La cifra, a pesar de que ha ido disminuyendo año tras año, resulta preocupante, teniendo en cuenta la cantidad de hechos y denuncias registrados, según informó la Procuraduría Penitenciaria de la Nación (PPN) en un informe que hace referencia a los últimos nueve años en el Sistema Carcelario argentino.
La intervención sostenida sobre temáticas como la tortura, los fallecimientos, las medidas de fuerza, así como la recopilación de datos oficiales acerca de los procedimientos disciplinarios, la distribución de alojamiento y las personas en situación de especial vulnerabilidad afectadas con resguardo, “ha permitido registrar estos fenómenos, confeccionar bases de datos específicas y observar su evolución temporal durante los últimos cinco años”, afirmaron desde dicho espacio, donde también tuvieron en cuenta que “la gran potencialidad que poseen estos datos, y la periodicidad que abarca su sistematización, permiten analizar la información estadística de forma focalizada, haciendo especial hincapié en la forma en que estas prácticas carcelarias dialogan entre sí, se superponen y/o focalizan en establecimientos o sectores de alojamiento específicos; se trata de una lectura que facilita la identificación de zonas puntuales de concentración de fenómenos que agravan las condiciones de detención y vulneran derechos”.
EL relevamiento llevado a cabo por la Procuraduría tuvo en cuenta las cifras registradas por cuatro centros de detención: el CPF I Ezeiza, el CPF II Marcos Paz, el CPF CABA y el CFJA (UR I y UR II), este último, que aloja varones jóvenes de entre 18 y 21 años.
La capacidad “declarada” de alojamiento es, entre todos ellos, de 11.314 presos; sin embargo, al día de hoy, la cifra asciende a los 11.561, por lo que existe un exceso de población carcelaria de 247 internos.

Incremento gradual de denuncias

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Uno de los ejes centrales de la PPN es el registro, constatación y denuncia de los casos de violencia institucional en espacios de detención; en este marco, para relevar los casos de agresiones físicas contra las personas presas cometidas por el servicio penitenciario y otras fuerzas de seguridad, aplicaron el Procedimiento para la Investigación y Documentación de Casos de Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes ante la toma de conocimiento de un episodio de tales características.
Dicho procedimiento “se basa en los criterios del Protocolo de Estambul, manual adoptado por la ONU como guía para la documentación e investigación eficaces contra la tortura”, consignaron, remarcando que “toda la información producida en el marco de la aplicación del protocolo es analizada, codificada y cargada en la Base de datos de Casos de Tortura Investigados y Documentados por la PPN, cuyo procesamiento permite visibilizar las características estructurales que asume este tipo de prácticas al interior de las instituciones de encierro”.
El flujo de denuncias y hechos registrados refleja profundos altibajos con el pasar de los años.
Por ejemplo, en 2009 hubo 198 casos de torturas y malos tratos, y 54 denuncias presentadas por la PPN; al año siguiente, la cifra alcanzó los 203 casos de torturas y 53 denuncias del organismo; en 2001. En 2011, el número se duplicó: 404 casos de torturas y malos tratos y un total de cien denuncias hechas por la Procuración.

Más de 300 casos este año

Para el año 2012, 443 fueron los hechos de malos tratos y torturas registrados en el sistema carcelario, pero las denuncias de la PPN disminuyeron a 79; el siguente año, un fuerte incremento ubicó los casos de torturas y maltratos en 726, al tiempo que las denuncias de la Procuración se duplicaron, llegando a ser 138.
En 2014, la cifra de malos tratos y torturas fue de 818 y las denuncias de la PPN, 235; al año siguiente, la cifra descendió a los 779, aunque las exposiciones de la PPN subieron a 241.
Finalmente, para el año pasado, último período registrado, los casos de torturas y malos tratos dentro del sistema carcelario fueron 606, y las denuncias de la PPN, doscientas.
En síntesis, entre 2009 y 2016 fueron documentados unos 4.177 casos de tortura y malos tratos físicos, al tiempo que se presentaron unas 1.100 denuncias penales, y de acuerdo a los últimos datos, durante el primer semestre de 2017 se registraron 323 casos y se presentó un total de 102 denuncias penales.

