Una frase durísima pero verdaderamente movilizante que ha resonado en innumerables marchas en el país, señala que mientras existan desaparecidos, la verdad continuará secuestrada.
Es que detrás de esa tremenda circunstancia que es la nueva categoría de `no ser´ sobre una persona, perdura una tortura insoportable para sus seres queridos, amigos, vecinos, y sociedad toda, que queda prendada a la necesidad de conocer el destino y las circunstancias que rodearon el hecho.
La misteriosa desaparición del joven artesano en El Bolsón con serias imputaciones contra una fuerza de seguridad ya se convirtió en el tema de dominio público por más de un mes, y logró eclipsar toda otra preocupación circunstancial de la mayor parte de los argentinos, y está generando colapsos y enfrentamientos concretos. Además domina la escena internacional y reedita la idea de la falta de garantías individuales en la tierra de Macri, Cristina, Perón pero también el Gauchito Gil, Julio López y ahora Santiago Maldonado. Es que la experiencia dicta que detrás de estos casos, siguen superviviendo e intactas, metodologías que pensábamos ya desterradas por completo en 33 años de democracia. “Si le pasa a él, le pasa a cualquiera”, es la lógica que rodea el sentimiento popular.
De hecho, según En su último informe represivo público, CORREPI (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional) registró, desde el retorno democrático a la actualidad, un total de 4960 muertes por gatillo fácil y tortura seguida de muerte en cárceles y comisarías. Además, dan cuenta de un total de 210 personas desaparecidas y 69 asesinatos en el marco de protestas y manifestaciones sociales. Sólo en el primer año de Cambiemos (hasta noviembre de 2016) se registraron 259 casos, o sea una muerte cada 25 horas. Esto comenzó lenta pero sostenidamente a revelarse, y es probable que el caso Maldonado puso el alerta grande sobre un tema como el de la violencia institucional que no está para nada debatido. De allí la necesidad de llegar a la verdad y de la insistencia del grueso de la ciudadanía por embanderarse con el tema, más allá del fastidio oficial.
La pésima reacción del Gobierno convirtió un caso de derechos humanos en una crisis política de primera magnitud. Es un misterio por qué algunos casos logran conmover incluso a las sociedades más anestesiadas, pero ocurre. La primera reacción de los gobiernos ante una crisis suele ser negarla. «Ya va a pasar», es la receta que sugiere esa mezcla de pereza intelectual y aislamiento que produce la adormidera del poder.
Hoy es Santiago el disparador de esta movilización humana. “En los noventa, Carlos Menem tuvo que suprimir el servicio militar obligatorio para salir por arriba del laberinto de la muerte de Carrasco. Fue una respuesta que entendió que por sobre el caso concreto, la crisis había adquirido tal dimensión que era necesario además de investigar, ofrecer una respuesta política de la misma escala”, recuerda el periodista Ignacio Fidanza.
A la par del caso de Santiago, hay algunas cosas vinculadas a la demonización de los pueblos originarios que ya estaban en agenda, como son disciplinar los sectores aborígenes cercanos a Vaca Muerta como requisito fundamental para que prospere el mayor proyecto productivo de Cambiemos. A la par hay un sinnúmero de conflictos con terratenientes comprometidos a resolver, hay una avanzada en ablandar las condiciones para la extranjerización de la tierra y hay un sinnúmero de proyectos inmobiliarios frotándose las manos en zonas paradísiacas en muchos casos apenas defendidas de la laxitud del Estado que no dudó en poner como garantía recursos naturales por deuda externa, apenas por la subsistencia de nativos que ocupan esos predios.

O se van o los van

El Observatorio de Políticas Públicas, Legislativas y Comunicacionales solicitó recientemente al Congreso de la Nación la prórroga de la ley 26.160, que protege las tierras de los pueblos originarios. La ley fue promulgada por el plazo de cuatro años y luego se la renovó y vence el próximo 23 de noviembre. El OPPLeC remarcó que la falta de continuidad “configuraría un daño irreversible a los derechos de los pueblos indígenas y los colocaría en una situación de peligrosa precariedad”.
La entidad presentó días atrás una carta dirigida al presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, para reclamar el “pronto tratamiento” de una normativa que extienda la vigencia de la “emergencia en materia de posesión de Tierras de Comunidades Indígenas”. Antes ya se había pronunciado Aministía Internacional incluso.

