El Gobierno nacional enfrentará en los próximos días una catarata de reclamos ante diversos foros de la ONU en Ginebra como en el parlamento británico, donde los mapuches denunciarán a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por promover el «odio racial», y pedirán la aparición con vida del joven artesano desaparecido hace un mes en oportunidad del asedio de Gendarmería a un grupo de nativos. El caso Santiago Maldonado abrió así un conflicto inesperado en el ámbito internacional, que ya empezó a preocupar al Gobierno. Mientras avanza la investigación del caso puertas adentro del país y crecen las sospechas sobre Gendarmería la ONU tomará nota de la denuncia de los propios mapuches. No será la primera vez que Cambiemos se topa con semejante desafío. Las quejas por la detención de la dirigente K, Milagro Sala, ya había motivado la intervención de organismos internacionales, incluidos fallos de la Corte interamericana y ONU.
La diferencia es que ahora la demanda es impulsada por una comunidad reconocida por Naciones Unidas, como son los mapuches, cuyos representantes en el exterior aseguran que su pueblo es víctima de la «xenofobia», un delito penado por leyes internacionales.
Uno de los promotores de la denuncia es Reynaldo Mariqueo, titular de Enlace Mapuche Internacional (MIL, por su sigla en inglés), una ONG con sede en Bristol que forma parte de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Mariqueo es el actual ministro consejero de la Misión Permanente Mapuche ante la ONU y acusa a Bullrich de vincular a su pueblo con supuestos grupos violentos financiados por organizaciones inglesas. Si bien el Gobierno nunca identificó públicamente a los presuntos “aportantes británicos”, varios medios levantaron sospechas La propia ministra Bullrich contribuyó a darle mayor notoriedad a la hipótesis difundida en los foros militares de Internet al afirmar que una «organización inglesa» de Bristol financiaba a la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), un grupo clandestino acusado de protagonizar hechos violentos a ambos lados de la cordillera. «Es un poco contradictorio, quieren sacar a la gente que dicen que son extranjeros en sus tierras, y por otro lado son financiados por un Estado, no el Estado inglés, no mezclamos al gobierno inglés, sino alguna organización que lo financie», sostuvo la ministra en una entrevista televisiva.
El jefe de Gabinete en el Ministerio de Seguridad, Pablo Nocetti, quien estuvo presente el día de la represión en Chubut, también había señalado que existían pruebas de que «alguien los financia» (a la RAM), con la finalidad de crear un Estado independiente en la Argentina.

Un sobreviviente histórico

Mariqueo escapó de la dictadura chilena hacia Argentina en 1976 para luego exiliarse en Inglaterra y es descendiente de tehuelches y mapuches sobrevivientes a «La Campaña del Desierto», en la que entre 1878 y 1885 el Estado argentino anexó la región pampeana y la Patagonia, entonces bajo dominio mapuche, y murieron decenas de miles de indígenas.
«Estoy viajando al Consejo de Derechos Humanos de la ONU para informar de esta lamentable situación. Las declaraciones de la señora Bullrich incrementaron el odio racial hacia los pueblos indígenas, porque nos presenta como enemigos de la Patria del lado de una potencia extranjera (Inglaterra) que estuvo en guerra con la Argentina por las Islas Malvinas», adelantó a la prensa.

Un raid de denuncias

La primera presentación será el próximo viernes 15 en Ginebra en un panel del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, un órgano compuesto por 47 Estados que se reúne todos los años durante tres semanas para hacer recomendaciones y elaborar normas en materia humanitaria a nivel global.
Allí tomarán la palabra miembros de la Misión Mapuche, como la embajadora Flor Calfunao Paillalef -premiada en 2008 por sus labores-, Domingo Paine, Maria Desponds Marinao o Ana Vera Vega. Todos ellos trabajan de manera voluntaria.
Luego, al día siguiente, se reunirá la Comisión de Derechos Humanos de los Mapuches para elaborar un documento con críticas al Gobierno argentino que será distribuido el lunes 18 a los órganos de la ONU y a la opinión pública.
La otra tribuna a la que acudirán los mapuches será el Parlamento británico. En rigor, el MIL ya contactó a miembros de esa institución para que se pronuncien sobre las acusaciones vertidas por Bullrich y medios británicos como el Bristol Post comenzaron a difundir la reacción mapuche.
La intención es que las autoridades clarifiquen que la ONG no puede recibir financiamiento del Gobierno Británico porque no es una institución clasificada pública (estatal) o de caridad.
Mientras tanto, la embajada británica en Buenos Aires, prefirió mantenerse apartada del conflicto. En la delegación afirman que no les corresponde intervenir en nombre de una organización no estatal con sede en Inglaterra.
Mariqueo, por otra parte, se comunicó el 14 de agosto con el embajador argentino en Londres, Renato Carlos Sersale di Cerisano, para pedirle que Argentina se retractara o presentara evidencias.

Bullrich al límite

Los mapuches consideran que la funcionaria violó la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, aprobada en 1969 y ratificada por Argentina en 2013. En su artículo 4, inciso C, la norma prohíbe que las autoridades e instituciones públicas nacionales o locales «promuevan la discriminación racial o inciten a ella». Estas acusaciones y la repercusión creciente del caso Maldonado en el exterior inquieta en la Casa Rosada. Justamente, la carta de los derechos humanos fue una de las principales apuestas de Cambiemos para relanzar la imagen del país en los foros internacionales y retomar los lazos con las potencias, incluidas las relaciones comerciales.
Bajo esta estrategia se ubica la postulación fallida de la excanciller Susana Malcorra para presidir la ONU, la iniciativa en marcha para recibir a cerca de 3.000 refugiados sirios en Argentina y la intervención activa en la firma del acuerdo de paz en Colombia.
La desaparición de Maldonado, no obstante, comenzó a provocar una reacción en cadena que rápidamente trascendió las fronteras y ahora amenaza con agravarse.
En efecto, las muestras públicas de preocupación del jefe de Estado y la reunión que mantuvo con Bullrich el martes pasado coincidieron con un nuevo pronunciamiento de la ONU que, a través de la Oficina Regional para América Latina del Comisionado para los DDHH (ACNUDH), pidió a las autoridades realizar la investigación siguiendo estándares internacionales, en particular la Convención para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, caratula con la que se tramita la causa sobre Maldonado desde el 24 de agosto.
Asimismo, el ACNUDH reiteró su disposición de colaborar con el caso y prestar el asesoramiento técnico que los familiares y el Gobierno argentino acordaron el 29 de agosto. Previamente, el representante regional del ACNUDH participó de reuniones el jueves 31 de agosto y el viernes 1 de septiembre en Buenos Aires. El 7 de agosto, además, el Comité de la ONU contra las desapariciones forzadas ya había exigido tomar «medidas urgentes» para localizar a Maldonado.
A nivel local, en tanto, el giro del Gobierno dio cuenta del impacto que tuvo en la causa la caída de la hipótesis alternativa sostenida por el oficialismo, que sustraía a la Gendarmería de toda responsabilidad, así como de la presión ascendente en las calles, tras la protesta masiva realizada en Plaza de Mayo.

Basta de apremios

Este año, los mapuches ya habían elevado dos notas al titular del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, una en febrero y la última en mayo, en la que pidieron el «fin a la persecución política contra dirigentes indígenas, sanción a las autoridades y policías que abusan de su poder», el cese de los desalojos a comunidades mapuche de sus tierras ancestrales y el freno de la venta de su territorio a multinacionales y la explotación de sus recursos naturales. (Telam, IProfesional, NA)