El representante del Ministerio del Interior en el “Proyecto Patagonia”, Ignacio Torres, se reunió con directivos de un importante holding de empresas vinculadas a la industria naval, quienes están interesados en invertir 15 millones de dólares para instalar un astillero en Puerto Madryn, que permita hacer frente al mantenimiento de la flota permanente y a mediano plazo comenzar con la construcción de barcos.
Del encuentro participaron además funcionarios del Ministerio de Producción, de la Subsecretaria de Puertos y de la Subsecretaria de Pesca de la Nación, como así también representantes del Sindicato Argentino de Obreros Navales.

Polo naval

La primera reunión tuvo por objetivo vincular a los empresarios con los distintos programas del Gobierno Nacional que pueden dar impulso al proyecto para poder pensar en un esquema integrador, donde se pueda trabajar en conjunto con la industria local, profesionalizarla y capacitar al sector.
Torres resaltó la importancia de llegar a un acuerdo entre el sindicato, el empresariado y el sector público, ya que dijo, “esto da muestra de un cambio cultural donde lejos de poner palos en la rueda o burocratizar una inversión que además de diversificar la industria local va a tener un fuerte impacto en la generación de empleo, se pudo evaluar un esquema de financiamiento a través de un fondo de garantía y el sindicato presento un programa de capacitación terciara para los trabajadores del sector, donde cada uno se comprometió a acompañar en un esquema colaborativo”.

Generación de empleo

En el mismo sentido, el concejal Claudio Tortoriello, destacó el impacto que puede llegar a tener en la ciudad y en la región, ya que sostuvo, “contempla también la incorporación de la flota amarilla como potenciales clientes y es complementario a lo que hoy se está realizando en materia industrial naval”. Por ello, resaltó que “tenemos que seguir brindando las herramientas para que existan más inversiones en nuestra ciudad y para eso tenemos que trabajar en conjunto como es el caso de esta mesa multisectorial”.

Ley de Participación Público Privada

Por otra parte, Torres destacó la buena predisposición tanto del Ministro de Producción de la Provincia, Pablo Mamet, como del Ministro Coordinador, Sergio Mamarelli, quienes además de seguir el tema de cerca, “se comprometieron a agilizar los plazos para que la provincia ponga en práctica cuanto antes la ley de Participación Público-Privada”, que fue aprobada por la Legislatura la semana pasada.
De este modo Chubut adhirió a la ley nacional de Contrato de Participación Público Privada, iniciativa que busca atraer la participación de empresas privadas en proyectos de obras públicas y que ha sido ideado por el Gobierno Nacional para reactivar el sector de la construcción en las provincias.
Se confía en que a través de esta medida se propicie la inversión privada en obras de infraestructura y servicios necesarias para el desarrollo de una actividad económica sustentable que fomente el empleo pleno.
En ese contexto, es lógico que se procure contar con una regulación moderna que ha demostrado funcionar correctamente en Latinoamérica y en muchos otros lugares del mundo, cuya principal ventaja es permitir el financiamiento privado de grandes obras de infraestructura y servicios, de largo plazo.
Destacó el funcionario del Ministerio del Interior que “esta ley permitirá fomentar la obra pública en la Provincia a través de contratos que den previsibilidad a las empresas, disminuyendo el costo de financiamiento”. Y señaló que “un ejemplo concreto seria la posibilidad que esta inversión contemple una etapa donde el estado sede una porción de tierras y el privado financia parte de la obra del polo naval”.

Proyecto meseta intermedia

Agregó que “otro ejemplo de gran impacto en nuestra provincia es la Meseta Intermedia, donde es condición necesaria la adhesión a la ley. Actualmente el gobierno nacional a través del mensaje del Presupuesto 2018, prevé que se agilizaran inversiones por 40 mil millones de dólares en todo el país”.
Indicó Torres finalmente que de este sistema “la mayor ventaja es que las obras son financiadas por el sector privado mientras el Estado paga la infraestructura a través de un canon periódico por el servicio provisto, lo cual permite diferir en el tiempo el impacto presupuestario del precio de la obra. Esta medida es una alternativa al sistema clásico donde el estado diseña, financia, paga y opera y el privado solo construye”.