Posesión de la tierra

Para tener claro, la Ley 26.160 vence el próximo 23 de noviembre y la falta de renovación “configuraría un daño irreversible a los derechos de los pueblos originarios y los colocaría en una situación de peligrosa precariedad”.
La ley todavía en vigencia creó un fondo especial para asistencia a comunidades indígenas y suspendió la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de la posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país. Pero además, reconoce la “personería jurídica de las comunidades y la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, y regula la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano”.
El INAI informó además que en agosto de 2016 se elaboró un Proyecto de Ley de Prórroga de la ley 26.160 que extendía el plazo de la ley 26.894 hasta el 23 de noviembre de 2021. Sin embargo, al momento, ese proyecto no ha sido presentado al Congreso de la Nación. En cambio, existen proyectos tanto en la Cámara de Senadores como en la de Diputados.

Mal barajado

Razona Fidanza que “El caso Maldonado se convirtió en una crisis política” debido al mal manejo del tema por parte del Gobierno Nacional. “El bloque oficialista -que trasciende largamente al Gobierno e incluye voceros oficiosos- eligió el tortuoso camino de magnificar un supuesto terrorismo mapuche, como una remix solapada del `algo habrán hecho´, la misma operación intelectual de desplazar la culpa hacia la víctima.
Es culpable la madre que demora el ADN, son culpables los mapuches que no dejan pasar a los investigadores, es culpable el propio Santiago Maldonado porque viaja a Chile, porque es artesano, porque se cambia el nombre, porque atacó a un puestero o porque simplemente estuvo en el lugar equivocado en el momento menos indicado.
La ministra Patricia Bullrich acaso creyó que le hacía un favor al Gobierno cuando se cerró en la defensa de la sospechada Gendarmería y dijo en el Senado que lo hacía porque `yo me la banco´. Sí, dijo eso. (…) Nada de todo esto le hace bien al Gobierno, que se cierra sobre una postura que los deja enojados y a la defensiva. Cuando lo más sencillo sería enfrentar el problema: Pudo ser la Gendarmería, lo vamos a investigar y caerán los que tengan que caer. Y sobre todo: Para qué enredarse en la discusión sobre si es o no una desaparición forzada. Los ecos de esa negativa no traen nada bueno. Falta sensibilidad política o sobra revanchismo. En cualquier caso, es nocivo”.

El tironeo político

La polarización genera además confusiones. “Si los kirchneristas apoyan el reclamo, si los gremios docentes, las Madres, los piqueteros, los actores, hacen del caso una bandera, esto es una maniobra de desestabilización y la mejor manera de desbaratarla es confrontar, cerrar filas y demonizar a los que nos buscan demonizar.
Y así estamos, con un Gobierno acusado de desaparecer gente y una oposición acusada de fomentar el terrorismo. Pero no son los 70, los mapuches no son los Montoneros y Macri no es Videla.
Lo que falta es tan obvio como ausente. Serenarse, regresar al punto de partida, allá en esa estepa desolada, a trabajar profesionalmente en la investigación. Y sobre todo, como Estado, garantizar que no habrá impunidad ni encubrimiento”, dice el columnista. Algo en ese sentido empezó a transitar Marcos Peña en su exposición ante los diputados.
No se trata de bancarse nada, sino de averiguar donde está Santiago Maldonado y que fue lo que pasó. Se podrían hacer tantas cosas para demostrar esa convicción: Desde nombrar a un fiscal especial, de renombre y prestigio, hasta solicitar la cooperación de fuerzas internacionales de probada capacidad de investigación. Tantas cosas.
Desde ya, todo hubiera sido más sencillo si al inicio prevalecía el sentido común. Ahora es una crisis de primera magnitud y el desenlace tendrá consecuencias políticas”. Mientras el artesano no aparezca, el oscurantismo y la verdad es un límite mucho más marcado en la sociedad argentina que la disparada del dólar, la inflación, la recesión e incluso el desempleo. Por eso, claramente la no aparición de Santiago sería un estigma insuperable para esto que pretende ser un “cambio” en la política. Como decía Balzac, “en las grandes crisis, el corazón se rompe o se curte”. Habrá que ver…

Fuentes: NA, CORREPI, LPO, propias