Aumento en sanciones de aislamiento

Por otra parte, el aislamiento unicelular figura entre las modalidades disciplinarias previstas en la Ley de Ejecución Penal y en el “Reglamento de Disciplina para los Internos”, creado a partir de un Decreto de 1997.
“Pese a que se trata de una sanción prevista para casos excepcionales, sin embargo, las dimensiones del aislamiento permiten señalarlo como la práctica sancionatoria más extendida”, afirmaron desde la PPN.
“Considerando que se trata de una forma legítima de intensificación del encierro, desde 2009 se solicita información a todas las unidades federales acerca de su aplicación, lo que permite contar con información oficial de la totalidad de sanciones formales de aislamiento aplicadas en cada año”, explicaron.
En este orden, en 2009 se registró un total de 4.369 sanciones de ese tipo, cifra que aumentó para el año siguente a las 4.554 y, para 2011, disminuyó a las 4.491.
En 2012, volvió a incrementarse más de un 20 por ciento, totalizando unas 5.315 sanciones de aislamiento, número que volvió a pegar un salto en 2013, alcanzando su punto más alto con un total de 6.653 y disminuyendo, para 2014 y 2015, a 5.938 y 5.723, respectivamente.

Muertes en prisión

Otra cuestión delicada tiene que ver con los fallecimientos dentro del sistema carcelario, discriminados por tipo de muerte según el relevamiento de la Procuraduría Penitenciaria.
Sobre este punto, la PPN explicó que registra, documenta e interviene “ante cada muerte de detenidos bajo custodia del sistema penitenciario federal mediante la aplicación del Procedimiento para la Investigación y Documentación de Fallecimientos en Prisión” y arrojó una cifra preocupante: “Entre 2009 y 2016, se produjeron 342 muertes de personas detenidas bajo la custodia del Servicio Penitenciario Federal, 152 de ellas corresponden a causas violentas”.
La estabilidad de los fallecimientos violentos en cifras cercanas o superiores a los veinte casos al año desde 2011 “debe ser comprendida como el resultado de la ausencia de estrategias destinadas a modificar o desterrar las prácticas penitenciarias y judiciales que facilitan la producción de muertes en el encierro”, agregaron desde la institución.
El registro señala que, en 2009, hubo 15 muertes violentas y 32 no violentas; la cifra bajó para el año siguiente, con 9 decesos en hechos violentos y 24 en hechos “pasivos”.
Sin embargo, en 2011 la cifra se disparó y hubo 21 fallecimientos enmarcados en hechos de violencia, mientras que los “no violentos” fueron 15.
Durante los próximos dos años, los números aumentaron: 25 muertes violentas y 31 no violentas en 2012, y 28 muertes violentas y 17 no violentas en 2013.
En los tres años que siguieron (2014, 2015, 2016), las muertes violentas fueron 24, 18 y 14, y las no violentas 27, 20 y 22, respectivamente.

La mayor cantidad de muertes, por ahorcamiento

En cuanto a la distribución histórica de fallecimientos, relevada por la PPN, según la modalidad de muerte entre 2009 y 2016, el informe arroja un total de 117 casos bajo la categoría de “Otra enfermedad”, 68 por “Ahorcamiento”, 59 por “HIV – enfermedad oportunista”, 38 por “Herida de Arma Blanca”, 20 por “Incendio (quemadura / asfixia)”, 17 por “Otro”, etiqueta que implica desde una muerte accidental hasta otras con participación de terceros.
Hubo, a su vez, 10 casos enmarcados en la categoría de “Muerte súbita”, 4 por “Caída de altura”, otros cuatro por “Asfixia con intervención de terceros”, 3 por “Causa violenta no corroborada” y 2 por “Tortura seguida de muerte”.

Huelgas y medidas de fuerza

Entre 2014 y 2016, distintos tipos de reclamos fueron realizados por los internos, relativos a pedidos que abarcaron desde las condiciones de habitabilidad de las celdas, hasta cuestiones judiciales y de atención médica.
Durante dicho período, hubo en total 23 medidas de fuerza en reclamo por “Normas de trato” hacia los presos, 26 relacionadas con las visitas, 28 por “Falta de atención médica”, 42 por “Problemas relacionados con el trabajo”, 52 por “Régimen de Encierro” y “Sanciones”, 55 por “Falta de Atención de las Áreas”, 59 por “Problemas con trámites judiciales”, 81 por “Condiciones materiales y edilicias” y 85 por “Traslados y cambios de alojamiento”.
Solamente el año pasado, las medidas de fuerza en los establecimientos contemplados por el relevamiento alcanzaron la cifra de 176.