El juez federal de Rawson, Hugo Sastre, procesó a un total de 24 individuos, sindicados como presuntos integrantes de la banda dedicada al tráfico de estupefacientes, desbaratada según la Policía tras el megaperativo policial denominado “Tridente del Golfo” y llevado a cabo el pasado 30 de agosto, en distintos puntos de la ciudad.
De este modo, el magistrado imputó a los 24 sujetos la calificación de “comercio de estupefacientes”, agravado por haber vendido marihuana y cocaína, en algunos casos, en cercanías de establecimientos escolares.
Entre quienes fueron detenidos el día del operativo está Germán Benítez, el empresario de transporte y titular de la entonces concesionaria del servicio de colectivos de Puerto Madryn, Benítez Bellini; empresa que también fue allanada aquél 30 de agosto.
Al empresario, que se encontraba recluido en la Seccional Segunda y goza de libertad desde hace aproximadamente treinta días, le endilgan la figura de “financista” del narcotráfico, es decir, quien presuntamente proveía los fondos para las operaciones.

El arrepentido

Según el fallo de Sastre, la “banda” habría tenido actividad entre fines de enero de 2015 y el 25 de agosto del año que corre, es decir, hasta menos de una semana antes de que sus integrantes cayeran en manos de los uniformados, tras un total de 31 allanamientos que se dividieron entre las localidades de Puerto Madryn y Trelew, donde se secuestraron drogas comunes y sintéticas, elementos de corte, armas blancas y de fuego, y varias sumas de dinero no especificadas en su totalidad.
La causa surgió luego de que Alfredo “El Turquito” Heer Luque, involucrado en el resonante caso “Arenas Blancas”, decidiera colaborar con la Justicia Federal y denunciara a varios presuntos proveedores de droga.
Consecuentemente, tras los datos aportados por este último, la División Drogas Peligrosas y Leyes Especiales de Madryn inició, durante varios meses, una serie de tareas de vigilancia y escuchas, a la vez que revisó mensajes de textos de quienes hasta entonces eran sospechosos; todo ello, bajo supervisión del fiscal federal Gélvez.
Según se desprende de la causa, la banda operaba en dos grupos y un solo proveedor, Marino Isidro Coro, quien fue procesado pero está en libertad; este último fue sindicado como quien habría abastecido a Jonathan Bustamante y Elvio Rubilar, clientes que se encargaban de la redistribución de la droga.

Mecanismo transnacional y “ajuste”

Aparentemente, los tres habrían viajado en varias ocasiones a provincias del norte del país, además de países limítrofes como Bolivia y Chile, para comprar la droga; estos viajes fueron admitidos por Coro, pero éste negó que fueran para dicho fin.
Según el caso, dos de los sitios en los que Coro comercializó estupefacientes fueron las cercanías de la Iglesia “Salón del Reino de los Testigos de Jehová”, así como también la cancha de fútbol y sede auxiliar del Club “Alianza Fontana Oeste”; inclusive, según la deducción del juez Sastre, el hombre solía conducir el Volkswagen Gol Trend de Jonathan Bustamante para los viajes de compra de estupefacientes.
Además, el fallo del magistrado hace referencia al asesinato de Pedro Machado, ocurrido en el asentamiento Alta Tensión, al oeste de Puerto Madryn, el cual fue entendido inicialmente como un ajuste de cuentas o, peor aún, un “crimen narco”; Machado gozaba de arresto domiciliario, tras haber sido detenido por abigeato y sindicado de integrar una banda que perseguía tal fin.
De acuerdo a lo planteado en el documento, Machado debía buscar droga que pertenecía a Coro en un lugar próximo al control policial de Arroyo Verde; sin embargo, un inconveniente no especificado hizo que no pudiera traerla a la ciudad del Golfo, escapando y dejando el bolso con los estupefacientes a la deriva, el cual fue luego hallado por personal de Gendarmería; luego de ello, Coro habría amenazado a Machado con que enviaría a una persona para cobrarse dicha deuda, algo que conectaría con el episodio en el que un supuesto “sicario” disparó a quemarropa al individuo cuando este se encontraba en el interior de su vivienda.

