La medida del Ministerio de Energía sobre el prorrateo del pago de las facturas de gas es analizada por los entendidos como parte de la estrategia electoral para disimular su impacto. Pero, a su vez, permitió resituar el análisis del tarifazo en su justa medida: “los consumidores no logran hacer frente al pago de los aumentos, dado el significativo desfasaje entre poder adquisitivo y costo de vida creciente”, señala un informe con números en mano desde el Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

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La última semana el Gobierno decidió aumentar el precio mayorista de la electricidad en todo el país a partir del 1 de diciembre. Así surge de la Resolución 403 del Ministerio de Energía en la que se convoca a audiencia pública para el 17 de noviembre a fin de considerar los nuevos valores de referencia en el mercado eléctrico mayorista para el próximo verano y el mecanismo para repartir los costos del transporte en extra alta tensión y por distribución troncal, todo con vigencia desde el 1 de diciembre.
Según la estimación más moderada, el alza para hogares y pequeños comercios rondaría el 30%, con un impacto del 17% en la tarifa final.
Como a partir de diciembre también aumentarán las tarifas de gas, se especuló que el Gobierno postergaría el ajuste, pero el adelantamiento de la fecha puede atribuirse a la necesidad de bajar subsidios.

Contexto

Para tomar dimensión cabe observar que el Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires recibió sólo en la primera quincena de julio, unas 600 denuncias de casos en los que las facturas de gas superan los ingresos familiares. En la misma línea, las multisectoriales contra el tarifazo y asociaciones de consumidores vienen denunciando el incremento en la tasa de morosidad y los cortes de gas y energía eléctrica.

Categorías y resignaciones

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La respuesta de las empresas en estos casos es la instalación de medidores prepagos donde los usuarios cargan un monto de energía como si se tratara de minutos de telefonía celular. Sin importar la hora, la temperatura o la necesidad, si se termina el crédito se corta el suministro.
En la misma línea, en abril de 2017, luego del segundo tarifazo de gas y electricidad, el 53 por ciento de los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano Bonaerense entrarían en la categoría de pobres energéticos. Recordemos que la pobreza energética se refiere a la situación en la cual un hogar debe destinar más del 10 por ciento del ingreso (disponible una vez descontados los gastos alimentarios) a cubrir las necesidades energéticas.
Si consideramos los pobres energéticos severos (los que gastarían más del 10 por ciento de su ingreso total para satisfacer correctamente las necesidades de energía) esa cifra alcanza el 24 por ciento de la población metropolitana.
Este escenario de no retroceso en el tarifazo y de aplicación de una estrategia de prorrateo en cuotas no es novedoso en la Argentina. El gobierno de Carlos Menem propició importantes incrementos tarifarios de electricidad y gas en plena hiperinflación, y frente al descontento social y las quejas de los usuarios se habilitó el pago del gas y electricidad en dos cuotas. El 26 de julio de 1989, el matutino Clarín titulaba “se podrá pagar la luz y el gas en 2 cuotas. Los reclamos por las inusitadas facturas originaron un sistema de facilidades de pago”.

El tarifazo no se retrotrajo

Más allá del ruido social que ocasionaron las sumas exorbitantes que se dispusieron de aumento en los servicios bajo argumento de los `atrasos´ que registraban, y de los reclamos judiciales que se produjeron desde el interior del país, la aplicación de los aumentos se hizo. Julio y Agosto de 2017 por ejemplo concentran los mayores consumos de gas porque presentan las temperaturas más bajas del año. Para evitar un nuevo impacto del tarifazo previo a octubre, desde el gobierno se optó por permitir a los usuarios, remembrando viejas épocas, abonar en cuotas. Según la resolución del Enargas del 25 de agosto pasado, las facturas correspondientes al bimestre julio–agosto se cobraban en dos partes: un 50 por ciento entre septiembre y octubre (dependiendo de la demora de los vencimientos) y un 50 por ciento luego de octubre. Esto significa lisa y llanamente que en este noviembre que está en la puerta, los usuarios pagarán entre 100 y 160 por ciento más de gas que en la factura de septiembre (es decir, antes del voto del pasado 22 de octubre).

Un pedaleo conocido

La estrategia del prorrateo ya había tenido su debut con el propio tarifazo de 2016. La facturación del gas era bimestral en todo el país. Sin embargo, desde el tarifazo aplicado el año pasado, se permite que los usuarios abonen las facturas de luz en dos cuotas consecutivas que llegan mensualmente. En efecto, la primera decisión fue mensualizar el pago para morigerar el impacto del aumento. En la mayor parte de la provincia de Buenos Aires y en el resto del país siguen llegando las facturas de gas cada dos meses y los usuarios deben exigir esta posibilidad en las empresas (alternativa que muchos desconocen).
Si se considera por ejemplo un hogar con un consumo de 1500 pesos para el bimestre julio-agosto y de 1200 pesos para el de septiembre-octubre, según los cuadros tarifarios actuales. Para los cálculos de consumo mencionados, se asume una utilización de artefactos a gas muy restringida: un departamento de 2 o 3 ambientes, donde se utiliza el gas para cocina y calefón, y una estufa pequeña prendida durante 8 horas como calefacción. En el nuevo escenario, en lugar de pagar 1500 pesos en septiembre, llegará una factura de 750, correspondiente al 50 por ciento del consumo del bimestre julio–agosto. La bomba explotará en noviembre, cuando llegará una factura 160 por ciento más cara, de 1950 pesos, correspondiente al 50 por ciento del consumo del bimestre de julio–agosto (750 pesos), más el consumo de septiembre y octubre (1200 pesos). Pero esto no es todo: el valor será mayor con la aplicación del segundo tarifazo del año también previsto para noviembre de 2017, que podría ascender a un 40 por ciento más y que impactará en la factura de vencimiento en enero de 2018.

Poli-rubro

Finalmente, cabe indicar que si bien el caso de la energía (gas y electricidad) ha sido el incremento de mayor impacto, lo cierto es que el tarifazo se extiende a la mayor parte de servicios. Al visualizar los valores acumulados se evidencia la magnitud de los reajustes, no sólo en luz y gas, sino también en lo que refiere a la medicina privada, colegios privados, naftas, patentes, alquileres, transporte público, colectivos y celulares. El análisis de algunos rubros seleccionados arroja que la electricidad aumentó 1100 por ciento promedio en 2016 (tomando registros del ENRE), a los que se adicionan aumentos de 80 por ciento en 2017: un acumulado de aumentos de 2060 por ciento sólo en dos años años.
En el caso del gas se alcanza un acumulado promedio de 1060 por ciento de aumento: la factura de gas será, a fin de 2017, 11 veces más cara que dos años atrás. El prorrateo de cuotas de gas no sólo es un intento de paliar el tarifazo energético sino que, fundamentalmente, refleja una situación crecientemente compleja ante tarifazos poli-rubro que se enfrentan con salarios deprimidos.

* Centro de Economía Política Argentina (CEPA). Por Julia Strada, Eva Sacco y HernÁn Letcher *