Desde la Cátedra Abierta de Pueblos Originarios de la Universidad Nacional de la Patagonia “San Juan Bosco”, sede Trelew, y bajo la consigna de “Memoria y Recuperación”, autoridades realizaron un pronunciamiento, firmado por unas 48 entidades, asociaciones y organizaciones, respecto de lo que calificaron como la “represión y persecución al pueblo mapuche-tehuelche”.
En este contexto, manifestaron que “repudiamos rotundamente el accionar represivo de las fuerzas de Gendarmería Nacional, Policía Federal y de las fuerzas policiales y parapoliciales de la Provincia del Chubut en el territorio ancestral mapuche y mapuche-tehuelche”, al tiempo que remarcaron que “hoy, nuestro pueblo está siendo perseguido por poner en evidencia el despojo territorial, la desigualdad, la injusticia de las causas en la que pu peñi ka pu lamgen (los hermanos y hermanas) son cooptados por el sistema judicial; todo ello, por dar a conocer o visibilizar la verdadera historia acerca de cómo se construyó el Estado Nacional”.
Sobre esta línea, criticaron que “el Gobierno, lejos de reconocer los crímenes de lesa humanidad hacia los pueblos originarios, ocurridos en la mal llamada ‘Campaña del Desierto’ y sus inhumanas consecuencias; lejos de buscar soluciones que nos acerquen, continua ejerciendo la histórica impunidad: la privación de libertad sin justificación al longko Facundo Jones Huala, represión con armas de fuego a miembros del Pu Lof en Resistencia de Cushamen y en este marco de violencia, hacen desaparecer a Santiago Maldonado, por solidarizarse con la causa Mapuche”.
El caso Maldonado continúa siendo eje de rivalidades políticas, en el marco de aquello que resulta más importante, que es la búsqueda del joven artesano de 28 años, visto por última vez el 1 de agosto de este año, durante una protesta de la comunidad mapuche en el Pu Lof Cushamen; distintas versiones circularon en los últimos días, incluso la de un hombre que denunció haber visto a Maldonado en Comodoro Rivadavia: “Tenía la barba más corta, pero era muy parecido”, mencionó Vicente Arisnavarrete hace dos días.

Espionaje, vejaciones y violencia

A su vez, desde la UNPSJB expresaron que “luego de estos tristes sucesos que mantienen en desvelo a la sociedad cordillerana y a nuestros hermanos de las comunidades, tuvimos que tolerar la campaña mediática de desinformación y de estigmatización hacia nuestro pueblo; aumentando de esta forma el racismo en aquellos sectores sociales de poder como la Sociedad Rural y Terratenientes que evidencian una cercanía y connivencia con el actual Gobierno Nacional, quien pone al servicio de las fuerzas de represión contra el pueblo mapuche-tehuelche, convirtiéndolo en el enemigo interno terrorista”.
“Y como si esto fuera poco, en las últimas semanas las Comunidades, están sufriendo espionaje y hostigamiento en la ‘supuesta búsqueda’, que esbozan desde la Justicia, justificando el allanamiento de comunidades de Chubut y Neuquén”.
En esta línea, los firmantes sostuvieron que “queremos denunciar los hechos que vienen sufriendo los hermanos y hermanas recientemente” y relataron que “el día lunes 18 de septiembre, la Policía Federal allana violentamente a las familias de la Lof Vuelta del Río (Comunidad lindera al Pul Lof en Resistencia Cushamen y a las tierras que ocupa la empresa Tierras del Sud del magnate Benetton); llegaron dos helicópteros a la Comunidad y sometieron a dos familias a maltratos, vejaciones y violencia, preguntando insistentemente por Santiago Maldonado”.
Ante la gravedad de los hechos, “la Comunidad presentó un habeas corpus, con la asistencia del abogado Gustavo Macayo; y el Juez Federal, Guido Otranto la rechazó”.

“Ausencia” del Estado Provincial

Seguidamente, el documento mencionó que “el día 20 de septiembre, integrantes de la Lof Vuelta del Rio, realizaron una toma pacifica del Juzgado Federal de Esquel, exigiendo la renuncia del juez Otranto por las irregularidades en la
investigación de la desaparición forzada de Santiago Maldonado en manos de Gendarmería y por el atropello perpetrado por la Comunidad de Vuelta del Río, bajo el pretexto de buscar ‘pruebas’”, agregando que “en horas de la noche, luego de levantar la toma del Juzgado Federal, se avisa a Esquel
que cuatro personas de civil incendiaron la casa del werken de la comunidad, en una clara tentativa de vengar o castigar el hecho realizado por la comunidad”.
Dos semanas más tarde, “el martes 3 de octubre, tiraron abajo el potrero de otro integrante de la comunidad, y el miércoles 4 de octubre, nos informan que al otro vocero de la comunidad, Rogelio Fermín, también le hicieron lo mismo”.
En este sentido, “denunciamos la persecución personalizada que viven a diario los integrantes de la comunidad, quienes vienen resistiendo durante décadas los atropellos de los terratenientes (desalojos, corrimiento de alambrado, amenazas) y todo tipo de obstáculos para el desarrollo de su vida comunitaria como también la ausencia del Estado Provincial”.

