Argentina ha sido reconocida en la región como un país pionero en materia de impulsar equidad de género en la actividad pública. Fue el primer país en adoptar acciones afirmativas para incorporar a la mujer a cargos políticos electivos, con la sanción de la Ley de Cupo Femenino en 1991. Sin embargo, este avance en materia de equidad en el Poder Legislativo no ha tenido su correlato en el Poder Ejecutivo Nacional (PEN), en donde el nivel de participación femenina evidencia un crecimiento más tímido y sinuoso.
Si observamos la evolución del total de designaciones realizadas a ministras desde 1983 a 2016, por período presidencial, nos encontramos con que la tendencia de incorporación creciente de mujeres a la vida pública desde el regreso de la democracia se ha visto interrumpida en tres ocasiones.
El primer retroceso se evidenció durante la primera presidencia de Carlos Menem, quien contó con un gabinete ministerial integrado exclusivamente por hombres, a diferencia de su predecesor, Raúl Alfonsín, quien designó a una mujer como ministra. El segundo retroceso se evidenció entre las dos gestiones de la ex presidente Cristina Fernández con la designación de una ministra menos en el período 2011-2015 con respecto a su primer mandato.
Por último, la tercera interrupción de la tendencia incremental se produjo con la gestión de Mauricio Macri. Si analizamos el total de designaciones a ministros/as realizadas en sus dos primeros años de gestión, observamos que el 11% de sus designaciones han sido mujeres. Este escenario supone una caída con respecto a los gabinetes del gobierno anterior, quien designó a un 16% de mujeres durante su segundo mandato.

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Respecto al resto de los puestos de decisión políticos de la administración central del PEN, podemos observar que los niveles de participación femenina en cargos de secretarias y subsecretarias también se han incrementado en las últimas décadas, aunque su evolución ha sido testigo de algunas regresiones, fundamentalmente durante las presidencias de De la Rúa y Duhalde.
Otro segmento de la administración central de crucial importancia por sus funciones vinculadas al asesoramiento en materia de formulación de políticas públicas o entrega de servicios, y que reproduce, aunque en menor medida, niveles de segregación vertical, es la Alta Dirección Pública (ADP).
En 2016, las mujeres fueron titulares del 32% de las direcciones nacionales, generales y simples (contra un 38% en 2015), y un 33% de las coordinaciones, evidenciándose una importante caída de espacios ganados.
Estos datos confirman además, que el nivel de representación femenina en puestos de decisión del PEN es bajo. Si bien las mujeres representan actualmente alrededor del 50% de la fuerza de trabajo empleada por la administración central del PEN (aunque el dato no contempla a las fuerzas de seguridad y defensa), esta composición casi paritaria en la base piramidal no se refleja en las altas esferas o puestos de decisión tanto políticos como técnicos. Evidentemente, la presencia femenina disminuye a medida que se asciende en la pirámide de poder de la administración pública nacional.

Estigmatizando roles

Adicionalmente la presencia femenina en puestos de decisión es despareja. Además de su baja presencia en puestos de decisión, se observa un desplazamiento de la mujer a ciertos ámbitos ocupacionales específicos, habitualmente considerados “femeninos” o de menor prestigio. Los Ministerios de Defensa, Hacienda, Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, y Finanzas no tenían en 2016 ningún cargo de ministra, secretaria o subsecretaria ejercido por una mujer, mientras que entre 2011-2015 estos mismos ministerios contaban con un 11%, 27% y 30% respectivamente (Finanzas no existía). Por su parte, aquellos ministerios con mayor representatividad eran entonces Desarrollo Social (43% en 2016, 50% entre 2011-2015), Salud (40% en 2016, 20% entre 2011-2015) y Educación (36% en 2016, 29% entre 2011-2015).

Empleados públicos

De acuerdo a los datos de la encuesta anual de hogares urbanos (EAHU), entre 2010 y 2014, la cantidad de trabajadores estatales pasó de 3,3 a 3,9 millones. Es decir, el Estado en todos los niveles de gobierno incorporó 600,000 nuevos empleados públicos. Así para 2016, el empleo público representaba el 18,8% del total de trabajadores. Casi 2 de cada 10 trabajadores en la Argentina se desempeñaban en alguna repartición estatal del orden nacional, provincial o municipal.
Sin embargo, el ritmo y la intensidad del crecimiento del empleo estatal no se comporta en forma homogénea para los tres niveles de gobierno. En términos relativos, el empleo público nacional había registrado un crecimiento constante en la cantidad de empleados públicos en el período 2009- 2015 a un ritmo promedio del 4% anual. Esta tendencia se frenó en el año 2016, con una caída en términos absolutos y relativos desestacionalizada del 0,4%, contrastando en mayor medida con la continua marcha ascendente del empleo estatal en provincias y en municipios.
Este dato cobra relevancia por dos motivos fundamentales. En primer lugar, luego de siete años de crecimiento continuo el empleo público a nivel nacional (incluso con amesetamiento del empleo privado) no sólo detuvo su crecimiento sino que se contrajo. Esta leve caída encuentra su correlato con las iniciativas impulsadas por la nueva administración apenas iniciada su gestión de revisar los procesos concursales y de selección de personal. A través del Decreto 254/2015 se propuso revisar los concursos de selección de personal de los últimos dos años y las designaciones efectuadas en los últimos tres. En consonancia con el espíritu de esta norma y con el propósito de continuar trabajando en pos de controlar el crecimiento del empleo público, en enero de 2017 se dictó la Decisión Administrativa 12/2017, que dispuso el congelamiento de cargos estableciendo límites a la contratación de personal. Dicha norma determinó que las distintas entidades que componen el Poder Ejecutivo Nacional no podrán incrementar sus plantas de personal contratado, tomando como tope las cantidades existentes al 31 de diciembre de 2016.
En segundo lugar, esta caída se da en el marco de un aumento de la estructura organizacional de la Administración central. Si bien no se expandió la dotación de personal de la Administración Pública Nacional frente a la proliferación de nuevas estructuras, sí lo hicieron los cargos político.
No obstante ello, resulta fundamental tener en cuenta que en Argentina, el 79% de los empleados públicos trabaja en las estructuras estatales de las provincias y municipios. Así, el sector público nacional explica apenas el 21% del empleo público total, como resultado de un largo proceso de descentralización de las funciones estatales comenzado en los años setenta y continuado luego a lo largo de los noventa. Sin embargo, el grueso del presupuesto sigue concentrando en la estructura nacional.