LOS ACUSA DE NEGLIGENCIA PRESUMIENDO QUE LA NENA SE AHOGÓ

Zumara: El juez cree que los padres son responsables de la muerte

El abogado de la familia de la nena, Javier Reuter, pidió a través de un escrito “la impugnación” del resolutorio del juez Nieto Di Biasse, por el que los padres de la beba habían sido imputados, y afirmó: “En el presente caso mis asistidos son investigados por la supuesta responsabilidad que les cabría en la muerte de su hija Zumara Orias, en la pretensión de que murió ahogada por negligencia de ellos; pero esta defensa entiende que se trató de un homicidio calificado”.
Además agregó que “recurriendo a un criterio de oportunidad (Art. 44 punto segundo C.P.P.), el fiscal Fabián Moyano entendió que corresponde el sobreseimiento de los padres, pues demasiada es la pena que sufren ante la pérdida de la vida de su hija, y que basta con el castigo moral sin necesidad de una condena; pero pretendía que los padres se reconocieran responsables de dicha muerte, confundiendo el instituto del ´criterio de oportunidad´ con un ´juicio abreviado´ que, lógicamente, nos cierra todo camino para esclarecer el crimen de Zumara Orias”.
A su vez, Reuter sostuvo que “por supuesto que los padres rechazan esta postura, como lo haría cualquier padre al que le mataron a su hija, pero lo incorrecto de la interpretación que hace de la norma el Juez Nieto Di Biase, es que no toma en cuenta la decisión fiscal de no pedir pena y no continuar con el procedimiento, pretendiendo que el no reconocimiento por parte de los padres de su culpabilidad, impide la aplicación del criterio de oportunidad, cuando el mismo habilita al imputado a pedir que se modifique los fundamentos del sobreseimiento”, clarifica el letrado.
Finalmente, añadió que “lo concreto es que pretendían que sin debate y sin juicio abreviado, se reconozcan hechos totalmente falaces, nada menos que (hacerse cargo de la muerte de su hija)”, concluyendo que “entendemos que el juez debió haber resuelto a favor del sobreseimiento, sin fundarlo en el reconocimiento de la supuesta responsabilidad en la muerte de la menor, y sí fundándolo en la decisión fiscal de cerrar la causa sin pedido de pena, violando de esa forma el derecho de defensa en juicio”.

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