Sindicatos estatales y trabajadores denunciaron este viernes que hubo 70 bajas en el Ministerio de Defensa y 10 en la cartera de Modernización. A su vez, hubo otros 35 en Fabricaciones Militares, donde ya suman más de 100 en las últimas horas
A pocos días de cerrar el 2017, el Gobierno avanza con su ajuste en la planta estatal. Se trata de una nueva ola de despidos, que desde la Casa Rosada ya había hecho trascender que era inminente.
En noviembre pasado, el presidente Mauricio Macri ya dejaba trascender su plan el «ajuste de la política», un fuerte gesto de austeridad para reducir el gasto público y el déficit fiscal.
Según se anunciaba, desde 2018 se pondrá en marcha un plan de reducción de cargos jerárquicos en la administración pública y de personal que no apruebe evaluaciones de desempeño y presentismo. Se estima que se sumará una reconversión de organismos descentralizados, como PAMI, Anses, Senasa, INTA, INTI y otros.
Poco antes del año nuevo, el Poder Ejecutivo comenzó a desplegar su política de achicamiento.
Sindicatos de estatales y trabajadores denunciaron este viernes que continuaban los despidos en el Estado nacional en las últimas horas: informaron que se concretaron unas 70 cesantías en la cartera de Defensa y unas 10 en el Ministerio de Modernización.
En Defensa, los trabajadores afectados denunciaron que se concretaron unas setenta cesantías en el Edificio Libertador, diez de ellas en la Dirección Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.
Se trata de un área que en los últimos años recabó información utilizada en juicios de lesa humanidad contra represores. A través de un comunicado, los trabajadores afectados -entre los que hay afiliados a los gremios ATE y UPCN- señalaron que «de esta manera, quedan desmanteladas las áreas de archivos y políticas de género», en la cartera que conduce Oscar Aguad.
“El área de archivos se encarga de aportar documentos de los archivos de las Fuerzas Armadas a las causas judiciales de lesa humanidad. El Equipo se encuentra conformado por investigadores/as, archivistas y digitalizadores que responden a los requerimientos del Ministerio Público Fiscal, la Justicia, organismos e instituciones del Poder Ejecutivo en el marco de causas por graves violaciones a los derechos humanos cometidos durante el terrorismo de Estado», afirmaron.