“Con el abogado lo contamos”

El otro sujeto que comercializaba, Elvio Rubilar, propietario de un “Taxi Flet” y vendedor de pescado, aparentemente había comprado la droga para repartirla entre punteros, en el marco de un complejo circuito que se extendió por varias zonas de la ciudad.
Esto último habría ocurrido en cercanías a un parque recreativo, a la cancha de fútbol “El Potero”, otra cancha ubicada en un predio descampado y el Club Deportivo y Cultural “Alumni”.
Según se desprende de las escuchas, en una de las llamadas, Rubilar manifestó: “Estuve toda la tarde contando plata porque compré como seis kilos de coso, viste; y había comprado cincuenta kilos más, con el abogado lo contamos tranquilo, ¿entendés? La última que hago en el año y ya está, terminé, cuelgo los guantes; si tuviera que ir preso por falopa voy a tener que ir”.

El médico tucumano que abandonó Madryn

En otra conversación, un hombre que respondía al nombre de “Hugo”, cuya identidad no ha trascendido, le explicaba al vendedor cómo “burlar” posibles controles policiales para pasar los estupefacientes de manera desapercibida: “¿Querés que denuncie que vendes falopa en la casa, con la hija al lado, papá”.
Para el juez, el sujeto no solamente comercializaba, sino que también poseía droga en su propio domicilio.
El análisis de la Justicia advierte que la droga venía de un proveedor de la provincia de Tucumán, dato que coincide con un individuo con acento norteño que llamó en reiteradas ocasiones a Bustamante.
Por otra parte, el albañil Pablo René “Cachete” Guizzardi quedó en libertad y, según el juez, vendía estupefacientes “al menudeo” en Puerto Madryn, bajo la modalidad de “pasamanos”; citando a los consumidores en lugares públicos y por un breve lapso de tiempo, a bordo de un Chevrolet Astra y en los alrededores del Jardín de Infantes 434, la Escuela 213 y un playón de fútbol.
El mecanismo se dividía en “delivery” o bien “servicio doméstico”, donde los clientes directamente acudían a la casa del vendedor; incluso en una de las ocasiones, en un llamado telefónico, Guizzardi había acordado el intercambio con un cliente en el Hospital.

“Delivery” y “pasamanos”

Por otra parte, también quedó en libertad Juan Patricio “Pato” Cosentino, empleado de la Prefectura Naval Argentina (PNA) con asiento en Madryn, quien también habría vendido al menudeo, comprando la droga a Rubilar y distribuyéndola entre diversos punteros.
La cadena de distribución culminaba con “pasamanos” en la vía pública, en cercanías de un gimnasio y de la Escuela 750.
Durante el allanamiento a la vivienda del sujeto, los efectivos secuestraron dos bolsas con indumentaria policial, al tiempo que habría tenido conversaciones con presuntos proveedores, quienes le habían exigido que “pagara” la mercadería.
Otro de los liberados es Rafael Alexis Baeza, lavador y cajonero de la pesquera Conarpesa, quien, según el juez de la causa, habría comercializado droga “al menudeo” en ambas modalidades, delivery y ‘pasamanos’, habiendo sido detectado por la Policía cerca de las instalaciones de los clubes J.J. Moreno y Brown, Policía lo detectó cerca de los clubes Social y Atlético Guillermo Brown y J.J. Moreno.

