El “Consenso Fiscal” supone un avance en el ordenamiento del Estado. El punto central es que los mayores recursos que la Nación transferirá a la Provincia de Buenos Aires y al resto de las jurisdicciones se compensen con la eliminación de los subsidios a los servicios públicos en el área metropolitana. Sin embargo queda pendiente consensuar la eliminación de la superposición de funciones que prevalece entre organismos nacionales, provinciales y municipales.
La desmesurada centralización de recaudación impositiva en la Nación llevó a la multiplicación de conflictos entre jurisdicciones. Las controversias más importantes son las que cuestionan la apropiación del 15% de la masa coparticipable para ANSES, el esquema de financiamiento de la AFIP y la licuación del Fondo del Conurbano. Como resultado de este perverso fenómeno hay más de 50 juicios activos en la Corte Suprema.
Uno de los principales objetivos del reciente “Consenso Fiscal” es ordenar la relación entre la Nación y las provincias. Las provincias se comprometen a desistir de estos juicios a cambio de recibir una compensación por parte del gobierno nacional. La Provincia de Buenos Aires recupera el equivalente al Fondo del Conurbano, se desactiva para todas las jurisdicciones la apropiación del 15% de coparticipación y se establece un esquema más justo para el financiamiento de la AFIP. La contrapartida es la eliminación gradual de los subsidios diferenciales en favor del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

El esquema financiero

La consistencia financiera del pacto depende de la magnitud de los compromisos. En este sentido, según el documento del “Consenso” y datos de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) se estima que: En 2018 la Nación cederá 45 mil millones de pesos compuestos por 40 mil millones de pesos para Provincia de Buenos Aires y 5 mil millones de pesos para el resto de las jurisdicciones. En 2019 cederá 75 mil millones de pesos compuestos por 63 mil millones de pesos para Provincia de Buenos Aires y 12 mil millones de pesos para el resto de las jurisdicciones. Los subsidios diferenciales en favor de AMBA por encima de lo que recibe el interior se estima en aproximadamente unos 70 mil millones de pesos anuales.
Con estos datos, el pacto impresiona que financieramente consistente y coherente con el objetivo de reducir el déficit fiscal. La Nación cede gradualmente una masa importante de recursos a las provincias que se compensa con la reducción gradual de los subsidios para inversiones y gastos corrientes que actualmente la Nación viene asignando a las empresas de servicios públicos en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano Bonaerense.

Diálogo político y jurisdicción

Tal como está diseñado, el “Consenso Fiscal” resulta un avance en el ordenamiento del Estado. Libera recursos en favor de quienes son las responsables de los roles públicos más importantes (las provincias) y pone fin al aberrante mecanismo por el cual con esfuerzos de todos los argentinos se financian los servicios públicos de la región metropolitana. Si bien el alto nivel de apoyo político le da solidez al pacto, es fundamental que rápidamente la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires asuman sus responsabilidades de financiar con recursos propios los subsidios necesarios para que su población más vulnerable acceda a los servicios públicos. Una reforma que ayudaría a avanzar en este sentido sería también el traspaso de las empresas estatales y los entes regulatorios de servicios públicos desde la estructura nacional a la órbita de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, tal como ocurre en el resto de las provincias.
Además de velar por la correcta implementación del Consenso, es muy relevante aprovechar el clima de madurez política para desactivar el centenar de programas nacionales que se superponen con funciones provinciales y municipales. En los Ministerios nacionales de Educación, Salud, Desarrollo Social, Obra Pública y Vivienda, Medioambiente, entre otros, se han montado estructuras burocráticas que tienen presupuestado ejecutar en el año 2018 aproximadamente 130 mil millones de pesos en acciones que se superponen con las provincias. Destinar recursos públicos para que organismos nacionales hagan lo mismo que organismos provinciales y municipales es una de las principales fuente de derroche. Se multiplica la burocracia, se complejiza la planificación de acciones, se aumentan los riesgos de corrupción, se diluyen las responsabilidades y se generan irresistibles tentaciones a direccionar fondos para doblegar voluntades políticas.
El “Consenso Fiscal” se expone como una alentadora muestra de institucionalidad. Para no desaprovecharla es fundamental no minimizar los esfuerzos que requerirá su correcta instrumentación y avanzar en los acuerdos que lleven a eliminar las superposiciones entre jurisdicciones tendiendo a una gestión del sector público más ordenada y eficiente.

Impacto federal

Tras la firma del pacto fiscal entre el Gobierno y casi todas las provincias, siete de ellas deberán eliminar impuestos locales al trabajo que tenían incluidos en el entramado de su sistema tributario, según indica el punto del acuerdo referente a los Tributos de la nómina salarial, indicó el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf).
Se trata de Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, Salta, Santiago del Estero y Tucumán, que deberán cumplir el acuerdo de responsabilidad fiscal firmado con el Gobierno nacional. Además, San Luis, la única provincia que se niega a firmar, tiene el gravamen al empleo más alto del país.
«El acuerdo procura eliminar inmediatamente tratamientos diferenciales basados en atributos del trabajador tales como lugar de nacimiento, radicación o domicilio, sin perjuicio de admitir tratamientos diferenciales fundados en el lugar donde se desarrolla el trabajo, tal como una zona desfavorable, así como derogar todo tributo sobre la nómina salarial», señala el informe.
Según los relevados por la consultora, el distrito chubutense debe considerar la Ley X – Nº 15 (antes Ley 3270), que establece en la Provincia del Chubut una tasa equivalente al 0,8% del monto total que los empleadores abonen por todo concepto de remuneración a sus trabajadores en relación de dependencia en el ámbito de la provincia, para integrar el Fondo Especial de Policía del Trabajo y Capacitación Laboral. Están exentos del pago de la tasa el Estado Nacional, Provincial y Municipal, y sus Entes descentralizados, Empresas y Sociedades del Estado.
De acuerdo a Iaraf, algunas provincias tenían incluido en el entramado de su sistema tributario, “instrumentos que tenían como objeto gravar al empleo, que deberán eliminarse en caso de cumplir con el Consenso Fiscal firmado”.

El caso puntano

San Luis, la única provincia que no firmó el pacto fiscal con el Ejecutivo Nacional, también tiene un gravamen al empleo en su entramado tributario. Recientemente, el gobierno de Adolfo Rodríguez Saá creó un impuesto que deberán pagar las empresas privadas que contraten mano de obra proveniente de otras provincias que tengan menos de cinco años de residencia en San Luis. El gravamen es de 10% y «generó un intenso debate a cuán ajustada a derecho se encuentra esta norma».
“El análisis muestra también que el acuerdo en estos puntos hubiera sido de alta relevancia en el caso de la única jurisdicción no firmante (San Luis), que resultaba el régimen tributario provincial específico que imponía la carga más elevada de impuesto al trabajo de manera diferencial de acuerdo al origen del trabajador”, concluye el Iaraf.

Fuentes: IDESA, IARAF, Propias