Mediante un documento de 108 páginas, ingresó este martes a la Corte Suprema de Justicia, la presentación de Chubut, ante la demanda interpuesta desde el gobierno de Buenos Aires, hacia el Estado Nacional, donde se solicita la eliminación del “tope” de los 650 millones de pesos que corresponderían a dicha provincia, en virtud de la coparticipación del 10 por ciento que recibe según la Ley de Impuesto a las Ganancias.
Así lo confirmó el fiscal de Estado, Diego Martínez Zapata, al recordar que Chubut tenía plazo para contestar la citación de terceros hasta el 14 de noviembre, y finalmente fue enviada el lunes e ingresada formalmente a la Corte este martes 7 de noviembre.
Se trata de la oposición a la demanda que ha interpuesto la provincia de Buenos Aires con el Estado Nacional, reclamando, la inconstitucionalidad del artículo 104 de la Ley de Impuesto a las Ganancias.

Posición del Estado Nacional

Martínez Zapata anticipó oportunamente que la contestación que brindada por el Estado Nacional a la pretensión de la provincia de Buenos Aires, de algún modo allana el camino del demandante, “me atrevo a referir que la contestación del Estado Nacional hasta ‘ha mejorado’ la demanda de la provincia de Buenos Aires, porque plantea la conformidad con la inconstitucionalidad solicitada por la misma, además de que solicita su anuencia para la prestación de la medida cautelar, que es una de las cuestiones que también exige la provincia en su demanda, y plantea que la cuestión sea ‘de puro Derecho’, ni siquiera que sea debatida a prueba, con pericias frontales, y que se puedan probar todas las cuestiones que son planteadas en la demanda”, reflexionó el letrado.
La posición del Estado Nacional alertó a todas las provincias que fueron citadas como terceros, y en ese marco, es que la contestación no sólo refiere a la demanda de provincia de Buenos Aires, sino que objeta al Estado Nacional.
“Entendemos que es una cuestión de impuestos coparticipables, que debe ser debatida por competencia constitucional en el Congreso de la Nación, porque estamos hablando de fondos coparticipables, es decir, un impuesto nacional que se reparte entre todas las provincias y que cualquier toque o retoque que se haga, no es por vía judicial, además de que puede afectar, los recursos en gastos corrientes que ya se han presupuestado en todas las provincias, que son las que participan en el excedente de este 10 por ciento, con el tope de los 650 millones”, remarcó Martínez Zapata.

Debate en el Congreso

En coincidencia con lo manifestado oportunamente por Martínez Zapata, las provincias advierten que resulta necesario avanzar con el debate de una nueva Ley de coparticipación en el Congreso de la Nación, tal como se habían comprometido las autoridades del Ejecutivo Nacional que harían en este período y aún no promueven.
Las provincias cuestionan que haya sido el ámbito del Poder Judicial donde se platea la cuestión, por entender que no es competencia para esa discusión. De hecho poniendo en manos de los jueces la resolución del asunto “habilitaría a cualquier provincia, por ejemplo Chubut, a cuestionar judicialmente la inconstitucionalidad de un guarismo que se le otorga a la provincia, por ejemplo, el 4 por ciento que se le otorga en concepto de Impuesto Coparticipable por el IVA y demás y, en definitiva, esto ha obedecido a un debate legislativo y es el legislador el que tiene la competencia para poder hacerlo; no así, liberarlo y dejarlo en manos de la Corte”, analizó el Fiscal de Estado de Chubut.

Consecuencias

Respecto de las consecuencias que tendría una resolución favorable a la demanda bonaerense, en el caso de la provincia de Chubut, le podría acarrear serios inconvenientes, porque serían cerca de 1.000 millones de pesos anuales menos que recibiría la provincia.
El impacto sería similar para las otras provincias porque, lo que plantea Buenos Aires es la inconstitucionalidad del artículo 104 (de la Ley de Impuesto a las Ganancias), que dice que el 10 por ciento de la recaudación del Impuesto a las Ganancias le corresponde a la provincia (de Buenos Aires), con un tope de 650 millones; lo que Buenos Aires plantea es ‘liberar ese tope’ y que se le dé la totalidad de ese 10 por ciento, o bien que se mantengan esos 650 millones y que se participe a Buenos Aires como una provincia más, en el excedente de ese 10 por ciento.