Por Ignacio Zuleta

Por amor y por espanto. El Gobierno necesita impulsar acuerdos políticos, sobre todo con un sector de la Corte molesto con el Ejecutivo. Para un grupo del peronismo, es la manera de despegar de la interna bonaerense.
A la par y según el diagnóstico más moderado, la Argentina tiene que habilitar herramientas de crecimiento que le permitan bajar el déficit sin recortar un gasto público que crece y que está comprometido por la política. Por ejemplo, para bancar el programa de los $30.000 millones en tres años para financiar a la “economía popular”, que es una ley. Eso para citar un extremo.
En el medio está la reforma laboral para alentar inversiones, el proyecto de ley de responsabilidad fiscal de las provincias y la Pandora que se guarda Dujovne con la reforma impositiva. Ninguna de esas normas podrá avanzar en el Congreso sin un acuerdo con la oposición. Lo saben todas las partes y eso explica el frenesí acuerdista que brotó en esa semana de descanso sin Macri en el país.
A esas amenazas se agregan las necesidades de una agenda inquietante, a saber. El debate del 2×1 que disparó el fallo de la Corte encendió otras luces de alarma en Olivos. Fuera cual fuese la trama doméstica de esa decisión, la oportunidad le hizo pagar un costo al Gobierno, que no se engaña con el efecto final: fue un claro mensaje del tribunal, en cabeza de su presidente Ricardo Lorenzetti, de que están en guerra. ¿Dice Macri que no comparte las críticas de Elisa Carrió? ¿Entonces por qué no frenó el pedido de juicio político? Por eso está ahí la sentencia del 2×1, que forzó al Gobierno a jugar de deudor.

El Gobierno en manos de la Corte

La señal de la Corte ilumina problemas no resueltos, que no tienen que ver con el pasado, pero que les complican el futuro a todos, y están en la cabeza de los dos ministros de las efectividades conducentes del Gabinete: Rogelio Frigerio y Nicolás Dujovne. Uno es el paquete de demandas de las provincias, que lograron en noviembre de 2015 un fallo que invalidó el descuento del 15% de la coparticipación con destino a las jubilaciones, para que se les devuelva el stock, el dinero descontado durante años. A la fecha de esa sentencia, el monto era $ 45.000 millones a cobrar por Santa Fe, Córdoba y San Luis. Con menos angustia, pero con la preocupación de no tener hoy una Corte amiga, el Gobierno espera otra decisión del tribunal que preside Lorenzetti: la demanda de Buenos Aires por la inconstitucionalidad de la ley que congeló el llamado Fondo del Conurbano. Si a esa sentencia siguiera un reclamo de los fondos adeudados desde que se congeló el fondo, implicaría un monto cercano a los $300.000 millones.
El presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, le habría enviado un claro mensaje al Gobierno. Esta percepción explica las principales discusiones de la semana, algunas discretas y a puertas cerradas, y otras más en descubierta. La más estridente fue la mesa del jueves en el Senado, adonde se sentaron los dos acuerdistas mayores del reino, Ernesto Sanz y Miguel Pichetto, junto a uno de los númenes supérstites de los pactos de la Moncloa, el economista Ramón Tamames. Lo acercó un ex funcionario de gobiernos radicales que tiene una empresa de cableado en Madrid, Eduardo Barrera, y lo hizo pasear por todos los cenáculos. Sanz y Pichetto fueron los promotores, apenas asumió Macri, de un acuerdo legislativo que contenía aprobación de leyes, quizás retoques en favor del peronismo en la renovación de la Corte y el reparto de fondos con las provincias según un formato superador del régimen anterior. Esos diálogos chocaron con la mesa chica de Olivos, que optó por el camino de negociar de una las iniciativas, sin un paraguas de gobernabilidad. “Nos ganaron Marcos [Peña] y Durán Barba”, ha recordado en algún momento Sanz, que hace ahora la rentrée del acuerdismo después de dejar la mesa de estrategia bipartidaria que sesiona los martes en la oficina de Peña. También lo convence a él la idea de que sin política fina no habrá economía próspera.

El peronismo, a punto de caramelo

Pichetto aporta la otra pata del acuerdo, desde la misma mesa. Antes intentó el “acuerdo del Bicentenario”. Ahora es el angel inventor del nuevo movimiento peronista del interior que ha tomado distancia de sus compañeros de la provincia de Buenos Aires. Esa formación se referencia en casi una decena de gobernadores, algunos con pretensión presidencial como Juan Manuel Urtubey, sus referentes en el Congreso y algunos espontáneos que se van quedando sin espacio en la pelea bonaerense de octubre, como el bloque “justicialista” que anima Diego Bossio. Esos grupos, en particular los gobernadores que se juntaron detrás de Juan Schiaretti en la casa de Entre Ríos, están a punto de caramelo para un acuerdo. Han tenido un año y medio para ver que la opción preferencial del macrismo por una alianza con Sergio Massa los ha desilusionado a todos. “Sergio ofrece kirchnerismo duplicado –se escucha en el Congreso–. Propuso en un año la doble indemnización, el cierre de importaciones por 90 días, ahora control de precios e inspección de góndolas”. El “grupo Pichetto” apuesta a replegarse a los distritos, abandonar la pelea por el control del partido en el orden nacional hasta después de las elecciones, y tomarles examen a los peronistas de Buenos Aires. Creen, como el Gobierno, que van a perder las elecciones con Cambiemos en esa provincia. Si eso ocurre, se rearmará el club de gobernadores que administró el partido desde los años 80 y propondrán una nueva estrategia. Un volver a 1989 en donde el PJ bonaerense será punto y no banca, como Duhalde lo fue de Menem. Por eso están a tiro de acuerdo.

Un desfiladero que necesita política

Estas percepciones las tienen claras los radicales, que tuvieron el martes un encierro de dirigentes de todos los niveles y sectores internos para escuchar el diagnóstico de José Luis Machinea en uno de los salones del hotel UNO en plaza del Congreso. Asistieron los jefes partidarios y legislativos como Ángel Rozas Mario Negri, José Corral, altos cargos como el director del banco Central Enrique Vaquié y referentes como Ernesto Sanz, Federico Storani y el organizador de la tenida, el hoy auditor Jesús Rodríguez. Según el diagnóstico del ex ministro, que se apoyó en un coqueto power point, el Gobierno transita por un desfiladero muy estrecho para sostener el equilibrio económico, lograr asegurar el incipiente crecimiento, bajar el déficit y mejorar los balances comerciales y de cuenta corriente. Para eso falta política; entonces hay que asegurar la política, y eso se asegura sólo con un acuerdo, dicen. Habrá que ver…

Fuente: ZuletaSinTecho.