La Oficina Anticorrupción (OA) denunció que una de las empresas de construcción del Grupo Indalo obtuvo sobreprecios por casi 100 millones de pesos por la obra de repotenciación del acueducto Lago Musters-Comodoro Rivadavia y por la instalación de una planta potabilizadora entre 2013 y 2015.
La denuncia penal recayó en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°11, a cargo de Claudio Bonadio y el fiscal de la causa es Carlos Stornelli. La obra bajo la lupa es la Ejecución de la “Optimización del acueducto regional Lago Musters-Comodoro Rivadavia- Rada Tilly-Caleta Olivia – Provincias de Chubut y Santa Cruz”, que se había adjudicado a CPC S.A., la constructora propiedad de Cristóbal López, según publicó Clarín.
La obra licitada tenía por objeto realizar reparaciones en diversos tramos del acueducto que tomaba el agua para potabilizar del Lago Musters y la trasladaba hasta las localidades de Comodoro Rivadavia, Rada Tilly y Caleta Olivia.
El organismo que dirige Laura Alonso decidió avanzar con la denuncia al recibir una auditoría crítica de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y otra de la Unidad de Auditoría Interna del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA) que habían observado inconsistencias en los costos a partir de una modificación en la obra. Los cambios -que consistieron en la modificación de caños de mayor densidad en algunos tramos- sólo habían sido sugeridos en un informe no vinculante elaborado por la empresa estatal AYSA, que -como ENOHSA- dependía del Ministerio de Planificación Federal.
Esos cambios habían sido rechazados antes por el gerente técnico José María Luján, hasta que fue reemplazado por Sergio Benet, que pidió el informe a AYSA. Según la OA, esas modificaciones habrían causado un sobreprecio de $46.075.499,21.

Planta potabilizadora

Por una nueva modificación, se decidió la construcción de una planta potabilizadora de ósmosis inversa en Caleta Olivia, a pesar de que los primeros informes de los organismos oficiales aconsejaban recién para 2026 los estudios necesarios para planificar la conveniencia de la instalación, según consta en el expediente. El ENOHSA, además, tampoco tenía experiencia en la construcción de este tipo de plantas.
Según revela el informe, para la instalación de la planta que debía extraer agua de mar se hubiera debido llamar a una nueva licitación, teniendo en cuenta que se trataba de una obra totalmente distinta a la presentada en el concurso original, observaron en la SIGEN. Sin embargo, otra vez fue ejecutada por la firma de López.
Según consta en la causa 15.384, la Sindicatura también verificó sobreprecios. Calculan que por la provisión de los cuatro módulos que conforman la planta de ósmosis inversa se habría pagado un sobreprecio de $46.757.340, mientras que por la instalación de esos módulos se habría pagado la suma de $ 6.741.499,68 de más; lo que sumado al sobreprecio en el acueducto da un total de $99.574.338,90.

La presentación realizada ante el juez Bonadio dice que “habría existido un actuar concertado entre el organismo y la empresa contratista, que fue beneficiada con una ampliación ilegal de obras, las que se hicieron pasar como una modificación de una licitación”.
“La empresa fue beneficiada con una ampliación ilegal de obras”, dice la denuncia, que apunta principalmente contra la máxima autoridad del ENOHSA, Lucio Tamburo y al gerente técnico Benet, que aconsejó la intervención de AYSA en primer término y rechazó los informes de su antecesor.

Contexto

Antes de la denuncia de la Oficina Anticorrupción, la constructora de López CPC había conseguido, ya bajo la gestión de Cambiemos, quedarse con una serie de obras. En julio pasado licitó y ganó la construcción de una ampliación del sistema de efluentes de Bariloche. Para ganar la obra hizo una oferta menor al presupuesto pautado.
En 2016, además, había ganado la licitación para construir una ruta en Santa Cruz que había sido adjudica a Lázaro Báez durante el kirchnerismo y nunca la había terminado. Desde el Gobierno argumentaban que la empresa de López no tenía trabas judiciales ni de la AFIP. Con esta denuncia la situación puede cambiar para CPC.