El día después de las elecciones del próximo domingo es esperado con ansias en los despachos oficiales encargados de ofrecer soluciones a los insistentes reclamos empresarios por la rebaja de los costos laborales. En esa línea, uno de los objetivos del Gobierno se concentrará en la adhesión de las provincias a la última reforma del sistema de riesgos del trabajo, gestión que ya está avanzada en gran parte de los distritos, incluida la provincia de Buenos Aires.
Según las estimaciones de la Casa Rosada, el Senado bonaerense aprobará la iniciativa (que ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados provincial) entre noviembre y diciembre próximo. De esa forma, el territorio que gobierna María Eugenia Vidal se sumará a la ciudad de Buenos Aires y a Córdoba, donde la reforma ya está vigente, y al caso de Mendoza, que prevé sancionar la adhesión antes de final de octubre.
A su vez, en el Ejecutivo proyectan que próximamente también adherirán a la norma las legislaturas de Chubut, Río Negro, y Neuquén, en tanto siguen complicadas las tratativas para poder extender este año la vigencia de la reforma a Santa Fe.
El respaldo de las provincias a la ley votada en febrero pasado por el Congreso es clave para los planes del Gobierno de limitar los alcances de la litigiosidad del sistema que, entre enero de 2010 y julio de este año acumuló 366.024 juicios sin sentencia, de acuerdo con el último informe estadístico difundido por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT). Según las autoridades oficiales, ese stock representa un pasivo superior a los u$s 5100 millones.

Un boomerang de juicios

Los niveles de litigiosidad castigan fundamentalmente a las pymes. Al respecto, un relevamiento privado destacó que el 34% de las pymes de la industria manufacturera de todo el país (una de cada tres) se encuentra involucrada en algún caso de litigiosidad laboral, y el 60% de las empresas señala que los juicios laborales ya se convirtieron en la principal dificultad para incorporar nuevos trabajadores y de aumento de costos económicos.
El informe, realizado por la Fundación Observatorio Pyme, señaló que el fenómeno se da con mayor intensidad en firmas medianas de entre 50 y 200 empleados. Y precisó que los juicios laborales se producen fundamentalmente por desacuerdos en la indemnización por despido y en el carácter laboral o no de afecciones que los trabajadores dicen sufrir y/o el monto que se reclama como reparación.