Pasadas las 11 de este lunes pudo finalmente iniciarse el juicio contra ocho usurpadores de terrenos en Playa Magagna, luego de varias interrupciones que a lo largo de dos semanas, impidió que se pudiera escuchar a la ronda de una veintena de testigos del proceso de ocupación ilegal de terrenos. Se trata de construcciones y delimitaciones a pocos metros del mar que se fueron produciendo desde el año 2015 a la fecha.
En el inicio del debate, seis imputados reconocieron haber ocupado ilegalmente los terrenos y ofrecieron alejarse del lugar y destruir las viviendas levantadas a cambio de ser sobreseídos. Están siendo sometidos a juicio oral y público Gustavo Bernardi, Karen Neira, Bruno Muñoz, Paola Muñoz, Alejandro Tejada, Gumersindo Rodriguez, Fernando Mayo y Carlos Ojeda.

La voz de la familia

La primera en brindar su declaración fue la señora Mercedes Bilbao viuda de Galina, la administradora de la familia propietaria de esas tierras, actualmente ocupadas por más de un centenar y medio de construcciones, a pocos metros del mar en la desembocadura del Océano Atlántico y la margen sur del Río Chubut, ante del ingreso al complejo Playa Magagna.
Interrogada por la representante del Ministerio Público Fiscal, la fiscal general Griselda Encina, y por la querella, los abogados Jorge Rubeolo y Gonzalo Torrejón, la señora Bilbao dio cuenta del proceso de adquisición de esas tierras, los proyectos económicos vinculados a la actividad pesquera y turísticos por otro lado, quedaban truncos a raíz del proceso de usurpación de terrenos iniciado hace algunos años atrás. Destacó además las tareas y esfuerzos para ordenar impositivamente los compromisos con los estados municipal y provincial, hasta desembocar en las situaciones de violencia que le tocó vivir junto a uno de sus hermanos (Ramiro Bilbao, otro de los testigos que no pudo contar las situaciones vividas porque las demoras en el juicio lo obligaron a viajar a Buenos Aires). Prefirió no entran en detalles en los vivido por su hermano en una oportunidad en que se intentó el desalojo cuando éste sufrió daños en su vehículo y amenazas telefónicas.
Sin embargo, la mujer narró la situación amenazante que vivió cuando en el lugar uno de los usurpadores que se conducía en un vehículo Toyota Hilux le exhibió en actitud intimidatoria golpeándose su pierna un bate de béisbol que hizo que la mujer temiera por su integridad física.
Dijo también que algunas de las excusas esgrimidas por dos de los imputados (Bruno y Paola Muñoz) para ocupar ilegalmente el lugar, fue el de haber quedado fuera del programa “Tierra para todos” lanzado por la Municipalidad de Rawson.

Más testimonios

Posteriormente a su declaración, lo hicieron policías de las comisarías de Rawson y Playa Unión que trabajaron en los procedimientos de intentos frustrados de desalojo y se espera para este martes la declaración del agrimensor Ramón Alvarez, además de otros funcionarios municipales del área Obras Públicas y Planificación.
Previamente al ingreso de los testigos, la fiscal general Griselda Encina, dio cuenta de la investigación realizada destacando que estaba en condiciones tras el debate de probar la culpabilidad de los imputados. A la vez el defensor oficial Omar López dijo que el delito que se les endilga no podrá ser probado.

Robo de agua potable

Desde la acusación afirmaron que según la investigación, aproximadamente entre el 15 de enero y 18 de febrero de 2015, previo destruir los mojones que delimitaban el terreno y a sabiendas de su ajenidad y del significado de su conducta, “los imputados en forma clandestina ingresaron y despojaron de la posesión del inmueble identificado en el Registro de la Propiedad Inmueble como lote 4, sección B- III, Rawson, inscripto al Tomo 351, folio 154, finca 404 e individualizado catastralmente como Parcela 5, lote 2 A, de Playa La Galesa, del complejo Playa Magagna, invadiendo y manteniéndose en la posesión del lote descripto al instalarse con fines de ocupación permanente mediante el levantamiento de cercos perimetrales y construcción de viviendas”. Respecto de las ocupaciones, se trata de unas 140 construcciones. Contra los ocupantes del terreno existen además otras causas iniciadas por la Cooperativa de Servicios Públicos que detectó varios daños en un acueducto desde donde los usurpadores siguen extrayendo agua potable para la construcción de las viviendas y uso general.