La última elección presidencial dejó al descubierto las graves irregularidades que cometen los partidos políticos en campaña. Y también la insuficiencia de los controles del Estado y los vacíos legales de la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos, que facilitaban el manejo de fondos de dudoso origen por parte de los partidos políticos. Aunque para las próximas Legislativas nada va a cambiar, el Gobierno dará un paso en los próximos días: enviará al Congreso la reforma de la ley 26.215, con el objetivo -y el acuerdo de buena parte del arco político- de avanzar con su tratamiento luego de las elecciones para que pueda comenzar a implementarse en 2019.

Luego de varias jornadas de debate, que comenzaron en julio del año pasado y en las que participaron jueces electorales, partidos políticos y representantes de ONGs como Julia Pomares (Cippec), Daniel Zovato (IDEA Internacional) y Pablo Secchi (Poder Ciudadano) y Delia Ferreira Rubio (Transparencia Internacional), entre otros; el Gobierno dio por cerrado a principios de mayo el debate e incluyó las principales sugerencias de los expertos.
El proyecto, que ya está listo y fue girado al secretario de Legal y Técnica Pablo Clusellas, es un pedido expreso del Presidente al ministro del Interior Rogelio Frigerio. El encargado de acercar posiciones y trazar los lineamientos fue el secretario de Asuntos Políticos Adrián Pérez, quien busca revancha luego de que el Congreso frenara el tratamiento de la reforma electoral y el voto electrónico.

La iniciativa, a la que accedió Clarín, tiene diez cambios centrales. Pero los especialistas sostienen que el más trascendente es la «bancarización» casi total de los fondos de los partidos. Esto servirá, aseguran, para asegurar el control de origen de los fondos y garantizar, por ejemplo, que detrás de una campaña haya dinero proveniente del narcotráfico y de la corrupción.

El artículo 14, que habla de las donaciones que reciben las agrupaciones, establece que «las contribuciones o donaciones en dinero deben ser efectuadas únicamente mediante transferencia bancaria, cheque, tarjeta de crédito o débito, o plataformas y aplicativos digitales que permitan la identificación fehaciente del donante». En este sentido, el Gobierno y los partidos políticos impulsaron un «sinceramiento»: esto es que se habilitará los aportes de personas jurídicas (empresas) en las campañas electorales, algo hasta el momento prohibido por la ley pero que en la práctica sucede. Sin embargo, el artículo 59 fija que los aportes no podrán ser «por montos superiores al dos por ciento (2%) de los gastos para esa campaña». Esto contribuirá para que ninguna empresa «compre» una candidatura.