Originada en abril de 2013 bajo el ala del Ministerio Público Fiscal, la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), bajo la dirección del doctor Marcelo Colombo, se convirtió en un punto focal para la investigación de la esclavitud sexual y laboral en la Argentina. La PROTEX reemplazaba así a la vieja UFASE, la Unidad de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata, para actuar directa e indirectamente en casos, entrenar personal judicial, orientar y proteger a víctimas desde un área específica y recolectar y sistematizar la información de causas judiciales en todo el país.
Esta semana, la unidad bajo el fiscal Colombo completó su informe de gestión para el año pasado, al que Infobae accedió en forma completa. Es, en sí, una síntesis del tráfico humano en la Argentina y su llegada a los tribunales. El informe reveló, básicamente, el accionar de los jueces ante la problemática: Hoy en el país, de acuerdo a la PROTEX, existen 6040 casos de personas desaparecidas: 3231 son mujeres.
Información tras sistematizar causas desde 2013 hasta 2015 que llegaron a procesamiento reveló 386 víctimas de trata sexual en los últimos tres años. Esto contrasta fuertemente con información del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, que habla de 9.987 víctimas rescatadas desde abril de 2008, el 48% de ellas por explotación sexual. En diciembre pasado, segùn el mismo organismo, hubo 454. En 2009, solo hubo tres condenas por trata sexual en el país. En 2015, se llegó a un pico: 21, la misma cifra que en 2014.
Paraná es la jurisdicción que registró más sentencias para el mismo delito: 17 fallos en total. Le siguió Mar del Plata con 14 y Rosario, con 11.
Las cifras también permiten trazar un perfil de los explotadores. Los hombres son líderes: 132 imputados condenados el año pasado con 14 absueltos. Hubo, frente a esto, 80 mujeres condenadas y 12 absueltas.
En cuanto a nacionalidades, los argentinos encabezan el ranking: 175 condenados contra 27 paraguayos y apenas seis dominicanos y dos chilenos.
Denunciar también vale. En los últimos tres años, desde 2013 hasta 2015, la PROTEX inició 1107 investigaciones preliminares, 371 de ellas originadas por la línea 0-800 del Ministerio de Seguridad, y paradójicamente solo 27 por las fuerzas de seguridad mismas. El año pasado fue el pico: 428 causas generadas. Por otra parte, la línea gratuita 145, que recibe denuncias de trata de todo el país dio 975 casos reportados desde agosto del año pasado hasta febrero de 2016. Hubo 337 denuncias desde la provincia de Buenos Aires, otras 147 desde Santa Fe, apenas 68 desde Capital Federal. Un 77% del total derivó en una investigación preliminar.
El dinero también juega: 29 millones de pesos en efectivo fueron encontrados en domicilios allanados por trata en todo el país entre 2013 y 2015, con 38 inmuebles incautados y dos embarcaciones en la lista. Una de ellas está involucrada en la causa por lavado de dinero que llevó a la Justicia a Madaho’s, el mayor prostíbulo VIP de Mar del Plata.
En mayo del año pasado, Madaho’s cerró su década ganada y hot en el corazón de la clandestinidad marplatense no con una fiesta memorable sino con un denso expediente en los tribunales de la ciudad costera, motorizado por la PROCELAC, a cargo del fiscal Gonella, una investigación revelada por Infobae. Con sexo a cien dólares la hora y champagne a tres mil pesos la botella, fue allanado el 19 de septiembre del año pasado por orden del fiscal Pablo Larriera y el juez Santiago Inchausti: había casi 30 mil pesos en la caja registradora, a pesar de una voluminosa operatoria de tarjetas de crédito, junto a 50 clientes masculinos y 24 mujeres.
Madaho’s era controlado por una SRL bajo la razón social de Rolafa, integrada principalmente por tres nombres: Mario Alberto Sasiaín, Mario Alejandro Lafalce y el contador Daniel Alberto Fay, titular del estudio que llevaba su apellido, uno de los más reconocidos en la zona. Para la Justicia, Rolafa SRL resultó la punta de un gran iceberg financiero, y la razón principal de una pregunta elemental: a dónde fue el dinero ganado por presuntamente explotar mujeres. La tarea de PROCELAC mostró una larga lista de cuentas bancarias, bienes como casas, autos y la embarcación en cuestión que superaba largamente la capacidad de los tres implicados. En total, se estimaron 40 millones de pesos que habrían sido lavados. La Nación publicó una cifra global proveniente de una colaboración entre PROCELAC y PROTEX: 132 millones de pesos involucrados en nueve casos como el del clan Alé, implicado en el expediente de la muerte de Marita Verón.
En su informe, la PROTEX razonó que «en los últimos tres años se procuró mantener y priorizar la intervención en casos en que los imputados fueran personas con acceso a estructuras de poder» para alcanzar en la imputación a «los verdaderos y grandes ganadores de la explotación de personas: proxenetas, intendentes, jefes policiales, entre otros».
Bajo esta línea, hubo casos notables. En junio del año pasado, el Tribunal Oral Nº1 de Mendoza condenó a diez años de cárcel a Sebastián Solé, señalado como el dueño de un prostíbulo VIP en la capital provincial, donde al menos 30 mujeres eran explotadas. Una mujer que se había fugado fue la denunciante; lo hizo por vía telefónica. También fueron condenados la encargada del boliche, el empleado de mantenimiento, el médico que le practicaba abortos a las víctimas y, también, dos policías y un inspector municipal.
En Salvador Mazza, Salta, el ex intendente Carlos Villalba tuvo que ser llamado cinco veces a indagatoria por el juez federal Carlos Medina luego de varias maniobras dilatorias de la defensa. La PROTEX asistió a la fiscalía en el caso. Villalba fue imputado de un delito al menos tenso para un jefe comunal: transportar a dos mujeres desde Salta a Jujuy para ser explotadas sexualmente. El caso explotó a comienzos del año pasado.