EL GOBIERNO INICIÓ LA RONDA DE CONSULTAS POR LA NUEVA LEY DE FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS. EN PLENO AÑO ELECTORAL, EL MINISTRO FRIGERIO IMPULSA PROYECTO PARA REGULAR LOS APORTES PRIVADOS A LAS CAMPAÑAS

Recaudación bajo la lupa

El ministro de Interior, Rogelio Frigerio, puso en marcha ayer martes la ronda de consultas con partidos políticos, jueces de la Cámara Electoral y ONGs en torno a la reforma de la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos para regular los aportes privados a las campañas electorales.
Según informaron fuentes de Interior, Frigerio recibió en el Salón de los Escudos de su ministerio a las organizaciones de la sociedad civil vinculadas a los partidos políticos, entre ellas Poder Ciudadano, CIPPEC y Transparencia Internacional.
Junto a Frigerio estuvieron presentes el secretario de Asuntos Políticos, Adrián Pérez, y los diputados nacionales Silvia Lospennato (Pro) y Fernando Sánchez (Coalición Cívica).

Transparentar

“Para nosotros la transparencia, el fortalecimiento de las instituciones, de la democracia, y por ende de los partidos políticos, son cuestiones fundamentales. Queremos que haya control sobre el dinero que reciben y gastan los partidos políticos, queremos transparentar el financiamiento de la política”, remarcó el ministro Frigerio en la presentación de la mesa de trabajo.
Por su parte, el secretario de Asuntos Políticos e Institucionales manifestó que «el eje de la propuesta es la transparencia” y recalcó: “A partir de esta demanda de la sociedad civil trabajaremos este año en la redacción de un proyecto de ley que surja del consenso con todos los actores involucrados en el tema». También participó de la reunión el subsecretario de Asuntos Electorales, Ezequiel Fernández Langan.

Fondos oscuros

El proyecto puesto en debate por el Poder Ejecutivo busca evitar el financiamiento en negro de la política y aumentar los controles para que los gastos de campaña estén disponibles para la ciudadanía y la Justicia en tiempo real.
Para ello, se propone la sanción de una nueva Ley de financiamiento y modificaciones al régimen de campañas del Código Nacional Electoral.
Las reformas propuestas abordan las principales deficiencias del régimen vigente a partir del diagnóstico de los especialistas, la Justicia y los partidos políticos.

Restricciones

Los puntos más destacados de esta iniciativa son: Todos los aportes a las campañas deberán ser vía transferencias bancarias. Implementación de un registro de aportes y gastos en tiempo real disponible online para el control ciudadano. Habilitación de aportes de personas jurídicas hasta un 2% del gasto total de la campaña para evitar contribuciones en negro. Creación de un registro de proveedores de bienes y servicios para campañas electorales, a fin de llevar un mejor control de los gastos.
Además, se involucrará a los organismos encargados del combate contra el lavado de dinero en el control de los aportes. Se elevará a 24 el número de auditores de las campañas (actualmente son ocho). Se establecerán nuevas restricciones a la publicidad oficial y de actos de gobierno durante el período de campaña y un sistema especial de sanciones por el uso de recursos públicos para fines partidarios.

El PJ resiste los cambios

En el encuentro realizado en el Salón de los Escudos del Ministerio del Interior, participaron distintas organizaciones no gubernamentales como Poder Ciudadano y CIPPEC y apoderados de los principales partidos políticos, aunque representantes de estos últimos, se opusieron a que se impulse una reforma electoral cuando ya se encuentra en marcha el proceso para las elecciones legislativas de octubre.
Tras la negativa planteada por el apoderado del PJ, Jorge Landau, que advirtió «que no es transparente introducir cambios en las reglas de campaña, cuando se está realizando ya el proceso electoral y faltan casi 40 días para la conformación de alianzas», Pérez aclaró que de no conseguir consenso, el tema podría tratarse «después de estas elecciones».

Construir consensos

Tras el encuentro, Pérez afirmó que desde el Gobierno «estamos tratando de construir un consenso para presentarlo en el Congreso, veremos si este es el año, teniendo en cuenta que se acercan las elecciones para abordar este tema, pero sí dejar en claro que hay un eje planteado por el Ejecutivo para avanzar en la transparencia de las elecciones».
«Creemos que tiene que empezar a debatirlo el Congreso, por lo menos mostrar la decisión del Ejecutivo en este tema, luego veremos si el Congreso lo trata este año», agregó.

En pleno año electoral

Landau advirtió que «la hipótesis de darle estado legislativo este año no parece transparente que se busque en este momento introducir elementos de debate de las reglas de campaña electoral sabiendo que no hay tiempo legislativo para darle aprobación al mismo».
«No solo fueron convocadas las elecciones, faltan 40 días para constituir las alianzas. Ya está todo lanzado, pretender introducir elementos de modificación no parece una práctica adecuada. La modificación de las leyes electorales deben realizarse en años no electorales», enfatizó el apoderado del PJ.

Bancarizar los aportes

Al abrir el encuentro, del que también participó Fernando Sánchez por la Coalición Cívica, Frigerio anunció que con la de ayer para consultar la opinión de las ONG’s, «arranca una ronda de diálogo con los distintos sectores, y continuará en reuniones sucesivas con los partidos políticos, legisladores y el Poder Judicial».
«Es un capítulo más de una amplia reforma que queremos impulsar en la República Argentina para transparentar el financiamiento de las campañas electorales y del funcionamiento de los partidos políticos y el sistema democrático», indicó Frigerio tras aclarar que el Gobierno lo que plantea es «una hoja de ruta» y que aceptará incorporar modificaciones al proyecto teniendo en cuenta las opiniones de los distintos sectores.
Entre las propuestas planteadas por el Gobierno figuran además de establecer la obligación a todos los partidos de «bancarizar totalmente los aportes y gastos de campaña electoral», la aceptación del aporte de «empresas privadas con un límite del 2 por ciento del gasto total de campaña» de cada partido o candidato, y crear un sistema de «controles y auditorias con eje en la Cámara Nacional Electoral» y entrecruzamiento de datos de los bancos, la UFI y la AFIP.

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