El titular de la Asociación Víctimas de la Delincuencia, Ángel Gersi, se refirió a la nueva legislación que, a nivel nacional, otorga mayores garantías a las víctimas de delitos antes y durante el desarrollo de una causa; se trata de la recientemente sancionada “Ley Nacional de Protección, Derechos y Garantías de las Víctimas de delitos”, que busca reconocer y garantizar, los derechos de las víctimas de delitos y de violaciones a los derechos humanos, entre otras cuestiones.
A su vez, trazó un análisis de la situación actual de Puerto Madryn en cuanto al delito, y el abordaje que suele realizar la asociación de una temática tan sensible como lo es, en muchas ocasiones, la pérdida de un ser querido a manos de la inseguridad y el delito.
La normativa establece, en primer lugar, que la víctima es entendida como “la persona ofendida directamente por el delito”, así como también contempla “al cónyuge, conviviente, padres, hijos, hermanos, tutores o guardadores en los delitos cuyo resultado sea la muerte de la persona con la que tuvieren tal vínculo, o si el ofendido hubiere sufrido una afectación psíquica o física que le impida ejercer sus derechos”.
En este contexto, la nueva ley otorga a las víctimas, sin ser efectivamente querellantes, el derecho a asistir a las declaraciones de los testigos, con la facultad para formular preguntas y solicitar aclaraciones a través de su patrocinante o fiscal interviniente, y a recibir asesoramiento y asistencia, tanto en el proceso, como durante la ejecución de la pena.
También, prevé la creación de la figura del “Defensor de Víctima”, cargo que será ejercido en las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; dicho rol deberá “ejercer la asistencia técnica y patrocinio jurídico de las víctimas de delitos en procesos penales, en atención a la especial gravedad de los hechos investigados y siempre que la limitación de recursos económicos o situación de vulnerabilidad hicieran necesaria la intervención del Ministerio Público de la Defensa”, entre otras cuestiones.

Querellantes

Gersi sostuvo que “será necesario leer la letra chica de la nueva ley, porque sino, muchas veces, estas cosas quedan a voluntad de los gobiernos o funcionarios”, agregando que es necesario saber “de quién va a depender, sobre todo en lo relativo a la figura del abogado querellante, que es, particularmente, lo que más nos interesa a nosotros”.
En esta línea, planteó que “como víctimas, sabemos que lo primero que uno necesita es contar con un abogado querellante, y lo cierto es que nosotros luchamos durante cuatro años con la gestión del gobernador Buzzi y, lamentablemente, el abogado querellante que había para las víctimas en la provincia lo habían sacado” y recordó que “venimos, desde hace mucho tiempo, luchando por la implementación de este abogado, sabemos que es fundamental que la víctima lo tenga; el tema es saber de quién va a depender, y por lo que entendemos, sería de la Secretaría de Justicia de la Nación”.

Aguardan la puesta en marcha

Además, indicó que “esperamos que sea rápido y resta ver cómo será la implementación en cada una de las provincias y ciudades”, además de que “las personas que más o menos seguíamos este tema y lo que sucedía en Buenos Aires, sabíamos que se iba a implementar, me parece que los diferentes casos que van ocurriendo en el país también llevan a que las personas que están en el Poder Legislativo trabajen un poco más, en el sentido de crear leyes que acompañen a las víctimas”.
Sin embargo, “el tema es la implementación”, señaló, añadiendo que “uno siente que hay muchos beneficios para las víctimas, pero la verdad es que no siempre se aplican, porque no están reglamentadas”.
En muchas ocasiones, por no mencionar la mayoría de ellas, la implementación de nuevas normativas y legislaciones en el ámbito penal ocurre luego de ocurrido uno o más delitos graves, en función, también, de la presión que la opinión pública ejerce sobre el ámbito político y, principalmente, sobre los actores políticos responsables de diagramar nuevas leyes.

