad, incluidas prisiones, instituciones de atención de la salud y comisarías, para reunirse con personas privadas de su libertad con el fin de realizar una evaluación del sistema general de la Argentina.

Chubut, entre las primeras con más condenados

Durante la visita de diez días, los expertos visitarán la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, así como las provincias de Jujuy y Chubut, donde se reunirán con las autoridades federales y locales, la sociedad civil y otras partes interesadas, para elaborar un panorama completo y objetivo de la amplia variedad de cuestiones relativas a la privación de la libertad en la Argentina.
En el encuentro, la delegación se mostró interesada particularmente sobre aquellos casos de personas privadas de su libertad que no cuentan con Panizzi1condena firme. Al respecto Panizzi pudo explicarles que «en la provincia de Chubut y luego de la entrada en vigencia del nuevo código de procedimiento penal, la relación entre detenidos con y sin condena fue revertida favorablemente ya que hoy se puede afirmar que más del 80 por ciento de las personas privadas de la libertad están condenadas». Esta marca posiciona a Chubut en los primeros lugares en comparación con otras jurisdicciones.

Preventiva, por tiempo indeterminado

En ese orden y en relación al interés de la comitiva sobre el procedimiento penal en Chubut, Panizzi graficó que «en la provincia el dictado de la prisión preventiva es por tiempo determinado. Cumplido ese plazo se revé la situación procesal pudiendo ampliarse el plazo original o bien dictarse otro tipo de medida».
Este aspecto, que también fue implementando con la nueva norma procesal, se alinea justamente con las recomendaciones que hiciera públicas el Comité de las Naciones Unidas Contra la Tortura en su presentación de las observaciones finales a los informes periódicos quinto y sexto de Argentina sobre la implementación de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes en el país.