Mediante una audiencia pública realizada días pasados, se inició el proceso para limitar por primera vez en 25 años las tarifas de practicaje, uno de los costos logísticos que paga el productor cada vez que transporta sus productos por los ríos nacionales. El objetivo es reducir un 30% los valores actuales. Afirman que la medida se enmarca en la necesidad de aumentar la competitividad de la economía.
El Ejecutivo nacional avanza en su embestida contra determinados sectores que considera “limitantes” del desarrollo económico y la competitividad (como lo hizo con la denominada “industria del juicio”).
Fuentes del Ministerio de Transporte remarcaron que las tarifas actuales están muy por encima de las del resto de la región, y ejemplificaron que en Uruguay se paga un 40% menos por la misma unidad de trabajo que en el Río de la Plata.

Objetivos y consenso

La iniciativa del Gobierno para reducir los costos de las operaciones portuarias tiene un antecedente. Por medio del decreto 874/17 -publicado el 31 de octubre de 2017 en el Boletín Oficial- se determinó que la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables de la Nación fijara tarifas máximas para el servicio de practicaje.
La medida indica que “la remuneración percibida por el prestador privado de un servicio público no es un precio sujeto a la ley de la oferta y la demanda ni al mero arbitrio del empresario que lo presta, sino a la retribución de un servicio público regulado por el Estado, siendo que la potestad tarifaria tiene en miras consideraciones de interés público, tales como asegurar la prestación del servicio en condiciones regulares y proteger al usuario y al interés económico general”.
En ese orden, el ministro a cargo Guillermo Dietrich afirmó durante la audiencia pública que “desde el primer día con el Presidente Macri definimos el espacio estratégico que tiene” el sector de vías navegables, y lo catalogó de “posibilitador indispensable para el desarrollo del país”.
“Durante muchos años no tuvo el foco que debe tener para el sector, en virtud de la ubicación geográfica de nuestro país y de las posibilidades de generar trabajo directo e indirecto”, dijo el titular de la cartera de Transporte durante el inicio de las exposiciones para limitar las tarifas de practicaje.
A su vez, el subsecretario de Puertos y Vías Navegables, Jorge Metz, indicó que el servicio de practicaje en Argentina y en el mundo ha estado en discusión por los altos costos, “en nuestro país se involucran tres sectores: el practicaje en todos los puertos de Argentina, el pilotaje, que involucra a los canales artificiales y naturales; y el lanchaje, que es el servicio de traslado de los prácticos”, señaló.
“Con los únicos con los que no hemos podido acordar ha sido con los prácticos, por lo que debimos llegar a la convocatoria a esta Audiencia, teniendo en cuenta que no se establecía una tarifa máxima por parte del Estado desde el año 1991”, agregó.
Metz destacó finalmente que la baja promedio estimada en un 30% de los valores de la actividad “impactará positivamente en la actividad productiva, sobre todo en lo que tiene que ver con los traslados dentro de los límites de nuestro país”.

Visión crítica

A su turno, Osvaldo Héctor Bao, presidente de la Asociación Civil de Prácticos del Río Paraná, ofreció uno de los discursos más críticos a la decisión del Gobierno de limitar la tarifa máxima de practicaje, “se llegó a esta situación por la actitud incomprensible de funcionarios que, por ignorancia u omisión, tratan de confundir al Ejecutivo indicando que a consecuencias de nuestras tarifas la Argentina no es competitiva y la sociedad pierde puestos de trabajo”, advirtió.
El titular de la organización sin fines de lucro remarcó que desde el Gobierno “intentan aplicar una tarifa máxima de practicaje mediante un decreto que es punitivo, amenazante, coercitivo y que ni las dictaduras militares se animaron a imponer”. Bao concluyó con un mensaje directo al jefe de Estado, al indicar “una aclaración para el presidente Macri: los prácticos no somos una mafia como usted en forma errónea y mal asesorado nos calificó, exitismos desde antes de que Argentina fuera Nación y jamás nos hemos quedado con una moneda que no hayamos ganado honrada y dignamente”.

Adicional por Puerto Patagónico

El texto de la iniciativa advierte que “Teniendo en cuenta la incidencia del mayor nivel de costo de vida de las Provincias Patagónicas se considera necesario establecer un diferencial adicional para los puertos de las cuatro Provincias Patagónicas con litoral marítimo”, asignándose un adicional por Puerto Patagónico del 20%.
En el caso de buques de bandera argentina, con tratamiento de bandera argentina y en aquellos casos en que el servicio sea pagadero por una empresa argentina con al menos el 50% de participación accionaria del estado nacional, se establece una bonificación especial, que será del 25%.