Crimen y legislación, o viceversa

En este sentido, consultado sobre si “se está llegando tarde” en el sentido de que se actúa, políticamente, luego de ocurrido el hecho, y que ello podría evitarse si las instituciones funcionaran como debieran, Gersi opinó que “en algunas partes, se llega tarde; la implementación del abogado querellante depende del gobierno de turno, eso hay que decirlo” y señaló que “cuando ocurrió el asesinato de nuestro hermano (por Jorge Gersi), en 2008, existía dicha figura, pero con un cambio de gobierno, el mismo pasó a un cargo superior y, en su lugar, no lo reemplazó nadie; esto ocurrió en nuestra provincia, mientras que en otras, directamente no existe la figura”.
A su vez, planteó que “lo cierto es que hay muchos casos que toman repercusión a nivel país, y hacen que, muchas veces, los funcionarios se pongan a trabajar sobre ello, pero lo que uno espera es que esto (por la nueva Ley) se implemente de manera rápida, porque hay muchos beneficios para las víctimas, pero lamentablemente, al no estar reglamentados, dependen de la voluntad del funcionario y del poder que tenga para llegar a tales recursos, porque estamos hablando de que todo esto implica un recurso económico; nos gustaría saber, en este orden, de dónde va a salir el dinero y que, después, no se tire la pelota a Nación, de esta a Provincia y demás, para ver quién va a pagar todo esto, que implica un gasto”.

Contención de la víctima a nivel local

En relación al tratamiento del individuo cuando es víctima de un hecho delictivo, y la contención por parte de las instituciones en el marco de la realización de la denuncia, el titular de la Asociación explicó que “nosotros podemos hablar por lo que pasa en Madryn; acá, sabemos que las víctimas tienen acceso a Fiscalía, la verdad es que el trato, en la gran mayoría de los casos, siempre ha sido bueno; la Fiscalía local tiene un trato de consideración de las víctimas, sobre todo en los casos extremos como los nuestros, donde, lamentablemente, se ha perdido la vida de un ser querido; también, las víctimas cuentan con asistencia, y en algunos lugares de la provincia no es así; hemos mantenido contacto, por ejemplo, con gente de Esquel que está conformando una asociación, pero la verdad es que no siempre fue así”, agregando que “me parece que es importante que existan las asociaciones de víctimas, porque así, de alguna forma, toma la representación de la familia y, muchas veces, tienen la posibilidad de levantar el teléfono y llamar a un jefe de fiscales, cuando no se hace bien el trabajo, y esta persona dar una respuesta; creo que es como en todos los ámbitos del Estado, hay gente que trabaja muy bien y gente que no, pero, lamentablemente, siempre saltan los casos cuando no se hace bien el trabajo”.

Qué más establece la Ley

Además, la nueva ley establece la creación de los denominados centros “de Atención y Protección a la Víctima de Delito”, que deberán asistir de manera integral, a través de un cuerpo de profesionales especializados y equipos interdisciplinarios, a las personas y/o familiares de víctimas de delitos; en esta línea, quienes hayan sido víctimas de un delito delictivo, podrán radicar la denuncia en dichos centros, evitando tener que ir a la comisaría.
También, la legislación recientemente aprobada, la autoridad interviniente se vería obligada a notificar a las víctimas sobre todas las resoluciones que fueron tomadas durante el proceso, y a su vez, quienes hayan sufrido el hecho delictivo, podrían solicitar la revisión de tales actuaciones.
La protección especial a discapacitados, menores de edad y mayores de 70 años, así como también a las personas que tengan una relación de convivencia, dependencia económica, afectiva o laboral con el supuesto autor del delito, también forma parte de la nueva normativa.
Se incorpora la figura de un defensor público de la víctima, que tendrá que ser designado uno por cada provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en tanto que, de aquí en adelante, se tendrá acceso a una red de letrados de la Defensoría General de la Nación, quienes actuarán como defensores coadyuvantes; la implementación de la Ley, a su vez, dependerá de los recursos que le sean asignados, por lo que restará que cada provincia evalúe las herramientas, tanto logísticas como financieras, para poder poner en práctica la nueva legislación, que busca abordar una problemática que atraviesa el territorio nacional a lo largo y a lo ancho de manera constante y, en ocasiones, a partir de lamentables y trágicos desenlaces.