El Gobierno Nacional busca que las provincias bajen la presión impositiva y apoyen en el Congreso la reforma tributaria. Y como parte de la negociación, decidió que no enviará al Congreso la prórroga del cumplimiento del pacto fiscal firmado en 1993. Si no se aprueba esa postergación, y entran en vigencia los acuerdos de 1993, las provincias deben disponer un esquema de exención de Ingresos Brutos a la actividad primaria y a la industria, entre otras, y derogar el impuesto a los Sellos.
La prórroga original fue realizada por el kirchnerismo, con una ley del 28 de octubre de 2015. El mes pasado el Ejecutivo debía enviar otro proyecto similar al Congreso, junto con el del impuesto al Cheque y el del Presupuesto 2018, porque será parte de la negociación para aprobar el paquete económico después de las elecciones de octubre. Pero no lo hizo. Según indicaron en el oficialismo del Senado, el pacto fiscal es parte de las leyes que están en juego, junto con el Presupuesto, Responsabilidad Fiscal, el impuesto al cheque, el excedente del Fondo del Conurbano, la reforma impositiva y la emergencia económica.
«Ese paquete tiene que resultar en tres leyes: una ley de gastos, el Presupuesto; otra de reforma impositiva, y otra de Responsabilidad Fiscal», explicaron.
No prorrogar el pacto fiscal obligaría a los estados subnacionales a implementar «parcial y progresivamente» la exención en Ingresos Brutos a la producción primaria; industria; prestaciones financieras; aseguradoras; compraventa de divisas; servicios de electricidad, agua y gas que no se realicen en viviendas, construcción de inmuebles.
Pero también obligaría a la Nación a reducir el IVA al 18%.

Impuesto distorsivo

Las provincias todavía esperan conocer la propuesta del Ejecutivo para compensar una reducción en Ingresos Brutos, un impuesto distorsivo que explica un 75% de los ingresos provinciales. Hoy sólo están reduciendo la alícuota sobre los créditos hipotecarios.
Según indicaron en Hacienda, «recién se está empezando a negociar con las provincias un nuevo pacto fiscal» para modificar el sistema tributario de las provincias.
En los 90 algunas provincias eximieron Ingresos Brutos y otras volvieron hacia atrás. Hoy el esquema varía de provincia en provincia. Según datos del Observatorio Fiscal Federal, las alícuotas de la actividad primaria fluctúan entre 1% y 1,75% (con algunos máximos de 3,5%), mientras las de la actividad industrial tienen topes que superan 4%, donde resulta relevante la radicación de los establecimientos.
«Para resignar ingresos genuinos, tenemos que ver con qué resignarlos y en qué contexto bajar las alícuotas», dijo un ministro de Hacienda de una provincia norteña que recibió la visita de Hacienda. «Nosotros entendemos que es bueno tratar de mermar la presión tributaria de las provincias, pero que no se desfinancien. La modificación de Ingresos Brutos, lo que pueda haber de reforma tributaria y Fondo del Conurbano se tendrían que consensuar entre todas las provincias», agregó.

Falta la iniciativa

Por lo pronto, el Ejecutivo no tomará la iniciativa de prorrogar el pacto fiscal, pero entiende que si alguna provincia quiere impulsar su renovación lo puede hacer desde el Senado. «Si hay alguna intención de mantener la prórroga, que surja de los senadores. Mandamos la prórroga del impuesto al Cheque porque impacta en los ingresos del Tesoro nacional y con afectación específica a Seguridad Social, pero Ingresos Brutos es de órbita provincial», sostienen desde la administración central.
La idea del Ejecutivo es que en una primera etapa haya una discusión entre Nación y las provincias, seguida luego de otra en el Congreso. «Es el enorme acuerdo político que hay que hacer inmediatamente después de la elección», explicó el senador.

Compensación gradual

El pacto se reemplazaría con la reforma tributaria, que incluye la compensación gradual del impuesto al cheque, reducción de Ganancias si se reinvierten utilidades y el debate sobre un impuesto a la renta financiera. También con un acuerdo político sobre cómo compensar el Fondo del Conurbano bonaerense. «En el oficialismo creemos que en cualquier caso tiene que haber un acuerdo con o sin sentencia», explicaron. Y con la firma de 22 provincias del proyecto de Responsabilidad Fiscal para que el gasto corriente primario no supere la inflación.
El cóctel de medidas es amplio y sólo quedarán dos meses hasta fin de año para negociarlo, por eso ya se plantea llamar a sesiones extraordinarias en el Congreso para enero y febrero. «Es un desafío político mayor. Está poco negociado, pero está bastante calculado; hay mucho trabajo hecho de simulaciones», dijeron en el Senado. «Habrá muchos elementos cuando las partes se sienten a negociar», completaron.

Coparticipación: un camino sinuoso

La Nación no cederá recursos de la recaudación del Impuesto al Cheque. Por otro lado, los ahorros por eliminación de subsidios se utilizarían para pago de servicios de deuda.
Dos noticias producidas en esta última semana anticipan lo sinuoso que se pondrá el camino de las provincias para negociar un nuevo esquema de coparticipación federal.
Por un lado, el ministerio de Hacienda de la Nación ingresó por mesa de entradas de la Cámara de Diputados el proyecto de prórroga, hasta el 31 de diciembre de 2019, del llamado Impuesto al Cheque, con un cambio fundamental: el 30% será coparticipado con las provincias y el 70% restante irá a la Anses. Claramente, el gobierno nacional advierte que la situación de la seguridad social no puede correr riesgos y asegurará su financiamiento.
Actualmente, de lo que recauda el impuesto al cheque (unos $197.000 millones, proyectados para el 2017), de modo efectivo llega a las provincias un 17,2%, un 80,5% va al Tesoro y 2,3% va a la Anses.
Si se aprueba la iniciativa de la Nación, las provincias recibirían unos $59.100 millones en lugar de los $33.884 millones que perciben ahora. Es más dinero, sí, pero no lo que tenían previsto solicitar a cambio de una virtual caída del Fondo del Conurbano Bonaerense (FCB).
En efecto, los gobernadores especulaban con una hipótesis de máxima que era obtener la coparticipación plena y efectiva del Impuesto al Cheque o, una de mínima, que pretendía sumar al 17,2% actual un 30% adicional como compensación por pérdida del FCB. Vale decir: querían el 100% del impuesto o algo cercano al 50% de lo que recaude; tener que conformarse con 30% sonará «a poco».
La masa de fondos en juego es significativa. Según muestra la página 58 del mensaje de elevación del Presupuesto Nacional 2018, el próximo año el gobierno espera percibir por el gravamen al cheque unos $201.737,9 millones (1,63% del PBI). Las provincias quieren al menos $95.220 millones de ese pastel, que para Córdoba derivaría unos $10.284 millones.
A la hora del debate, la Nación, seguramente, recordará a los gobernadores que con esta masa de dinero (que ahora priorizará a la Anses, no al Tesoro nacional) se auxiliará a los déficits de las cajas previsionales. Esto es cierto, y la Caja de Jubilaciones de Córdoba se beneficiará; sin embargo, el Tesoro provincial es el que puede verse resentido porque en el 2018 la Provincia deberá empezar a reducir la presión impositiva y, por ende, resignará recursos también por esta vía. (Fuentes: Cronista, ME, Perfil, Iaraf)