Finalmente, luego de una serie de escándalos que tomaron estado público en el marco de los diversos allanamientos realizados en el prostíbulo de la calle Villegas 516, la Fiscalía de Puerto Madryn clausuró el inmueble, donde semanas atrás, una mujer embarazada de 7 meses denunció haber estado recluida, y donde hace cuatro años, cuatro mujeres de nacionalidad paraguaya fueron víctimas del delito de trata de personas.
El “VIP”, como se lo solía denominar, trajo más de un dolor de cabeza a los vecinos de la zona, principalmente a quienes llevaban a sus hijos a las dos escuelas que se encuentran próximas al edificio; incluso, la polémica llegó hasta el Concejo Deliberante, desde donde un edil se pronunció duramente respecto de la problemática que acarrea que en la ciudad existiera un sitio donde hubo trata de personas y que el mismo continuara abierto, a la vista de la comunidad y de las propias autoridades.
Desde la Policía del Chubut habían hecho referencia a un “vacío legal”, término del cual se hizo eco el jefe de los fiscales en medios radiales, Daniel Báez, dado que se trata de un sitio que no se encontraba habilitado, es decir, una “propiedad privada”, y que en más de una ocasión fue allanado por venta de bebidas alcohólicas sin habilitación, en el primero piso donde funcionaba un “bar”.

Negocio familiar

Actualmente, el “piringundín” era regenteado por el hijo del propietario y la ex pareja de éste, quien se encuentra preso por el delito de trata de personas y fue condenado a 9 años de prisión por un tribunal colegiado, integrado por los jueces Enrique Guanziroli, Pedro José de Diego y Nora Cabrera de Monella; el inmueble debía quedar a resguardo del Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia, hecho que se concretó luego de un año y medio de que fuera impartida la sentencia, cuando la misma quedó firme.
Antes de ello, diversos allanamientos tuvieron lugar allí, donde efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) secuestraron importantes cantidades de bebidas alcohólicas y constataron que continuaba ejerciéndose la prostitución en el lugar, aunque durante los últimos operativos no detectaron mujeres que fueran víctimas de trata, sino que las mismas se encontraban allí por “voluntad propia”.

Clausura y polémica

La decisión de clausurarlo se vio plasmada en un operativo realizado por agentes de la PFA el pasado lunes, en el marco de un procedimiento policial y municipal y del presunto delito de “facilitación de la prostitución”.
También, los efectivos detuvieron a quien dijo ser la “dueña” del lugar, por provocar disturbios e impedir que se realizara el operativo.
A su vez, el prostíbulo de la calle Villegas no estuvo exento de polémicas últimamente, luego de que escapara una mujer embarazada de siete meses y denunciara haber sido “secuestrada” allí durante dos días, denuncia que recayó en la Comisaría de la Mujer; semanas antes, en otro hecho controversial, un empleado municipal protagonizó un fuerte choque, que tuvo como víctima a un funcionario del Gobierno Provincial, en las inmediaciones de Piedra Buena y avenida Gales; según fuentes extraoficiales confiaron a El Diario, el conductor, que manejaba con una importante nivel de alcohol en sangre, había salido del “piringundín” cerca de las 10 de la mañana y provocó el accidente, tras haber chocado otros autos durante su derrotero al volante.
Según se desprende del testimonio de un testigo en la causa por la cual fue finalmente condenado el entonces propietario del inmueble, Eduardo Pablo “El Gitano” Aborsky, en el lugar “desde el 2008 siempre iban personas de la noche hasta que lo clausuraron” y “había también chicas argentinas, paraguayas” y, de acuerdo a lo que dijo creer, “alguna brasilera”; el testigo, que tenía un negocio cercano al edificio de Villegas 516, había concurrido esporádicamente al lugar, unas cuatro veces, según mencionó en la causa.

La Policía encontró “resistencia”

El accionar de la Fiscalía, en cabeza del jefe de Fiscales, Daniel Báez, tuvo lugar el lunes por la tarde: intervino el propio funcionario judicial, que concurrió al lugar tras solicitar su clausura “definitiva”, en el marco de un operativo del cual participaron la División Investigaciones de la Policía del Chubut, el jefe de la Unidad Regional Puerto Madryn, comisario mayor Ricardo Cerda, y personal de la Comisaría Primera.
Durante el allanamiento, los efectivos se encontraron con “resistencia” por parte de quien dijo ser la propietaria del edificio y que luego quedaría detenida, Carmen López, quien quiso impedir el accionar policial armada con un cuchillo.
La (última) denuncia había sido realizada el viernes 13 de octubre, por una mujer con siete meses de gestación de embarazo, en la Comisaría de la Mujer; la misma había manifestado haber estado recluida en el “VIP” durante dos días.
La denuncia fue desestimada por el fuero Federal provincial como “trata de personas” y fue reenviada a la Fiscalía de Puerto Madryn, bajo la carátula de presunta “privación ilegítima de la libertad”, lo cual finalmente fue la “gota que rebalsó el vaso” para que se decidiera, desde el fuero provincial y a pedido de la Fiscalía local, realizar la clausura definitiva del inmueble.

