El 31 de julio pasado, personal de la Secretaría de Trabajo provincial, delegación Puerto Madryn, detectó unos cinco trabajadores en condiciones de hacinamiento, en una obra que se estaba desarrollando al sur de la ciudad, precisamente en las inmediaciones de las calles Dorrego y Luis Beltrán.
Las condiciones en las que los individuos se encontraban eran, cuanto menos, calamitosas, y prueba de ello era el precario obrador que se encontraba al fondo del predio, el cual no cumplía con los requerimientos oficiales de seguridad e higiene: alimentos sin refrigeración y en mal estado, colchones suspendidos sobre ladrillos, conexiones eléctricas con riesgo de cortocircuito, paredes con humedad y materiales de construcción en el ingreso a la “habitación” eran, tan sólo, algunos de los detalles que motivaron la intervención del área de Trabajo, tras la denuncia del gremio de la construcción.
La obra fue suspendida y, según trascendió, los inversores, de origen chino, finalmente abonaron la multa de 230 mil pesos impuesta por la Secretaría, además de indemnizar a los trabajadores por un monto que no trascendió.

Denuncia, clausura y reanudación

De este modo, la obra fue nuevamente habilitada, aunque al momento no han trascendido los montos con los que la firma desarrolladora ha resarcido a los trabajadores; estos últimos provenían de Venezuela, Senegal, Bolivia, Paraguay y Perú, y se encontraban asignados a la obra desde hacía varios días, hasta que, según indicaron desde la Uocra, una inspección realizada en el predio detectó las condiciones en las que los obreros se encontraban.
Según pudo constatar el Diario, la obra no reunía las condiciones de seguridad mínimas para trabajar; para ingresar al terreno había sido dispuesto un camino de tablas de madera, lindante con pozos realizados alrededor, lo cual suponía más de un riesgo para quienes se encontraran en el sitio; también, varios caloventores se encontraban conectados a la red eléctrica y próximos a los colchones donde descansaban los trabajadores, implicando un riesgo ígneo alto.

Antecedentes

La obra fue, por aquél entonces, suspendida, y sus responsables multados por unos 230 mil pesos, además de que, por disposición de la Secretaría de Trabajo, debieron abonar a los trabajadores las indemnizaciones correspondientes; una vez cumplido eso, según indicaron desde dicha cartera, los trabajos fueron reanudados y la obra siguió su curso.
La polémica tuvo lugar semanas después de que una inspección de la Secretaría de Trabajo, a partir de una denuncia del gremio de la construcción, detectara trabajadores hacinados en una empresa pesquera ubicada al norte de la ciudad; en este caso, los empleados provenían de la provincia de Tucumán y vivían en un obrador, mientras trabajaban en una ampliación de la planta.
La empresa pesquera en cuestión fue sancionada con el pago de unos 20 salarios mínimos por cada uno de los trabajadores que habían sido detectados viviendo en condiciones insalubres en dicho obrador.