A tres días de que el Senado español apruebe la intervención del autogobierno de Cataluña para atajar una posible secesión, Madrid y Barcelona mantienen un tira y afloja ante una posible comparecencia del presidente regional catalán en la Cámara Alta.
A pedido del gobierno conservador de Mariano Rajoy, el Senado debe dar luz verde el viernes a unas medidas sin precedentes en 40 años de democracia, decididas al amparo del artículo 155 de la Constitución española. Una de ellas es la destitución en bloque del ejecutivo regional, dirigido por el independentista Carles Puigdemont.
También se ha solicitado poner bajo tutela la actividad del Parlamento catalán, dominado por los secesionistas, y la toma de control de la policía catalana y los medios públicos de comunicación.
Antes de la aplicación de estas inauditas medidas, el portavoz del gobierno catalán, Jordi Turull, dijo que Puigdemont quiere expresarse en el Senado, aunque no garantizó que vaya a hacerlo. «La voluntad es ir a poderse explicar, contestar esta acción del Estado español pero (…) no les puedo asegurar si materialmente va a ser posible o no», dijo Turull.
El Senado, donde el Partido Popular de Rajoy tiene mayoría, ha ofrecido a Puigdemont hablar o bien el jueves ante una comisión o bien el viernes ante el pleno de la cámara, en Madrid. En ambos casos, le daría la réplica un miembro del gobierno. En el pleno, concretamente, «es muy posible que venga el presidente del gobierno», apuntó el vicepresidente del Senado, Pedro Sanz. El problema es que el horario programado coincide con un pleno en el Parlamento catalán, en Barcelona, al que también tiene que asistir el presidente regional. Dicho pleno, propuesto por los mismos independentistas para el jueves, tiene como objetivo responder a la aplicación del artículo 155. La fecha dependerá finalmente de si Puigdemont va o no a Madrid.