La iniciativa fue presentada, antes de que el Concejo Deliberante entrara en receso invernal, y el objetivo de los ediles del bloque Frente para la Victoria era que la adhesión fuera votada sobre tablas durante la última Sesión Ordinaria; sin embargo, el proyecto fue enviado a comisión, lo cual generó cierto resquemor, teniendo en cuenta que la Ley Provincial, cuya autoría también había sido del mismo espacio político, fue finalmente aprobada por la Legislatura del Chubut.
Se trata de una iniciativa que busca otorgar beneficios a las víctimas de violencia de género, desde el mejoramiento en la atención y la contención, hasta la posibilidad de la inserción laboral y el otorgamiento de créditos a tasas bajas para impulsar los emprendimientos productivos.
Sin embargo, distintos puntos de la Ley son cuestionados, debido a lo difícil que sería ponerlos en práctica; por ejemplo, el otorgamiento de un cupo del 2 por ciento “real y efectivo” para que las víctimas de violencia de género puedan ingresar a la administración pública provincial, aún sin que fuera determinar un esquema que evalúe la idoneidad, o la capacitación, de aquellas personas que podrían cumplir funciones en algún organismo público.
Por otra parte, el 0,001 por ciento del Presupuesto provincial, esto es, unos 4 millones de pesos, se constituye como una suma escasa, según indicaron distintos especialistas que analizaron la Ley, para que la misma sea aplicada de manera efectiva durante los dos años de vigencia previstos en el documento aprobado por los legisladores.

Capacitación a agentes de contención

En función de la Ley Provincial XV 23, los ediles que plantearon la iniciativa consideraron que “resulta necesario fortalecer todas las medidas de prevención contra la violencia de género, creando planes nacionales, provinciales y municipales de acción” y que “a través de esta Ley se garantiza el acceso universal a los servicios esenciales, siendo, como mínimo, las necesidades urgentes e inmediatas de las víctimas y sus hijos e hijas, contando con intervenciones rápidas para su seguridad y protección, con viviendas y/o refugios dignos, con seguimiento y apoyo psicosocial, con ayuda jurídica gratuita, entre otros derechos”.
A su vez, entendieron que “esta norma otorga formación y capacitaciones para aquellas personas que trabajan en los servicios esenciales, como policías, abogados, trabajadores sociales, personal de la salud, y todos aquellos que presten servicios para atención a las víctimas”.

Autonomía económica de las víctimas

Por otra parte, valoraron que “esta normativa otorga recursos públicos adecuados para ejecutar las leyes y políticas existentes, reconociendo el costo y las consecuencias devastadoras de la violencia, no sólo por las vidas que han sido afectadas, sino también para la sociedad y la economía en general, así como en relación a los presupuestos públicos”, agregando que “esta Ley colabora a mejorar la autonomía económica de las víctimas, garantizando oportunidades económicas y laborales, ayudando a no permanecer en situaciones de violencia, explotación y/o abuso” y que “el Capítulo III Artículo 108 inciso 23 de la Carta Orgánica Municipal establece que son obligaciones y atribuciones del Concejo Deliberante adherir a las Leyes Nacionales y Provinciales, con el voto nominal de los dos tercios (2/3) del total de sus miembros”.
Por tal motivo, invitaron a “adherir, en todos sus términos, a la Ley Provincial XV 23 ‘Declárese la Emergencia Pública en materia de Violencia de Género en el ámbito de la Provincia del Chubut’, aunque restará que, al retorno de las Sesiones Ordinarias y de la actividad regular del Concejo Deliberante, dicho proyecto sea tratado en Comisión.