Procesados, pero en libertad

Uno de los implicados y que permanece en prisión es Emmanuel “Emma” Navarro, presuntamente vendedor “al menudeo” y desde su casa, que a su vez proveía a Cosentino; este individuo, según la causa, se había puesto en pareja con una mesera y vendedora ambulante identificada como Jorgelina Daniela Cárdenas y otro sujeto llamado Rubén Ángel Ramón Esquivel.
El documento precisa que “son elocuentes las imágenes registradas, donde se ve cómo distintas personas llegan al domicilio de Cárdenas, se comunican con ella telefónicamente y, luego, la imputada sale de su domicilio o los hace ingresar por escasos minutos, para venderles”. Sin embargo, la mujer quedó en libertad, al igual que Esquivel, que también quedó libre, aunque procesado por la venta al menudeo, realizada en cercanías de la plaza “Piuke Mapu”, al tiempo que los operativos detectaron que varias personas concurrían a su vivienda y permanecían allí por pocos minutos.
Las charlas entre Esquivel y Rubilar eran “elocuentes” y, “si bien hablan en código, se refieren al comercio de estupefacientes”, detalla el documento de la causa, que cita ejemplos como que le pregunta por “algo de lo mío”, al tiempo que hubo advertencias de “cuidarse al hablar” porque el teléfono estaba intervenido: “Estas conversaciones confirman que las conversaciones de Esquivel con Rubilar son en busca de estupefacientes”, agrega el texto.

La droga, cerca de los chicos

Otro de los presuntos integrantes de “Tridente del Golfo” imputado por Sastre por venta al menudeo y con “pasamanos” es el empleado de comercio José Saúl Correa, quien permanece en libertad; la investigación advirtió que habría buscado consumidores cerca de la Escuela 22 y de una plaza y zona de juegos infantiles.
Una secuencia de fotos en casa de Correa muestra a Elvio Rubilar dejar una caja; seguidamente, personas en busca de marihuana acuden a la escena, y se verifican “ademanes” compatibles con el armado de cigarrillos o “porros”.
Otros dos sujetos que fueron puestos en libertad son Rodolfo Marcelo “Motita” y Héctor Ricardo “Cuervo” Idiarte, aunque procesados por venta “al menudeo”, desde sus casas y en la calle, precisamente, cerca de un playón de básquet y fútbol, una plaza de recreación infantil, la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, el Club Social y Deportivo 630, canchas de fútbol, una plaza de juegos y recreación infantil y la Escuela de la Costa.

Venta en una carnicería

El arrepentido Heer Luque reveló, durante su confesión, que cerca de la avenida Juan Muzzio y Castro funcionaba la carnicería “Motita”, propiedad de ambos; en ese lugar, se observaron movimientos compatibles con el comercio, donde iban personas que dialogaban con los Idiarte por escasos minutos y compraban estupefacientes.
Al hacerse públicos los dichos del “arrepentido”, el local cerró sus puertas y se mudó a la zona del Polígono, donde funcionaría la chanchería, en el área de la Reserva Agroforestal Norte; en la causa hay imágenes de las reuniones de los Idiarte con Elvio Rubilar, así como también grabaciones de otros imputados que van a buscar estupefacientes “a lo del ‘Cuervo’”.

Una empresa privada, punto de venta

Por otro lado, Jonathan Bustamante, que permanece en prisión preventiva, estaba aparentemente financiado por Germán Benítez, y la venta de drogas perpetrada por él habría tenido lugar cerca de una plaza y de la Escuela 222; a su vez, la empresa familiar “Máximo servicios”, ubicada en el Parque Industrial Liviano y aparentemente de su propiedad, también habría sido uno de los sitios de comercialización.
En una de las escuchas, Bustamante le solicitaba a Javier Roberto Compagnucci que le reclamara a Marcos “Pantera” López la rendición del dinero de la venta, indicándole también adonde debía ir y a quién debía ver para conseguir droga.
“Si bien las comunicaciones son en código, al referirse a prendas de vestir, una prueba de que no hablan de ellas es cuando expresan que tuvieron que ‘achurar la zapatilla y la calza’ para que se la prueben”, indica el fallo.
Compagnucci quedó en prisión, mientras que Luciano Sebastián Vega y Marcos López, chofer y empleado de seguridad particular, respectivamente, quedaron libres e imputados de vender “al menudeo” la droga comprada a Bustamante.
Surge de las escuchas telefónicas y textos del trío, el mecanismo por el cual conseguían droga y pautaban su posterior venta; en una de las conversaciones, Compagnucci le dijo a un comprador: “Eso para usar en el pizarrón, no tengo más lo otro”, mientras que en otros diálogos este habría advertido que utilizaba dinero de la Empresa Benítez para comprar estupefacientes y guardarlos en su espacio de trabajo.