“Recuerda a la dictadura militar”

En otro orden, los responsables de la cátedra de Pueblos Originarios de la Casa de Altos Estudios sostuvieron que “tal como lo anticipara el Ministro de Educación de la Nación, Esteban Bullrich, en su visita a Choele Choel, a principios de este año, ‘la educación es la nueva Campaña al Desierto’, los hechos lo están demostrando: con persecución, represión, la estigmatización y las infamias hacia el pueblo mapuche- tehuelche; y es por eso que nos preguntamos si esa es la Educación de la civilización y del progreso”.
Además, denunciaron que “otro hecho lamentable que queremos hacer público es el amedrentamiento y llamadas amenazantes e insultantes contra la vida y la integridad física que recibió nuestra Weichafe Zomo Moira Millán, con posterioridad a su intervención en la comunidad mapuche-tehuelche Vuelta del Río; el mensaje mafioso se materializo al ingresar sorpresivamente a la
comunidad Pillán Mahuiza y dejando un animal muerto y torturado tal como la amenazaban a la lamngen”.
Tales hechos “han llegado muy lejos y muestran un plan organizado, recordando a las oscuras épocas de la dictadura militar”, añadieron.

“Históricamente invisibilizados”

En este ámbito, “como parte del pueblo mapuche, la Cátedra Abierta de Pueblos Originarios reafirma lo que ya pu peñi ka pu lamngen expresaron: la agresión a un hermano, es la agresión a todo el pueblo mapuche; le decimos a los gobiernos provincial y nacional, que no sigan alimentando esta escalada de violencia, instamos a un dialogo serio y a un respeto por las identidades originarias,
donde se trabaje en la construcción de un Estado Pluriétnico y Multicultural, respetuoso de las comunidades indígenas, de su historia, de su cultura y de sus autoridades”.
A ello, sumaron que “a pesar de que históricamente hemos sido invisibilizados, queremos decir petu mongeleiñ ka witraleiñ, aún estamos vivos y de pie para reivindicar nuestro derecho al territorio y al desarrollo pleno de nuestra vida comunitaria; desde el inicio de la organización del Estado, el pueblo mapuche-tehuelche, sufrió el avasallamiento de terratenientes, de gobernantes de turno, de la Escuela; desde todos los sectores, se intentó quebrantar la dignidad de pertenecer a un pueblo rico en sabiduría, espiritualidad y conocimiento”.

Reconocimiento de la preexistencia

También, el documento expresó que “el primer nivel de conocimiento que tenemos los pueblos originarios proviene de la naturaleza, como nuestra madre y hermana, es quien nos enseña; como Organización mapuche-tehuelche y como Cátedra Abierta de Pueblos Originarios de Trelew nos pronunciamos ante el avance, la invasión y el saqueo de las empresas transnacionales de extracción minera y petrolera sobre nuestros territorios ancestrales, violando los derechos humanos y de la naturaleza en la Patagonia” y añadieron: “A pesar de que existe un reconocimiento formal de nuestra preexistencia, a través de leyes como la Constitución Nacional (Artículo 75, inciso 17; en la Constitución Provincial (Artículo 34), así como en el convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas firmada en 2007 por el estado Argentino, vemos que en la realidad esta compendio de leyes, tiene escasa o ninguna utilidad, porque los mismos sectores que las promueven y sancionan, la incumplen en la práctica concreta; ya que continúan las
expropiaciones de territorio a favor del enriquecimiento de grandes empresas: empresarios turísticos, estancieros, políticos, inversiones extranjeras y para el pueblo nación mapuche aumenta el hostigamiento”.

“Libertad a los presos políticos”

Finalmente, desde la Cátedra Abierta de Pueblos Originarios manifestaron que “como parte del pueblo mapuche exigimos a las autoridades provinciales y nacionales y a los organismos estatales de derechos humanos: el cese de la militarización del territorio mapuche y mapuche-tehuelche; basta de represión y
amedrentamiento a las comunidades”, agregando el pedido de “libertad al longko Facundo Jones Huala, preso político hace tres meses y la no extradición”.
Además, solicitaron “la vigencia y aplicación plena de los derechos humanos”, “el respeto y reconocimiento de nuestras autoridades y nuestra forma de organización”, “la implementación de la Ley de Relevamiento Territorial 26.160, que impide los desalojos”, “la plena implementación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas incluyendo el respeto por nuestro consentimiento libre, previo e informado para cualquier política programa, proyecto que afectan a nuestras tierras, territorios, recursos y nuestro bienestar”.