Grave caso de trata

El condenado por trata de personas recibió su sentencia a mediados de febrero del año pasado; actualmente, cumple la pena de 9 años de prisión por esclavizar y someter sexualmente a cuatro ciudadanas de nacionalidad paraguaya, a quienes “trajo” de Paraguay tras pagar a un contacto, mencionado como “Andrés” en la causa, unos “mil pesos” por cada una de ellas.
Las mujeres habían sido trasladadas desde Paraguay hasta Buenos Aires, bajo la promesa de un trabajo como empleadas domésticas, pero luego fueron desviadas hacia Puerto Madryn y recluidas en el edificio de Villegas 516.
El individuo, que tenía 60 años al momento de su condena, gozaba de prisión domiciliaria en su vivienda de la calle San Luis, en Puerto Madryn, y tras ser sentenciado, fue trasladado a la Unidad 6 de Rawson, donde permanece recluido. Su pena se agravó por el hecho de haberse aprovechado del estado de vulnerabilidad en que se encontraban las cuatro mujeres, que habían creído que iban a desempeñarse como empleadas domésticas, además de que todas ellas tenían “baja escolaridad” y, tres de ellas, hijos menores a cargo.
Ya desde 2016, el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia había ordenado decomisar el “VIP” y utilizar el espacio como oficinas destinadas a programas de protección para víctimas de trata; la iniciativa fue recogida por el Concejo Deliberante y en los próximos días una propuesta en ese sentido podría ser impulsada en el recinto.
La mujer que regenteaba el lugar en aquél entonces, apodada “Bety”, quien manejaba el dinero que los clientes pagaban para someter sexualmente a las mujeres que se encontraban cautivas y cuyo nombre real es Eduarda Amarilla, continúa prófuga al día de hoy.

Facilitación y promoción de la prostitución

Desde la Fiscalía informaron que, sobre las 19 horas del lunes, “una comisión de la Policía Provincial, conjuntamente con la presencia del fiscal Daniel Báez, clausuró el inmueble ubicado en calle Villegas 516, donde había dos mujeres ejerciendo la prostitución, y detuvieron a la propietaria, quien se resistió con un cuchillo”, a lo cual Báez agregó que “en el lugar se seguía ejerciendo la prostitución de una manera delictiva; había dos mujeres y hubo una señora identificada como Carmen López, que sería la encargada del lugar, que intentó resistir el accionar policial con un cuchillo; la mujer está detenida: se le imputan delitos de desobediencia y atentado a la autoridad”.
Además, el fiscal aclaró que la “trata de personas” es competencia de la Justicia Federal y que lo que se investiga localmente es la “facilitación y promoción de la prostitución”. “Es una investigación que se desprendía de una causa del Juzgado Federal. La causa llega a la Justicia de Puerto Madryn. Se comprobó que eso es un prostíbulo. La ley nuestra pena la facilitación y la promoción de la prostitución, aún con el consentimiento de la víctima. Era un lugar donde se facilitaba y se promocionaba la prostitución”, explicó.

“Acá había otro trasfondo”

A su vez, en un comunicado oficial, el Ministerio Público Fiscal relató que “hace pocos días, una mujer embarazada logró escapar y denunció que estaba obligada a mantener relaciones sexuales por dinero en contra de su voluntad; la causa pasó la Juzgado Federal, según informó la policía provincial, y allí el secretario Gonzalo Mazziotti entendió que no era trata de personas sino ‘privación de la libertad’ y derivó la causa a la justicia provincial”.
Báez sumó a ello que “a la mujer la obligaban a consumir cocaína; (la denuncia) fue al Juzgado Federal, incluso hablé con el doctor Fernando Gelvez y no estaba enterado. Ni siquiera le corrieron vista al fiscal” y que “el día lunes se pidió la clausura y es un precedente importante porque es la primera vez que se utiliza. Es una figura procesal y valoro que la jueza Patricia Reyes haya tomado la petición de la fiscalía”, agregando que “hay un vacío legal en cuanto a la clausura porque no es un comercio habilitado, pero acá había otro trasfondo y finalmente se logró el objetivo”.
El jefe de fiscales agregó que “lo que se persigue es que esto es más que un VIP. Es una especie de prostíbulo, ya no era un departamento ocupado por dos personas que con total libertad. Lo que queda claro, es que estas personas hacen un aprovechamiento de la situación social de la mujer, y no es casual ese aprovechamiento”.