Por mensaje de texto

Entre el resto de los procesados están Luciano Rodrigo Monroy Machado, trabajador de la pesca, actualmente en libertad; Javier Santiago Ananías Stigliano Benvenuto, albañil, quien quedó en prisión preventiva.
Laura González, quien habría adquirido estupefacientes para luego venderlos a Gastón Cramis, goza de prisión domiciliaria; la Policía allanó una tienda que aparentemente era de su propiedad, “Que sea Rock”, donde se incautó una balanza digital.
Según la causa, a la mujer le pedían droga por mensaje de texto, la cual era entregada bajo la modalidad de “delivery”.
Norma Alicia Vilches, cuidadora de abuelos y José Gustavo David González, trabajador de la construcción, madre e hijo, habrían vendido droga desde su casa, cerca de una Escuela Mutualista, de la Iglesia “Invasión de Dios” y de la Escuela Municipal de Pesca “Juan Demonte”.
En la misma línea, Nicolás Jesús Potrana quedó procesado, aunque en libertad; habría distribuido la droga a punteros, vendido por delivery y al menudeo cerca de la cancha “El Potrero”.

Benítez, en libertad

El empresario de transporte Germán Aldo Oscar Benítez fue procesado, aunque no irá a prisión; para el juez Sastre, habría sido el “financista” de Jonathan Bustamante para la compra de estupefacientes de varios proveedores, la cual a su vez sería repartida a los vendedores utilizando empresas de fachada; una de ellas, “Máximos Servicios”, donde Benítez habría dado directivas a Bustamante sobre el comercio de droga.
En este contexto, el magistrado detectó un vínculo entre el empresario con los punteros que respondían a Bustamante, entre ellos, Vega y Campagnnucci, ya que algunos habían trabajado en sus empresas.
Según su procesamiento, vendía combustible de la firma de transporte “Benítez Bellini” subsidiada por el Nación y Provincia, lo cual era el pie para que se relacionara con Compagnucci, Vega y “Pantera” López, empleados de la empresa, y con Bustamante, quien, en su rol de testaferro, habría colaborado en blanquear dichas ganancias.
Una de las escuchas arrojó una clara advertencia de Benítez hacia Bustamante: “Laburás con todos los delincuentes esos, con qué te juntás”, diálogo que confirmaría que Benítez sabe que Bustamante comandaba un grupo integrado por Compagnucci, Vega y López dedicados al comercio de droga: “Sin embargo, a pesar de saber de la actividad ilícita de los nombrados, continuó desarrollando maniobras financiera a fin de blanquear las ganancias obtenidas por la venta del combustible subsidiado, siendo su persona de confianza, Bustamante”, valoró el juez.

Funcionarios procesados

Walter Edgardo Carrizo, funcionario de Prefectura, quedó libre, aunque procesado; según el juez federal Sastre, habría informado los horarios de control que realizaría dicha fuerza en Puerto Madryn.
Gastón Ezequiel Cramis, era policía de la División Operaciones en Madryn y que fue escoltado, esposado, por sus propios colegas de trabajo, habría vendido al menudeo droga cerca de la Escuela de Boxeo “Osvaldo Romero”, del Club Alianza Fontana Oeste y de una cancha de fútbol, aunque manifestó ser sólo un consumidor.
Una escucha telefónica dio cuenta de que, siendo policía y contando con información privilegiada, “advirtió a su proveedor José González que allanarían su vivienda”.