Así lo afirmaron desde la Unidad Regional de Policía con asiento en Puerto Madryn, en el marco del extenso operativo realizado el pasado 25 de agosto, que arrojó el saldo inicial de 17 detenidos, cifra que se incrementó a 23, y del cual actualmente hay dos personas prófugas de la Justicia.
La serie de operativos fue llevada a cabo en más de 30 domicilios de distintos sectores de Puerto Madryn, entre ellos el Parque Industrial Liviano, precisamente sobre la avenida Perú 1201; un domicilio en la calle Lago Puelo al 1400 del barrio Pujol, una vivienda del barrio Covimar, otra en 9 de Julio 1016, a escasos metros de la Escuela de la Costa y un monoblock ubicado en el barrio 630 Viviendas.
Por otra parte, fue allanada la vivienda particular del propietario de la firma Benítez Bellini, empresario de transporte local que continúa alojado en una dependencia policial, alejada de la zona céntrica de la ciudad; la firma de transporte también fue allanada el mismo día, por personal de la División Drogas Peligrosas y Leyes Especiales.
Entre los primeros detenidos se encontraban dos agentes de Policía, uno retirado y otro en actividad que fue aprehendido por sus “pares” en su lugar de trabajo, además de un agente de la Prefectura Naval Argentina; también, la Policía detuvo a un joven de apellido Maldonado, empleado de una constructora local.
Los sujetos aprehendidos durante los primeros procedimientos fueron identificados como Lucas Rodriguez Monroy Machado (30); Rúben Ezquivel (52); Gastón Ezequiel Cramis (33); Pablo Guizzardi (31); Javier Stigliani (31); Isidro Marino Corro (45); Luciano Sebastián Vega (33); Nicolás Potrana (23); Héctor Ricardo Idiarte (36); José González (30); Juan Patricio Cosentino (28); Germán Aldo Oscar Benítez (43); Roberto Campagnucci (43); Ramón Rubilar (52); Juan Correa (28); Norma Vilche (53) y Rafael Baeza (28).
Pocos días después, se entregaría el sindicado como último “líder” del “Tridente”, identificado como Jonatan Bustamante, sobre quien versiones sindicaban como un “puntero” político que supo participar de varias campañas electorales, incluso de espacios políticos actualmente en oposición; el individuo se entregó a la Justicia, acompañado de su abogado.

Cómo distribuyeron a los detenidos

Al respecto, el jefe de la Unidad Regional, comisario mayor Ricardo Cerda, se refirió “al operativo, que tuvo la denominación de ‘Tridente del Golfo’, donde se realizaron varias detenciones, incluso en el mismo día en que se comenzó con esa diligencia, mientras que otros se fueron dando días posteriores, atentos a que esas personas no se encontraban en los domicilios; en definitiva, ello arrojó un total de 23 personas actualmente detenidas, de las cuales una, de sexo femenino, cumple arresto domiciliario en la ciudad de Trelew” y precisó que “los otros individuos permanecen detenidos en distintas dependencias policiales, como por ejemplo la alcaidía de Trelew, comisarías de dicha localidad; en Puerto Madryn hay un par de ellos (3), mientras que otras seis se encuentran dentro de la Unidad 6 del Servicio Penitenciario Federal, en Rawson”.

Siguen buscando a dos

A su vez, recordó que “también, hay dos personas que aún estarían prófugas, al tiempo que la División Drogas continúa trabajando para dar con su paradero” y describió que “son dos personas que, al momento de realizarse las diligencias, las mismas estaban dirigidas a domicilios de la ciudad de Puerto Madryn, pero no fueron ubicadas y dichas personas todavía no han sido habidas, encontrándose aún prófugas”.
Sobre la distribución de los 23 detenidos en distintos edificios policiales de la provincia, el Comisario Mayor sostuvo que “en principio, creería que debe haber una causa en particular, la cual obviamente desconozco por no estar dentro de dicha investigación, pero, seguramente, a los investigadores o a la misma Justicia les debe haber interesado diagramar los espacios que cada uno (por los reclusos) ocupen, de acuerdo a la intervención o participación que se vaya evidenciando, en el expediente, de cada uno de los privados de la libertad”.

“Hubo un alto profesionalismo”

Consultado sobre la valoración respecto del hecho de que todos los detenidos continúen de dicha manera, en el marco del escándalo de opinión pública generado por la “caída” de la causa “Arenas Blancas”, que terminó con todos los presuntos responsables detenidos, el jefe policial opinó que “obviamente, como integrante de la institución, me reconforta el trabajo de quienes llevaron adelante estas diligencias, la División Drogas y Leyes Especiales, esto da por hecho el alto profesionalismo con el que se han llevado adelante los trabajos, por cuanto la Justicia se apoya mucho, o se apoya en toda la reunión de información que nosotros tengamos, y esa buena reunión de datos, con todos los fundamentos y recaudos necesarios en la investigación, es lo que hace que la Justicia aún pueda tener privadas de la libertad a todas las personas investigadas”.
Además, Cerda valoró que “ha existido un trabajo muy profesional por parte de la División y se dieron las condiciones para la Justicia haya podido tomar la decisión que, hasta el momento, se mantiene”.

Continuidad de la preventiva

En cuanto al tiempo en que los sujetos permanecerán detenidos, precisó que “la Justicia Federal, a diferencia de la Justicia ordinaria, tiene 10 días para determinar las responsabilidades de cada una de las personas; dentro de ese término, estas personas son llevadas ante la Justicia y, de ahí en más, en cuanto a la valoración que se haga de cada uno de los elementos que se arrimaron, ello hace que la propia Justicia pueda dictar una prisión preventiva y que se sostenga en el tiempo”.
Sobre los “tecnicismos” a los cuales muchos abogados defensores suelen apelar, en función de errores administrativos y demás, para obtener la libertad de sus defendidos, como ya ha ocurrido en causas anteriores, el titular de la Unidad Regional hizo hincapié en que “por eso resalto el profesionalismo con el que se ha trabajado, porque esto abarca, por un lado, la capacidad para poder generar la información y poder permitir que la Justicia pueda tomar una decisión ajustada a Derecho, de modo de sostener la prisión preventiva de las personas investigadas”.