La Fiscalía cuenta con un plazo de seis meses para concluir la investigación por el crimen ocurrido el pasado viernes a las dos de la madrugada en una vivienda de José de San Martín. El imputado permanecerá en prisión preventiva, inicialmente por un período de dos meses.
El hecho se produjo en el interior de una vivienda en la que había varias personas. Un entredicho llevó al fatal desenlace. Según lo que pudo recabar la investigación a partir de las primeras entrevistas, el imputado habría golpeado la cabeza de Sil contra la pared repetidamente (tres veces), luego sacó un arma blanca y le produjo una herida profunda. Una de las personas presentes llamó a la policía, el herido fue trasladado al hospital de la localidad, donde varios paros cardíacos. Por el estado crítico de su salud, decidieron el inmediato traslado al Hospital Zonal de Esquel, que es de mayor complejidad. Sin embargo los esfuerzos médicos no lograron salvarle la vida.
El Fiscal Jefe, Marcelo Crettón, viajó al lugar y realizó varias entrevistas. A partir de esos primeros elementos recabados se estableció cuál de las personas que estuvo en el lugar del hecho sería el autor del crimen. Otros tres sujetos que inicialmente habían sido arrestados, recuperaron inmediatamente la libertad.

“Temor” de los testigos

El sábado, en horas de la mañana, se practicó la autopsia, las conclusiones preliminares fueron ofrecidas telefónicamente por el médico a la Fiscal María Bottini, instantes antes de ingresar a la audiencia. La información corroboraba que la herida de arma blanca fue la causante de la muerte.
El juez de la audiencia Martín O’ Connor declaró legal la detención y abierta la investigación penal preparatoria por el plazo que establece el Código Procesal Penal, seis meses. La defensora Valeria Ponce adelantó que buscarán demostrar otras condiciones en relación al hecho: el estado etílico del imputado y la posible falta de conexión entre la herida y la pérdida de la vida de Sil cuando estaba hospitalizado.
Bottini solicitó que se disponga la prisión preventiva del imputado por peligro de fuga y entorpecimiento procesal. Habló del temor de los testigos y fundamentalmente de los antecedentes penales, entre los que consta que no tuvo buena conducta en otro proceso, motivo que le valió en su momento una declaración de Rebeldía.
Valeria Ponce no consintió la prisión preventiva, sostuvo que su defendido tiene arraigo y el acompañamiento de toda su familia que asistió a la audiencia en demostración de ello. Añadió que cumple con las medidas que le fueron impuestas en una causa penal anterior. Sin embargo, la defensora reconoció que no estaba en condiciones en la audiencia de demostrar esta situación adecuadamente, adelantando que presentará un informe socio-ambiental tendiente a ofrecer un domicilio en el que pueda cumplir con la medida de arresto domiciliario, si el juez considera que no se dan las garantías para que atraviese el proceso en libertad.

Alta probabilidad de autoría

Martín O’ Connor le explicó al imputado detalladamente en que fundó su decisión de disponer la prisión preventiva por el plazo requerido por la fiscal. Indicó que si bien los elementos reunidos a 48 horas del hecho no son suficientes para demostrar su culpabilidad en un juicio, en esta instancia si son suficientes para considerar que hay un grado de probabilidad suficiente de su autoría para abrir una investigación en su contra y analizar la aplicación de una medida de coerción. Se refirió además a las características del hecho y la alta pena en expectativa, para luego desmenuzar los peligros procesales. Consideró que no hay elementos objetivos que hagan evidente que el riesgo de entorpecimiento no pueda ser cautelado con medidas alternativas a la prisión preventiva, por lo que descartó este peligro procesal. Un análisis diferente realizó en torno al peligro de fuga. Al entender del juez, el hecho y sus características, la pena en expectativa, los antecedentes penales del imputado y fundamentalmente la declaración de Rebeldía en otro proceso, hacen evidente la necesidad de disponer la medida de coerción más gravosa que prevé la legislación por el plazo de dos meses. Esta situación solo podría variar si se aportaran nuevos elementos que modifiquen las condiciones que tuvo en cuenta para tomar esta decisión.
La medida sería cumplida en la Comisaría de José de San Martín.

A casi 3 años de su muerte, podrán sepultar a Zumara

La nena tenía un año y medio cuando desapareció el 30 de noviembre de 2014, en un sector rural cercano a Trelew. El fiscal Fabián Moyano sostiene que cayó a un canal de riego y se ahogó. Y que los perros vagabundos sacaron su cuerpo del agua para dejarlo en la chacra en donde fue hallado desmembrado, luego de casi dos meses de infructuosa búsqueda por parte de la policía, los bomberos y hasta de personal de Defensa Civil y vecinos del lugar.
La posición del abogado de la familia de Zumara, en tanto, es la que considera de que se trató de un homicidio, quizás en medio de un intento de abuso sexual. El doctor Javier Reuter afirma que ese pedazo que le falta al cráneo es como producto de un golpe y rechaza terminantemente la hipótesis de que la pequeña se cayera al agua.
Piensa que la tuvieron secuestrada y que después la mataron arrojando su cuerpo al lugar en donde fue encontrado por la policía después que la perra de los dueños de la chacra en donde se produjo el hallazgo, apareciera con restos de uno de sus miembros inferiores en la boca.
Ahora, con motivo de la entrega del cuerpo de la beba sus padres el letrado explicó que “Se nos notificó de que como terminó la investigación ya estaríamos en condiciones de tramitar ante la Morgue Judicial la entrega de los restos de Zumara”, confirmó el viernes Javier Reuter, abogado de la familia.