Los casos de represión policial y violencia institucional están bajo la lupa de las organizaciones de Derechos Humanos, y autoridades políticas que buscan reducir los índices a partir de un seguimiento más a exhaustivo de las denuncias. En Chubut recientemente se propiciaron cambios en el área de Asuntos Internos de la Policía a fin de dinamizar la tarea, que entre otros aspectos investiga internamente los hechos que se denuncian sobre presuntos excesos del personal.
En Chubut se han realizado intensas gestiones desde hace varios años para consolidar la figura de un observatorio de Derechos Humanos, que pone especial énfasis en la violencia institucional, habida cuenta de los gravísimos hechos registrados en el pasado reciente.
Mucho más acá en el tiempo, y partir de los acontecimientos que circundaron la muerte de Santiago Maldonado, y las denuncias de represión en la zona cordillerana, ingresó a la Legislatura provincial un proyecto de Resolución para crear, en el ámbito del Poder Legislativo, el “Observatorio Regional Sobre Derechos de los Pueblos Originarios de la Provincia del Chubut, constituido como un órgano consultivo”, que estará integrado por los legisladores Nacionales, Provinciales y Concejales de las localidades de Lago Puelo, El Maitén, El Hoyo, Epuyén, Cholila, Trevelin y Corcovado. El Observatorio en la Legislatura del Chubut estará integrado por la Comisión Permanente de Derechos Humanos y Género.
La iniciativa legislativa del bloque PJ-FpV, crea un Centro de documentación para que constituya un archivo virtual con todas las leyes nacionales, provinciales sobre derechos de los pueblos originarios en la región, y las sentencias de los tribunales nacionales que se vinculen con la temática que los afecten, organizadas y sistematizadas de acuerdo a criterios que faciliten la búsqueda y que a su vez permitan un abordaje comparativo.

Seguimiento de casos

En la provincia de Buenos Aires, se ha presentado una iniciativa que busca crear una Comisión Bicameral para el seguimiento de casos de represión y violencia institucional. La iniciativa ingresó a fin de año y espera tratamiento en las comisiones Peticiones, Poderes y Reglamento, Seguridad Interior, y Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja.
Se espera que el proyecto de ley pueda ser incluido en temario al retomarse la actividad en el próximo período legislativo, a partir del 1 de marzo.
Entre sus fundamentos, la iniciativa advierte sobre “la preocupante situación que atraviesan los ciudadanos, respecto de la escalada de actos de violencia que el Poder Ejecutivo nacional está llevando adelante desde la asunción del presidente Mauricio Macri”.
En ese sentido, la Comisión Bicameral se crearía en el ámbito de la Cámara de Diputados, el seguimientos de casos de represión y violencia institucional, cuyo objeto es identificar e investigar casos o prácticas violentas y/o represivas, violatorias de los derechos humanos cometidos o desarrollados en todo el territorio argentino por parte de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, así como de funcionarios pertenecientes a servicios penitenciarios y efectores de salud en contextos de restricción de autonomía y/o libertad (detención, encierro, custodia, guarda, internación, etc.).

Comisión Bicameral

La Comisión Bicameral que se propone en el proyecto bonaerense, tendría la facultad de conformar y gestionar un banco de datos sobre casos de represión y violencia institucional cometidos en cualquier jurisdicción de todo el territorio nacional.
Solicitar al Poder Ejecutivo nacional, Poder Judicial y/o Ministerio Público Fiscal de la nación, cualquier información que considere relevante sobre casos específicos de represión y violencia institucional, como así también estudios, diagnósticos o datos estadísticos de interés relativo a la temática.
De acuerdo a la gravedad de las circunstancias y con el fin de ampliar la investigación, la Comisión puede citar a víctimas y/o testigos de hechos analizados, a los que se les asegurará la confidencialidad de lo que allí expusieran.
Desarrollar y/o proponer acciones institucionales, académicas y/o sociales orientadas a prevenir, evitar, conjurar, resolver, denunciar y/o reparar cualquier acto o práctica de represión y violencia institucional.
Visitar, sin aviso previo, cualquier lugar del territorio nacional, en donde se haya denunciado la comisión de algún acto de represión y/o violencia institucional.
Formular propuestas legislativas relativas a la represión y violencia institucional, así como a la defensa de los derechos de las personas privadas de libertad, la prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
Intervenir en el tratamiento de todos los proyectos de ley relativos a la represión y violencia institucional.
Establecer acuerdos con instituciones públicas, organizaciones de derechos humanos y sociales, a los efectos de la detección de casos de represión y violencia institucional, y para desarrollar acciones de formación y/o capacitación relativas a la temática.